Argentina aprueba reforma a ley de glaciares y habilita minería en zonas periglaciales
El Congreso dio luz verde a cambios que transfieren a las provincias la definición de áreas protegidas, abriendo espacio a nuevos proyectos mineros en un contexto de fuerte expansión del sector.
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó y convirtió en ley la reforma a la Ley de Glaciares, una modificación impulsada por el Gobierno de Javier Milei que habilita actividades mineras en zonas periglaciales bajo definición provincial, en una decisión que reconfigura el marco regulatorio del sector.
Reforma cambia eje regulatorio hacia las provincias
El punto central de la modificación es institucional. La ley transfiere a las provincias la potestad de definir qué zonas periglaciales pueden ser intervenidas, reemplazando un criterio más restrictivo establecido en la normativa original de 2010. El cambio introduce flexibilidad. La evaluación caso a caso abre espacio para habilitar proyectos mineros en áreas cercanas a glaciares, dependiendo de su relevancia hídrica.
El impacto sectorial es directo. La reforma permite avanzar con proyectos en áreas que antes quedaban fuera del desarrollo minero, especialmente en regiones con potencial en litio, cobre y oro. Esto ocurre en un contexto de expansión. El número de proyectos mineros en Argentina ha crecido de 160 a 325 en los últimos tres años, reflejando un fuerte dinamismo del sector.
Debate se centra en riesgo hídrico y criterios dispares
El principal cuestionamiento apunta a la fragmentación regulatoria. La nueva norma podría generar distintos estándares ambientales entre provincias, incentivando competencia por atraer inversiones mediante criterios más flexibles. Desde la oposición, se advierte un riesgo estructural. Las zonas glaciales y periglaciales, aunque representan solo 0,4% del territorio, son reservas estratégicas de agua, lo que eleva la sensibilidad del cambio normativo.
El sector minero respalda el ajuste. Empresas sostienen que no todas las áreas periglaciales cumplen funciones hídricas relevantes, por lo que una evaluación técnica permitiría compatibilizar protección ambiental y desarrollo productivo. Este enfoque cambia el paradigma. Se pasa de una prohibición amplia a un esquema de evaluación diferenciada, alineado con criterios de uso eficiente del territorio.
Señal proinversión en contexto de presión económica
La reforma tiene una lectura macroeconómica. El Gobierno busca acelerar inversiones mineras como motor de crecimiento y generación de divisas, en un contexto de restricciones fiscales y necesidad de ingreso de capital. En esa línea, la flexibilización regulatoria aparece como herramienta para destrabar proyectos, especialmente en minerales críticos para la transición energética.
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