El presidente Gustavo Petro llegó al poder con la bandera ambientalista y sus primeras decisiones honraron dicha causa. Con Susana Muhamad, a la cabeza del Ministerio de Ambiente, el gobierno puso en marcha, a finales de 2023, el Fondo para la Vida, una bolsa de recursos para el sector ambiental que al año siguiente recaudó casi el mismo presupuesto que el MinAmbiente. 

Pero en el ocaso de su período, su presupuesto se redujo un 75% en 2025, respecto al año anterior, por cuenta de la crisis fiscal del gobierno. Su mecanismo de gobernanza tampoco ha logrado generar confianza entre cooperantes internacionales, que aún mantienen sus fondos por fuera. Las corporaciones autónomas regionales, por su parte, que se encargan de la gestión ambiental local, no se sienten suficientemente incluidas. 

La mayoría de expertos coinciden en las buenas intenciones del Fondo, pero recomiendan reestructurarlo para que sea más efectivo y pueda atraer más recursos en los próximos gobiernos.

La desfinanciación del Fondo por cuenta de la crisis fiscal 

El fondo se creó en el gobierno Duque, pero se reestructuró, cambió de nombre y comenzó a ejecutarse en el actual. Por un lado, buscaba unificar la plata del sector ambiental en el país, tanto la del gobierno como la de la cooperación, para ordenar las inversiones y mejorar los resultados. Por otro, quería volver más efectivo el gasto ambiental, agilizando los procesos de contratación —bajo un régimen privado— y superando la anualidad propia del sector público, con el fin de hacer apuestas de mediano y largo plazo.

Las principales fuentes previstas para el fondo eran los recursos del Presupuesto General de la Nación y el 80% del impuesto al carbono, que se recauda por la compra, importación o uso (en el caso de los mismos productores) de petróleo, gas o carbón. Así como aportes de entidades públicas y recursos de cooperación internacional. 

Sin embargo, las cuentas alegres del gobierno, que le apuntaban a cerca de $4 billones en el cuatrienio (2023-2026) —lo que implicaba casi doblar cada año el presupuesto del MinAmbiente— se redujeron en un 57% por cuenta de una realidad agreste: la crisis fiscal.

Los altos niveles de deuda pública, la sobrestimación del recaudo y los elevados gastos de funcionamiento del Estado hicieron que los recursos que debían destinarse del presupuesto nacional al Fondo para la Vida, más o menos la mitad de sus ingresos, se redujeran casi a cero. Por otro lado, llevó al Ministerio de Hacienda a esculcar todos los fondos públicos y en el caso del Fondo para la Vida, a cambiar su recién ganada naturaleza plurianual.

En 2023, el primer año de su implementación, el Fondo contó con $500 mil millones de los cuales $330 mil venían del Presupuesto General de la Nación y $175 mil del impuesto al carbono. En 2024, la bolsa creció a casi un billón de pesos: $487 mil millones del impuesto al carbono y $381 mil millones del presupuesto, entre otras fuentes. El declive llegó en 2025, cuando se cortó el chorro del Presupuesto General, lo que implicó una reducción de 53% respecto a 2023 y 75% respecto a 2024, con solo 238.000 millones de pesos en sus ingresos, casi todos por cuenta del impuesto al carbono. 

Otro factor que jugó en contra fue la reducción en el recaudo del impuesto al carbono. De $423 mil millones en 2022 creció a $575 mil millones en 2023. Después bajó a $551 mil millones en 2024 y el año pasado fueron $345 mil millones, un 37% menos. 

“El primer año se generó la expectativa porque hubo un incremento sustancial en el sector ambiental y el Fondo se vio beneficiado, hubo un momento feliz. Pero, después de eso llegó la dificultad fiscal”, dijo la ministra Irene Vélez en entrevista con La Silla Vacía el mes pasado. 

