En medio de una crisis global de las energías fósiles, la reciente conferencia de Santa Marta inauguró el camino hacia una transición energética justa.

Analistas y activistas de América Latina consultados por DW se congratulan por el ambiente constructivo y participativo entre los más de 1500 participantes de más de 50 países, así como por los primeros pasos hacia una coalición de países dispuestos a tomar el liderazgo en superar la era de las energías fósiles como petróleo, carbón y gas.

La conferencia, que cerró el miércoles 29 de abril de 2026, se desarrolló en un momento clave de tensión geopolítica, en el cuál «se han roto los mercados de combustibles fósiles más allá de la reparación», como señaló Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Pasar de denuncias a propuestas

El encuentro abrió un espacio histórico de diálogo inclusivo entre gobiernos, sociedad civil y científicos, reconociendo los combustibles fósiles como «mayores responsables de la crisis climática», según Rosa María Mateus Parra, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) de Colombia.

Madeleine Wörner, experta en clima de la organización católica alemana Misereor, la describe, en entrevista con DW, como «un punto de inflexión», con una alianza de países que representan el 30 por ciento del consumo global de fósiles.

Por su parte, Liliana Buitrago, ecofeminista e investigadora venezolana del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, celebra el paso «del nivel de denuncia al de propuestas», con énfasis en una «transición justa y popular» más allá del extractivismo verde.

Pasos concretos

Entre los logros concretos, destacan la declaración conjunta de bancos de desarrollo subnacionales que impulsan desde América Latina y África una «nueva arquitectura económica y financiera liderada localmente», dando la espalda a las rectas únicas promovidas por instituciones financieras globales como el Banco Mundial y creados en escritorios en Washington por élites financieras sin conocer la realidad en los territorios. «Es positivo el reconocimiento de la necesidad de tomar en cuenta las economías de los pueblos en la transición”, dice al respecto Liliana Buitrago.

Por su parte, Madeleine Wörner subraya la creación de un consejo ecuménico interreligioso —con católicos, budistas, representantes del judaísmo y evangélicos— para acompañar éticamente el proceso, debatiendo moralidad y derechos humanos en la superación de dependencias fósiles. Es un aspecto que ha estado ausente de las negociaciones sobre el cambio climático en la ONU (COP), donde prevalecieron las visiones de los gobiernos y las corporaciones.

Otro punto que ambas destacan es la creación de un panel científico académico bajo el liderazgo de Johan Rockström, climatólogo del Potsdam Institute, y del climatólogo brasileño Carlos Nobre. Ese panel debe organizar evidencia científica durante los próximos cinco años con el objetivo de asesorar a ciudades, regiones y países en la transición.

Transición sin extractivismo

Sin embargo, persisten críticas por la falta de ambición y el formato de la conferencia donde la participación civil estuvo «controlada, compartimentada por sectores y con poco tiempo para expresarse ante gobiernos», como apunta Buitrago. «Además, hubo poca transparencia sobre el rol de los lobbies corporativos», añade.

Analistas notan omisiones en las cuestiones de transformación sistémica, ya que los enfoques tienden a cambiar la matriz a renovables dentro del mismo «modelo extractivista», sin abordar suficientemente las violaciones de los derechos humanos en el Sur global, reparaciones históricas por los daños causados y el sobreconsumo de las élites.

Para la sociedad civil, es clave que la transición sea justa y no repita el modelo extractivista, enfatiza Rosa María Mateus Parra. Ahí hay un posible escollo, ya que los países industrializados europeos en su mayoría apuestan todavía al «capitalismo verde», que en realida no implica cambios sistémicos al capitalismo.

En ese sentido, Daniel Chávez, investigador uruguayo del Transnational Institute en Ámsterdam, lamentó la ausencia del Sur Global como «algo más que receptor de recomendaciones». Para Chávez, no se abordan temas importantes como, por ejemplo, qué hacer con las empresas petroleras nacionales, que cuentan con enormes reservas y son las principales responsables de las decisiones de inversión en la mayoría de los países productores.

Control democrático y lucro como escollos

El investigador apunta otros temas cruciales que no fueron abordados, son el control democrático de los sistemas energéticos y los derechos al desarrollo de los países productores de petróleo de industrialización tardía.

Otras discusiones difíciles pospuestas son sobre cómo terminar las subvenciones a los combustibles fósiles sin dañar a las poblaciones más vulnerables.

También se vislumbran debates difíciles sobre los ISDS, tribunales de arbitraje anclados en tratados de libre comercio. Estos tribunales han fallado en contra de Estados por implementar leyes ambientales o de salud pública, argumentando que dañaron los futuros lucros de los inversionistas extranjeros.

«Académicos y organizaciones planteamos la eliminación de ISDS, pero el documento oficial habla de reformar», advierte Mateus Parra.

«Pero se trata de un proceso, y Santa Marta es un paso fundamental en la dirección correcta», añade, por su parte, Daniel Chávez, el investigador uruguayo.

Brasil llevará los resultados de Santa Marta a los preparativos de la COP31 en Turquía al final de este año, tratando de dar un nuevo aire a las negociaciones climáticas en el seno de la ONU que se han estancado en los últimos 10 años. 

Las discusiones sobre cómo salir de las energías fósiles seguirán en paralelo su curso. El próximo año, Tuvalu acogerá la siguiente conferencia, copatrocinada por Irlanda.

(ms)