En los últimos años, la minería ilegal se ha convertido en la economía ilícita que más se expande y fortalece en el país, al punto de alcanzar niveles críticos. No obstante, las propuestas de los candidatos que podrían pasar a la segunda vuelta electoral muestran vacíos importantes.

Un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) a los planes de gobierno de Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Renovación Popular revela que, más allá de las visiones para combatir este flagelo, los tres comparten un punto común: ninguno plantea eliminar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un mecanismo que tras una década no ha dado resultados concretos y ha permitido la expansión de la minería ilegal. 

“Ninguno de los planes de gobierno ha abordado esta problemática de la formalización de manera integral. Yo creo que sería una buena señal que por fin demos por terminado el Reinfo. Es un régimen que debió haber sido extraordinario, pero no lo ha sido. Llevamos más de 20 años en un proceso de formalización con distintos nombres y con distintas ampliaciones”, señaló Carlos Gallardo, gerente general del IPE. 

Y es que apenas el 2,4% de los inscritos en el Reinfo logró formalizarse en 10 años. Y pese a ello, incluso las bancadas de estos partidos en el Congreso votaron a favor de su quinta prórroga consecutiva en diciembre de 2025.

En esa línea, el alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Rodolfo García, resaltó que lo más prioritario es contar con normas que realmente posibiliten la formalización minera. 

“Lo más urgente es cambiar el marco legal, necesitamos terminar con el Reinfo y tener una norma que realmente posibilite la formalización de casi 31.000 Reinfo vigentes y suspendidos. Necesitamos una ley para la pequeña minería y minería artesanal que le dé forma a esta economía que es tan necesaria para el país”, precisó García. 

¿Por qué es importante combatir la minería ilegal? 

El IPE recogió cifras que reflejan el avance de esta actividad delictiva que ya es 10 veces más grande que el narcotráfico.  

En los últimos 5 años, las denuncias por minería ilegal se duplicaron en el país según reportes del Ministerio Público. Regiones como La Libertad, Cajamarca y Madre de Dios concentran el mayor crecimiento. 

Otro indicador es el Reporte de Operaciones Sospechosas vinculadas a este delito. Solo en 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) registró movimientos de más de US$6.000 millones, casi el doble que hace cuatro años, detalló Carlos Gallardo del IPE. 

“El nivel de crecimiento que ha tenido los reportes ha sido mucho más que cualquier otro tipo de crimen sobre los cuales también se le reporta a la UIF. Mientras que todas las demás se han multiplicado por tres en los últimos, las operaciones sospechosas vinculadas a la minería ilegal se ha multiplicado por ocho”, precisó el especialista. 

El auge está impulsado por los altos precios del oro en niveles históricos. Y, a la par, la débil presencia del Estado en zonas alejadas permite que se instale y opere con facilidad. 

Minería ilegal presente en todo el país

Además, el alto comisionado Rodolfo García alerta que pese a que esta actividad ya se extendió a todas las regiones del país, estaba siendo enfrentada con un presupuesto estatal 10 veces menor que para combatir el narcotráfico. 

“La minería ilegal lamentablemente está en todas las regiones del país, pero evidentemente hay zonas más críticas. Madre de Dios es una de ellas, donde hace más de 40 años hay minería ilegal. Pero también la situación se ha complicado muchísimo en regiones de la Amazonía, como Loreto, Amazonas, Ucayali, Huánuco. En nuestra cordillera de los Andes, en regiones como La Libertad en Pataz o Apurímac, Puno, Arequipa. En realidad está en todo el país y por eso es que insisto que se requiere una acción de todo el Estado peruano”, enfatizó el funcionario de la PCM. 

Las consecuencias son visibles. La minería ilegal impacta la economía, el ambiente y la seguridad del país. 

El desafío para el próximo Gobierno será aplicar una estrategia integral que combine formalización efectiva, control real del territorio, fiscalización sostenida y cooperación internacional. De lo contrario, el Perú podría enfrentar la consolidación de una de las economías ilegales más grandes y rentables de la región.