El Perú atraviesa un momento decisivo para su industria minera en medio de un contexto internacional favorable para los minerales estratégicos. Mientras los precios del cobre, oro y plata continúan en niveles elevados y el mundo demanda cada vez más recursos para la transición energética, el país mantiene estancada su inversión minera en alrededor de US$5.000 millones anuales, muy por debajo de los picos registrados durante el último gran ciclo de expansión del sector. A pesar de contar con una cartera de proyectos superior a US$64.000 millones, gran parte de esas iniciativas sigue sin fecha concreta de ejecución.

En ese escenario, las propuestas económicas y mineras de los partidos políticos adquieren una importancia central. Las diferencias entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular muestran dos enfoques opuestos sobre el papel de la inversión privada, la función del Estado y la manera de impulsar el crecimiento económico. Más allá de la minería, el contraste refleja visiones distintas sobre el modelo de desarrollo que debería seguir el país durante los próximos años.

Uno de los principales puntos de divergencia aparece en el tratamiento del modelo económico. Juntos por el Perú plantea revisar aspectos clave de la Constitución relacionados con la economía social de mercado, los contratos de estabilidad y la inversión extranjera, además de ampliar el rol empresarial del Estado en sectores estratégicos. Fuerza Popular, en cambio, defiende la estabilidad macroeconómica, el respeto a los contratos y la continuidad del actual marco económico como mecanismos para atraer inversiones.

La diferencia resulta especialmente sensible para la minería, una actividad que requiere inversiones de largo plazo y altos montos de capital. Los proyectos mineros suelen desarrollarse durante décadas y dependen de reglas estables para garantizar su rentabilidad. En ese contexto, cualquier señal de cambios contractuales o mayor discrecionalidad estatal puede afectar las decisiones de inversión y aumentar la percepción de riesgo del país.

Desde el enfoque de Juntos por el Perú, el Estado debería asumir un papel más activo en la administración de sectores estratégicos y revisar esquemas de estabilidad tributaria. Sus propuestas incluyen mayores regalías, impuestos a las sobreganancias y un incremento de la participación estatal en la renta minera. La intención es aumentar los recursos públicos provenientes de la actividad extractiva y fortalecer la presencia estatal en la economía.

Fuerza Popular plantea una estrategia distinta. Su propuesta se enfoca en reducir trabas administrativas, agilizar permisos y promover mecanismos como asociaciones público-privadas y Obras por Impuestos para acelerar inversiones. La lógica detrás de esta posición es que un entorno regulatorio más predecible y menos burocrático permitiría ampliar la actividad minera y generar mayores ingresos fiscales a través del crecimiento económico.

El debate también refleja una discusión más amplia sobre el impacto de la carga tributaria en industrias altamente competitivas. Diversos especialistas sostienen que aumentos bruscos o cambios impredecibles en los impuestos pueden desalentar nuevas inversiones, especialmente en sectores donde los proyectos compiten globalmente por capital. Bajo esa mirada, la estabilidad regulatoria se convierte en un elemento clave para sostener el flujo de inversión minera.

Otra diferencia importante se encuentra en la visión sobre el rol empresarial del Estado. Juntos por el Perú propone fortalecer empresas públicas y aumentar la participación estatal en actividades estratégicas, mientras que Fuerza Popular apuesta por una mayor participación privada en infraestructura, logística y desarrollo minero. La experiencia regional ha mostrado resultados mixtos en modelos de expansión estatal, con antecedentes de problemas de eficiencia, corrupción y dificultades financieras en varias empresas públicas latinoamericanas.

En minería ilegal también existen enfoques distintos. Juntos por el Perú prioriza esquemas de cooperativas, parques mineros y mecanismos estatales de comercialización del oro. Fuerza Popular, por su parte, plantea fortalecer el control territorial, la trazabilidad digital y la coordinación entre fuerzas de seguridad, Sunat y Fiscalía. El debate gira en torno a cómo enfrentar una actividad que hoy está vinculada a redes criminales, lavado de activos y economías ilegales cada vez más sofisticadas.

Las diferencias se extienden además al plano ambiental. Mientras Fuerza Popular busca compatibilizar inversión minera con remediación de pasivos ambientales y continuidad de proyectos, Juntos por el Perú propone mayores restricciones territoriales y un control estatal más amplio sobre la gestión de recursos naturales. Ambos enfoques reflejan distintas prioridades entre desarrollo económico, regulación ambiental y participación estatal.

En el fondo, la discusión va mucho más allá de la minería. Lo que está en juego es el modelo económico que el Perú adoptará en los próximos años. Por un lado, una propuesta centrada en estabilidad macroeconómica, inversión privada y competitividad; por el otro, una visión que apuesta por mayor intervención estatal y revisión de las reglas actuales del mercado. En un contexto global donde los minerales estratégicos adquieren creciente importancia, las decisiones políticas que tome el país podrían definir no solo el futuro del sector minero, sino también el rumbo de la economía peruana en la próxima década.