La expansión de la minería ilegal en Perú estaría afectando áreas protegidas, operaciones formales y proyectos de inversión por más de US$ 12 mil millones, según advirtió el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).

La minería ilegal continúa avanzando en Perú y ocupando espacios donde anteriormente se rechazó el desarrollo de proyectos formales, evidenciando debilidades estructurales en la toma de decisiones públicas y en la capacidad de fiscalización del Estado. Así lo señaló Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), durante su exposición en el reciente Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

El ejecutivo advirtió que, en diversos territorios donde se instaló el debate entre protección ambiental y desarrollo extractivo bajo la consigna “agua sí, minería no”, hoy se observa la presencia de operaciones ilegales que generan impactos ambientales y sociales sin ningún tipo de control regulatorio.

“En zonas donde se planteó la dicotomía de ‘agua sí, minería no’, hoy no hay preservación, sino minería ilegal”, afirmó Gallardo.

Minería ilegal gana terreno en zonas restringidas

Durante su presentación, el representante del IPE explicó que la expansión de la minería ilegal constituye uno de los principales riesgos para el desarrollo sostenible del sector extractivo, debido a su presencia en áreas donde la actividad minera está expresamente prohibida.

Según detalló, la actividad ilícita se ubica en áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento, reservas indígenas e incluso zonas arqueológicas, territorios donde no debería existir ningún tipo de explotación minera.

Gallardo enfatizó que la ubicación de estas operaciones ilegales es conocida y se encuentra registrada en bases de datos oficiales como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo que evidenciaría una brecha entre la información disponible y la capacidad de fiscalización efectiva.

“Hay un montón de puntitos en Tambopata. Esas son las coordenadas que reporta el propio Reinfo. Es como si el delincuente te dijera ‘yo vivo aquí’ y no lo fueras a buscar. No estamos hablando de minería en proceso de formalización, sino de actividades que no deberían realizarse”, sostuvo.

Impacto en operaciones formales y proyectos de inversión minera

El gerente general del IPE también alertó que la minería ilegal no solo afecta zonas protegidas, sino que también genera presión directa sobre operaciones formales y proyectos en etapa de desarrollo, provocando retrasos, mayores costos y riesgos operacionales.

Entre los casos mencionados, destacó la presencia de actividades ilegales en zonas cercanas a operaciones formales como Poderosa y Horizonte en Pataz, así como conflictos que afectan el avance de proyectos como Los Chancas, Jaquira y Michiquillay.

De acuerdo con el análisis presentado, las interferencias asociadas a la minería ilegal impactan proyectos de inversión minera valorizados en aproximadamente US$ 12 mil millones, incluyendo iniciativas de gran escala como Conga.

“Les queman los campamentos y retrasan su avance durante años, con altos costos”, afirmó Gallardo.

Desafíos para la gobernanza y el desarrollo del sector minero

El avance de la minería ilegal plantea desafíos relevantes en materia de gobernanza, regulación y competitividad del sector minero, especialmente en países con alto potencial geológico y carteras de inversión relevantes para la transición energética global.

Especialistas coinciden en que el fortalecimiento institucional, la mejora en los procesos de fiscalización y la articulación entre el sector público y privado serán claves para abordar esta problemática, reducir la incertidumbre para la inversión y asegurar estándares ambientales y sociales adecuados.

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