En total, el fondo contó con alrededor de 1,73 billones de pesos entre 2023 y 2025. Pero, según el informe publicado en diciembre por Fiducoldex, la fiduciaria que administra el fondo, de ese monto solo se ejecutaron 448 mil millones, más o menos una cuarta parte. Esto debido a los problemas de caja y también a un equipo pequeño, de más o menos 20 personas para administrar esos recursos, según explicó a La Silla, Aníbal Pérez, el primer director del Fondo, quien salió del cargo a finales del año pasado.

En términos de los valores asignados, la mayoría, 940 mil, se destinaron a programas en la Amazonía. Casi medio billón de pesos solo a Conservar Paga, una de las estrategias que hacen parte de la política de núcleos de desarrollo forestal que tiene el gobierno para frenar la deforestación en la región. Consiste en dar un incentivo temporal mensual de 900 mil pesos (al comienzo del gobierno era de 300 mil) a las familias ubicadas en núcleos activos de deforestación, para que conserven parte de sus fincas. Pero solo $60 mil millones, del medio billón, ya fueron girados, lo que significa un desfase gigante en la ejecución.

Actualmente, hay alrededor de 6.700 familias en el programa Conservar Paga, mientras que la meta del gobierno para el final de su administración eran 16 mil. 

En línea con lo anterior y como consecuencia de la crisis fiscal, el Ministerio de Hacienda aumentó los controles a la plata que manejan los fondos estatales. En el caso del Fondo para la Vida eso implicó quitarle uno de los cambios positivos que le había imprimido el mismo gobierno cuando lo reestructuró: la posibilidad de comprometer recursos de forma plurianual. Esta figura, conocida como Valor Líquido Cero, permitía trasladar el dinero asignado a un proyecto a una reserva presupuestal si este no se alcanzaba a ejecutar durante la respectiva vigencia fiscal. 

El Ministerio de Hacienda le echó mano a los recursos que se encontraban en reservas, por lo que el Fondo se vio obligado a pagar sus responsabilidades solamente con los recursos asignados para el mismo año. Eso implicó que, en lugar de asignar plata a nuevos proyectos, que ya no tenían el respaldo de las reservas, esta se fuera a pagar contratos vigentes.

“Hay que reconocer unos problemas de caja. En algunos momentos no se contó con la caja, o sea, no hubo plata. Hacienda no aprobó o no giró los recursos para responder por pagos”, dice Aníbal Pérez, exdirector del Fondo.  “Eso se normalizó en junio del año pasado y Hacienda terminó el año girando toda la caja que respalda los proyectos que se contrataron en 2024”, agrega. 

Durante el año pasado, La Silla Vacía reportó algunos retrasos en los pagos de los incentivos asociados a Conservar Paga y a contratistas de programas relacionados. De acuerdo con un líder comunitario que coordina los acuerdos con campesinos de su municipio, en Guaviare, este año el gobierno ha cumplido, más allá de algunas demoras relacionadas con el monitoreo que se realiza a sus predios. Le preguntamos al Ministerio cómo estaba el cumplimiento en otros casos, pero no obtuvimos respuesta al cierre de la nota. 

El exceso de protagonismo del Ministerio de Ambiente espanta la cooperación

La principal crítica que le hacen expertos y exfuncionarios consultados al Fondo para la Vida es que el exceso de protagonismo del Ministerio de Ambiente y del gobierno nacional. 

Su Consejo Directivo tiene siete miembros: la ministra de Ambiente, sus dos viceministros, otro ministro designado por el presidente, el director de Parques Nacionales, un representante de las entidades científicas y un representante de las corporaciones autónomas, pero elegido por la ministra de Ambiente. 

“Es una gobernanza muy compleja porque deja la mayoría de decisiones en cabeza del Ministerio de Ambiente. La operación está muy pegada al Ministerio y todo el consejo directivo del fondo es del sector público”; dice Aníbal Pérez, el exdirector del Fondo. “El director ejecutivo y su equipo no podían hacer nada sin que todo se tramitara a través del Ministerio”, agrega.

