Incendios, cambio climático, crisis hídrica, megaproyectos y comunidades asediadas por el crimen organizado que saquea sus recursos: la crisis ambiental en México es omnipresente y se ha agravado con un recorte del 30 por ciento en el presupuesto ambiental desde 2018.

Ante ese panorama desolador, un novedoso esquema público-privado promete remedios: se acaba de crear el primer Programa de Financiamiento Permanente (PFP) del país norteamericano, en el estado de Yucatán (sureste). Se trata de un modelo para garantizar recursos a largo plazo para la conservación de áreas protegidas.

Especialmente en la península de Yucatán, la expansión agrícola, la urbanización y el turismo están contaminando mantos acuíferos y las aguas subterráneas, lo que pone en peligro la fauna silvestre, amenazando con borrar un legado cultural ancestral.

Los expertos consultados por DW tienen opiniones diferentes acerca de si este mecanismo llamado Herencia Maya que protege 581 mil hectáreas con 12,6 millones de dólares, blinda realmente los maltrechos ecosistemas de México.

Un fondo público-privado para la conservación

«Las áreas naturales protegidas generalmente no tienen recursos. Es así en todo el mundo, es la primera área que tiene recortes», reconoció en entrevista con DW María José Villanueva, directora general de WWF México, organización socia del proyecto.

Es en este contexto donde el PFP Herencia Maya entra en juego: entre el Gobierno regional, el municipio de Mérida y varias organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, se calculó la brecha en el presupuesto en los próximos años y se creó un fondo destinado únicamente a la conservación.

La mitad del dinero viene de donantes privados como la Fundación Coca Cola, Bepensa (un conglomerado empresarial local), la Fundación Moore y la Wyss Foundation. La otra mitad la pone el Gobierno con impuestos sobre el turismo y el carbono, o los boletos de entrada a una feria local anual importante, explica Villanueva.

Si el Gobierno baja su contribución, el dinero privado se congela. «Es un sistema de zanahoria y garrote que permite una visión a largo plazo», dice Villanueva. Con este mecanismo se apuesta a que los Gobiernos cumplan para evitar un escándalo mediático y una confrontación con el sector privado.

Para Sayda Rodríguez, Herencia Maya es una gran oportunidad: «Fue un largo proceso durante el cual conocimos mucho mejor el territorio y sus áreas de oportunidad”, relata a DW la secretaria de desarrollo sustentable en el anterior Gobierno del estado de Yucatán y ahora diputada por el conservador Partido Acción Nacional (PAN). «Implicó tener una ley de cambio climático, publicar una estrategia de conservación, y ahora estamos discutiendo en el Congreso una nueva ley de biodiversidad; fue como una bola de nieve”, comenta.

Crecen los Programas  de Financiamiento Permanente

Hoy en día hay 15 PFP o Programas de Financiamiento Permanente en toda América Latina, desde México hasta Brasil, pasando por Costa Rica, donde se creó el primer modelo piloto hace 25 años, reforzando la estrategia de destino turístico sustentable.

«En Brasil, los PFP creados hace casi dos décadas en la Amazonía han resistido mejor a los recortes bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro y la deforestación fue menor”, ilustra Villanueva.

Considera que los PFP implican un salto cualitativo en la política ambiental: «Estamos cambiando de un modelo de filantropía, donde los Gobiernos necesitan de la inversión permanente de terceros para financiar la agenda ambiental, a un modelo de corresponsabilidad, donde todos los actores están alrededor de una mesa para construir en conjunto”, comenta, en relación con la Junta de Gobierno de la PFP, donde participan a la vez donantes privados, representantes del Estado y organizaciones ambientalistas.

Sin embargo, en opinión de otros expertos y representantes indígenas, el modelo presenta algunas debilidades. Carlos Tornel, geógrafo graduado en la Universidad británica de Durham, considera que el PFP es «mejor que nada”, pero se asemeja a un «pragmatismo despolitizado” que no cuestiona un modelo capitalista depredador.

Impacto ambiental de megaproyectos

Tornel también considera que este tipo de proyectos donde los grandes capitales se asocian con el Gobierno y ONG internacionales, sin participación de la sociedad civil, tienen «un aspecto colonial».

«Aquí hubo un etnocidio y un ecocidio en la construcción del Tren Maya, con responsabilidad del Estado”, critica Tornel, quien hizo su tesis sobre esta megaobra del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Para el miembro del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, los PFP tienen, como el Tren Maya, una visión antropocéntrica. «Ven la naturaleza como un servicio para el hombre, capturan demandas legítimas sobre la protección de la naturaleza y las transforman en algo compatible con el sistema capitalista, extractivo y destructor”.

también Pedro Uc, poeta maya que escribe en su lengua prehispánica y activista ambiental de Yucatán, cuestiona ante DW la marginalización de los pueblos indígenas en este proceso: «Cuando viene el Gobierno y las empresas a proteger esas áreas, me pregunto ¿De quién las van a proteger, si los depredadores son ellos?”

Uc pone ejemplos: «Parte del área protegida de Kuxtal, se la dieron a la cervecera Heineken, y alrededor de Mérida (la capital de Yucatán) apesta por las emanaciones de las granjas de cerdo que contaminan el agua subterránea”. Por eso, el líder maya es escéptico: «No tengo ni confianza ni esperanza, esto solo le sirve al Estado para presumir.”

El debate refleja la división que existe actualmente entre diferentes actores sobre estos mecanismos financieros innovadores: ¿Realmente protegen la biodiversidad, o son parches que legitiman un modelo depredador que requiere una transformación estructural?

(rml)