El día miércoles 13 de mayo, la profesora Valentina Durán Medina, investigadora del Centro de Derecho Ambiental expuso ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados, en dependencias del Congreso Nacional. 

La sesión estuvo dedicada al análisis del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia (Boletín N° 16.552-12), iniciativa ingresada al Congreso en 2023, que introduce cambios sustantivos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La profesora Durán participó en su calidad de académica de la Facultad de Derecho y ex directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), por el período abril 2022 a marzo 2026, cargo en el que fue nombrada por el ex presidente Gabriel Boric.

En su presentación, la profesora Durán situó al SEIA como un activo estratégico del país, destacando que durante 2025 se alcanzó un récord histórico de aprobación ambiental de proyectos por 41.550 millones de dólares, y que aproximadamente el 95% de los proyectos sometidos al sistema son aprobados. En ese marco, llamó a preservar la reputación internacional de Chile fundada en la seriedad de sus instituciones ambientales, el cumplimiento de compromisos multilaterales y el principio de no regresión en materia ambiental.

Sobre los aspectos concretos del proyecto, la académica valoró positivamente el refuerzo de la rectoría técnica del SEA, la unificación del sistema recursivo con legitimación activa ampliada para terceros, y el traspaso de la función calificadora desde el Comité de Ministros hacia los directores regionales del SEA y la Dirección Ejecutiva. Al respecto, señaló que “más importante aún que el órgano son las reglas, las causales de rechazo y los estándares de fundamentación», relevando la necesidad de una revisión profunda de las normas de calificación. Planteó, sin embargo, reparos a la posibilidad de omitir el agotamiento de la vía administrativa antes de recurrir a los tribunales ambientales, advirtiendo que ello podría aumentar la litigiosidad y reducir la certeza jurídica para todos los actores.

La profesora también abordó la necesidad de mecanismos más flexibles para modificar las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), cuestionó la fórmula aprobada en el Senado en torno a las consultas de pertinencia y propuso retomar la figura de las declaraciones juradas como alternativa. Asimismo, alertó sobre la tramitación simultánea de dos proyectos de ley que modifican las mismas disposiciones, situación advertida también por la Excma. Corte Suprema, y llamó a coordinar ambas iniciativas para mantener la coherencia del sistema.

La exposición concluyó con un llamado a legislar con base en evidencia y diálogo amplio, para lograr procedimientos más ágiles y legitimados que fortalezcan la protección ambiental, sin retroceder en los estándares construidos durante más de 30 años de institucionalidad ambiental en Chile.

Por Rafaella Cornejo Bravo (ayudante del Centro de Derecho Ambiental)

Publicado el jueves 14 de mayo de 2026