Para Pérez, esa dependencia le quita capacidad y velocidad para ejecutar sus programas. “Si tú armas un avión, pero lo amarras a la torre de control, no va a arrancar nunca. Los tiempos administrativos del ministerio no pueden ser los tiempos administrativos de un fondo”, agrega. 

La exministra Lena Estrada, quien presidió el Fondo, también cree que hay problemas en su estructura de gobernanza aunque difiere en el diagnóstico pues cree que la fiducia no es necesaria: “El Fondo debería ser adscrito al ministerio en su totalidad, pero con una estructura que sea más independiente y que no dependa exclusivamente del ministro o de sus delegados”.

El esquema con el que se gobierna el fondo podría estar llevando al escepticismo de la cooperación internacional para depositar ahí sus recursos. El año pasado, según estimaciones del exdirector, alrededor de 1 de cada 10 pesos del Fondo correspondió a cooperación internacional, pero lo previsto es que fuera entre 3 y 5 pesos de los 10. “Si quieres recibir recursos internacionales, necesitas mandar un mensaje de equilibrio entre lo público, las organizaciones no gubernamentales y los posibles financiadores”, dijo Pérez.

Asegura que en su dirección se estaba avanzando en un decreto para modificar ese esquema y buscar recursos del Banco Mundial. Le preguntamos al Ministerio si tenían previstos cambios en esa materia, pero no obtuvimos respuesta antes de la publicación.

Otros que no están muy conformes con el funcionamiento del Fondo para la Vida son las corporaciones autónomas ambientales. El gobierno les ha quitado juego e incluso el presidente las ha tildado de “corruptas” y “arrodilladas”.

Las corporaciones dejaron de percibir los recursos del impuesto al carbono, al que antes accedían a través del Fondo Nacional Ambiental. Ahora, deben presentar proyectos al Fondo para la Vida para acceder a ese dinero, pero algunos de sus representantes consideran que no han sido tenidos en cuenta. 

“El presidente Petro acabó las corporaciones sin hacer referendo. Las desfinanció creando el Fondo para la Vida. Concentró el poquito recurso que venía por impuesto al carbono y las envió a fortalecer una caja negra”, dice Óscar Vargas, director de la CDA, la autoridad ambiental en el norte de la región amazónica. Dice “caja negra” porque al Fondo no le aplica la Ley 80 que deben cumplir las entidades para contratar. 

Los que sí se han fortalecido con el Fondo para la Vida son los Institutos Científicos, principalmente el Humboldt y el Sinchi. Actualmente, las asignaciones que tiene el Humboldt vía presupuesto nacional representan menos del 20% de los recursos que necesita para operar, mientras que el Fondo representó en 2025 casi la mitad de los recursos de la entidad. 

“A nosotros nos ha ido bien con el Fondo. Pudimos construir una visión estratégica de forma conjunta. Pudimos posicionar programas y proyectos de intervención programática de interés para ambos, negociar su alcance, su costo y obtener recursos”, dice Hernando García, director del Instituto Humboldt. 

Actualmente, el Instituto participa en el proyecto de Corredor de Vida del Cesar, que apunta a la restauración ecológica de esa región. También realiza una intervención en el resguardo Yaguara, entre la Macarena y Chiribiquete, con el objetivo de promover economías forestales. 

El Sinchi, por su parte, es el principal operador del Fondo, con alrededor de $300 mil millones asignados para actividades que incluyen el monitoreo de los núcleos de deforestación, labores de restauración ecológica y servicios de extensión forestal. 

Ahora bien, la foto completa, más allá del Fondo para la Vida, muestra que este gobierno aumentó considerablemente su inversión en el sector ambiente.

En el gobierno de Santos (2012-2018), la inversión no llegó a los 2 billones de pesos; con Duque (2018-2022) fueron cerca de 2,8 billones, mientras que en el gobierno actual el monto se acerca a los 3,6 billones, aún sin tener en cuenta el 2026.