FMI alerta que alta inseguridad y minería ilegal amenazan perspectivas de crecimiento de Perú
El FMI estimó que la economía peruana crecerá 2.8% el 2026, con un mercado laboral sólido y la mejora de los ingresos impulsen el consumo privado.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó que los altos niveles de inseguridad y el avance de la minería ilegal podrían frenar las perspectivas de crecimiento económico del Perú en el mediano plazo, pese a la solidez macroeconómica que mantiene el país.
Así lo señala la declaración final de la misión técnica del organismo, liderada por Sònia Muñoz, tras la consulta del Artículo IV 2026 realizada entre el 10 y 25 de marzo en Lima y Cusco.
El FMI destacó que la economía peruana mantuvo un desempeño positivo en 2025, con un crecimiento de 3.4%, impulsado por los altos precios de los metales, la recuperación del consumo privado y un fuerte repunte de la inversión privada, que creció 10%, su mayor ritmo desde 2013 (sin contar el rebote pospandemia).
Para 2026, el organismo proyecta una moderación del crecimiento a 2.8%, en un contexto internacional más desafiante. Aun así, el país seguiría respaldado por factores como el dinamismo del empleo, la mejora de los ingresos reales y condiciones externas relativamente favorables.
Además, resaltó que el Perú mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos, como baja deuda pública (alrededor de 32% del PBI), reservas internacionales elevadas y acceso a mercados financieros en condiciones favorables.
Inseguridad y minería ilegal: amenazas estructurales
Pese a este panorama, el FMI advirtió que el balance de riesgos se inclina a la baja, especialmente por factores internos.
Entre ellos, remarcó que los niveles persistentemente altos de inseguridad y la expansión de la minería ilegal representan amenazas clave para el crecimiento a mediano plazo.
Según el organismo, el auge de la minería ilegal —impulsado por los altos precios del oro y el cobre— no solo desalienta la inversión formal, sino que también debilita las instituciones, afecta el mercado laboral y está vinculado al crimen organizado.
“La ambigüedad normativa en el proceso de formalización está permitiendo que los operadores ilegales se expandan con impunidad”, advierte el documento.
Asimismo, advierte que la minería ilegal plantea riesgos para el crecimiento económico al desalentar la inversión formal y debilitar las instituciones, con amplias repercusiones socioeconómicas, incluso en los mercados laborales formales y la seguridad
Por ello considera que deben evitarse las medidas que debiliten los derechos de propiedad de las concesiones mineras. Además, afirma que el fortalecimiento de las instituciones anticorrupción y de la capacidad del Estado en materia de seguridad, fiscalización y supervisión financiera debería contar con el respaldo de la cooperación interinstitucional, regional e internacional.
Pese a los riesgos, el FMI reconoce que el Perú cuenta con importantes “colchones” para enfrentar choques adversos. Sin embargo, deja claro que sin avances en seguridad y control de la minería ilegal, el potencial de crecimiento podría verse seriamente limitado en los próximos años
Urge respuesta coordinada del Estado
El FMI consideró positiva la reciente ampliación de la definición de minería ilegal como delito, pero subrayó que aún se requieren medidas más contundentes.
Entre las principales recomendaciones figuran:
- Cerrar vacíos legales en el proceso de formalización minera
- Fortalecer la lucha contra la corrupción
- Reforzar la capacidad del Estado en seguridad y fiscalización
- Impulsar cooperación interinstitucional e internacional
Asimismo, enfatizó la necesidad de promover oportunidades económicas en las zonas afectadas, para reducir los incentivos que empujan a la población hacia estas actividades ilícitas.
Presiones fiscales y necesidad de ajustes
En el frente fiscal, el FMI advirtió que, aunque el déficit se redujo a 2.2% del PBI en 2025, aún se mantiene elevado en términos estructurales.
Con las políticas actuales, el organismo estima que será necesario un ajuste de alrededor de 0.9% del PBI hacia 2028 para cumplir las metas fiscales.
En ese sentido, recomendó:
- Racionalizar el gasto público
- Evitar leyes de gasto sin financiamiento
- Mejorar la eficiencia de la inversión pública
- Continuar las reformas en Petroperú para asegurar su viabilidad financiera
Riesgos políticos y externos
El informe también menciona otros riesgos en el corto plazo, como la incertidumbre política, la conflictividad social y posibles eventos climáticos extremos como un Niño Costero más intenso.
En el frente externo, advierte sobre el impacto de un eventual conflicto prolongado en Oriente Medio, así como tensiones geopolíticas, proteccionismo y volatilidad en los precios de materias primas.
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