Actualmente se aplica un reglamento emitido en 1999, el cual fue considerado insuficiente para atender la realidad actual del sector

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó un exhorto dirigido al Ejecutivo Federal para que se emita el reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, una normativa que permanece sin instrumentarse plenamente desde su publicación en 2007. La propuesta fue presentada por la diputada Lupita Saldaña Cisneros durante la sesión del Pleno celebrada el 23 de abril de 2026. 

La legisladora explicó que la ausencia de dicho reglamento ha limitado la aplicación efectiva de programas, apoyos y acciones destinados al sector pesquero y acuícola del país. En tribuna, señaló que la ley contempla diversos instrumentos en beneficio de esta actividad productiva, pero su alcance ha sido restringido por la falta de reglas secundarias. “Si la nueva ley establece una serie de programas e instrumentos en favor del sector pesquero y acuícola, como se dijo antes, una de las formas en que se limita su aplicación y beneficios es no publicar su Reglamento”, afirmó. 

El exhorto aprobado solicita a la Presidenta de la República expedir el reglamento conforme a lo establecido en los artículos transitorios de la ley, con el objetivo de garantizar su observancia administrativa y jurídica. También se subrayó que actualmente continúa aplicándose un reglamento derivado de una ley abrogada, emitido en 1999, el cual fue considerado insuficiente para atender la realidad actual del sector. 

Asimismo, el Congreso llamó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, una consulta pública amplia con productores, organizaciones y actores involucrados, para que participen en la elaboración del reglamento. 

Durante el debate, diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas coincidieron en respaldar el exhorto, destacando la relevancia económica, social y cultural de la pesca en Baja California Sur. Aunque hubo diferencias sobre la asignación de responsabilidades por el retraso, el consenso final fue atender el rezago normativo y responder a una demanda histórica de las comunidades pesqueras.