La Cámara de Diputadas y Diputados vivió este lunes una jornada clave en la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno. Mientras en Trabajo se reabrió la disputa por el futuro del Sence, en Medio Ambiente el oficialismo avanzó en cambios al sistema de evaluación ambiental pese a las críticas de la oposición.

En la Comisión de Trabajo, el oficialismo consiguió aprobar el artículo que endurece las sanciones por el uso indebido de licencias médicas en el sector público. La norma establece que infringir el reposo, trabajar durante una licencia o falsificarla constituirá una falta grave al principio de probidad y podrá terminar incluso en la destitución de funcionarios.

No pasó lo mismo con las normas ligadas al Sence. La comisión rechazó nuevamente los artículos que modificaban la franquicia tributaria para capacitación laboral, los mismos que ya habían caído en Hacienda.

Uno de ellos eliminaba el mecanismo que permite a las empresas descontar gastos de capacitación de impuestos. El otro impedía financiar procesos de certificación laboral mediante esa franquicia.

Tras la votación, los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y del Trabajo, Tomás Rau, confirmaron que intentarán reponer parte de esas medidas en el Senado.

La discusión abrió un nuevo choque entre oficialismo y oposición. Desde el PC, el diputado Luis Cuello acusó al Gobierno de intentar sacar adelante la reforma sin discusión suficiente: “Creo que este trámite en la Comisión de Trabajo da cuenta de la intención del Ejecutivo de hacer pasar las cosas de forma exprés, de forma rápida, sin debate y también por decreto”.

Cuello sostuvo además que, aunque las normas sobre el Sence fueron rechazadas, el Ejecutivo igualmente está debilitando el sistema de capacitación.

“Mientras pasa eso, se está desfinanciando el Sence en un 44%. O sea, no hay recursos para capacitar trabajadores”, afirmó.

El vicepresidente del Partido Republicano y presidente de la Comisión de Trabajo, José Carlos Meza, salió al paso de las críticas de la oposición por la rapidez con que se tramita la megarreforma del Gobierno y aseguró que quienes terminaron restringiendo el debate fueron precisamente los sectores contrarios al Ejecutivo.

José Carlos Meza.
Dragomir Yankovic/Aton Chile.

Meza sostuvo además que la oposición perdió tiempo clave al negarse a sesionar durante la semana distrital y advirtió que la discusión más compleja todavía está pendiente.

Comisión de Medio Ambiente

Mientras la Comisión de Trabajo debatía sobre licencias médicas y el futuro del Sence, la Comisión de Medio Ambiente revisó los artículos ambientales y pesqueros que le correspondía tramitar dentro del proyecto. El oficialismo aprobó los artículos 4, 5 y 6 pese a las críticas de la oposición.

Entre las normas que avanzaron está la reducción del plazo para invalidar autorizaciones sectoriales, que baja de dos años a seis meses. También se aprobó una disposición que exime ciertas relocalizaciones de concesiones de acuicultura de ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental.

En materia pesquera, el proyecto permite externalizar informes técnicos de bancos naturales inscritos en Sernapesca, modifica el régimen de patentes por no uso y elimina la causal de caducidad por paralización de actividades durante más de dos años consecutivos.

El ministro de Hacienda Jorge Quiroz y la ministra de Medio Ambiente Francisca Toledo durante la comisión de Medio Ambiente de la Camara de Diputados.
Sebastian Cisternas/Aton Chile.

La comisión también aprobó los artículos 12 al 16, que crean un mecanismo para que empresas soliciten al Estado la restitución de gastos directos y efectivos cuando una Resolución de Calificación Ambiental sea anulada por sentencia judicial firme.

Junto con eso, avanzaron cambios a la Ley de Bases del Medio Ambiente. La propuesta elimina la obligación de una nueva evaluación ambiental para proyectos con RCA favorable que no tengan cambios sustantivos en sus impactos. También crea un régimen voluntario de tramitación acelerada, elimina recursos administrativos contra la RCA y establece la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental sobre los organismos con competencia ambiental durante la evaluación.

El proyecto además fija un límite de 30 días para las medidas cautelares que paralicen proyectos con RCA favorable. Ese plazo solo podrá renovarse mediante resolución fundada.

El numeral 6, que incorporaba un plazo de 20 días para reclamar una RCA ante el Tribunal Ambiental, fue rechazado por unanimidad a petición del Ejecutivo.

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, defendió el contenido de la reforma y descartó que implique una baja en los estándares ambientales.

Francisca Toledo, ministra de Medio Ambiente.

“Hemos tenido una muy buena votación en lo que hemos avanzado hoy día. Ha sido un tono muy favorable”, afirmó.

La secretaria de Estado también respondió a las críticas sobre eventuales espacios para lobby empresarial: “El sistema Chile cuenta con una institucionalidad ambiental muy robusta. El Servicio de Evaluación Ambiental ha ido adquiriendo experiencia y reconocimiento”.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Jaime Bassa cuestionó varias de las normas aprobadas en la comisión y advirtió que algunas podrían terminar aumentando la judicialización de los proyectos ambientales. El parlamentario sostuvo que las modificaciones al sistema de reclamaciones y recursos “van a terminar siendo peor que el remedio” y afirmó que la ciudadanía deberá estar atenta a los procesos de evaluación ambiental que actualmente están en curso.

Bassa también criticó el mecanismo que permitiría a empresas solicitar al Estado la restitución de gastos cuando una Resolución de Calificación Ambiental sea anulada judicialmente. A juicio del diputado, la medida favorece a grandes inversionistas y podría significar altos costos fiscales. “Lo acabamos de ver con la minera Collahuasi, eventualmente el Estado tendría que estar obligado a devolver esos 3.200 millones de dólares”, afirmó.

El parlamentario además confirmó que realizaron reserva de constitucionalidad sobre parte del articulado aprobado en la comisión.

El debate continuará este martes en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. El Gobierno espera que el proyecto quede despachado al Senado durante la votación del miércoles, donde el oficialismo asegura contar con los votos necesarios para avanzar con la iniciativa.