Redacción/Sol Yucatán

La pesca ilegal sigue siendo uno de los problemas más graves para el sector pesquero de Yucatán y, según representantes de la industria, las zonas donde más ocurre son ampliamente conocidas por las autoridades.

Enrique Sánchez Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Yucatán (Canainpesca) y Exportamar Yucatán, señaló que los principales focos de pesca furtiva se encuentran en Dzilam de Bravo y la región de Celestún, donde desde hace años se reportan actividades fuera de la ley.

El dirigente advirtió que este fenómeno no solo afecta a los pescadores que operan legalmente, sino que también provoca pérdidas millonarias para el Estado y la Federación debido a la comercialización de productos que no pagan impuestos ni cumplen con las regulaciones.

Según estimaciones del sector, la pesca ilegal representa una caída de entre 30 y 40 por ciento en el esfuerzo pesquero formal, además de contribuir al deterioro de especies de alto valor comercial.

Sánchez Sánchez también cuestionó la falta de coordinación entre las distintas autoridades encargadas de combatir este delito. Aunque existen operativos y acciones de vigilancia, aseguró que persisten vacíos institucionales que permiten que numerosos casos terminen sin castigo.

La situación se agrava por la debilidad de las sanciones actuales. Explicó que, aun cuando un pescador furtivo es detenido, la legislación vigente le permite recuperar su libertad mediante el pago de multas o fianzas, lo que reduce el efecto disuasorio de los operativos.

Mientras tanto, especies como el mero continúan mostrando señales de agotamiento. De acuerdo con datos compartidos por el dirigente, las capturas pasaron de unas 30 mil toneladas anuales en la década de los ochenta a poco más de 6 mil toneladas en la actualidad, una caída que atribuye a la sobreexplotación y a la pesca ilegal.

Pese a que el problema es conocido desde hace años y a que las zonas donde se concentra también son identificadas por el propio sector, los resultados siguen siendo limitados. Para los industriales, el combate a la pesca furtiva requiere más vigilancia, mejor coordinación entre autoridades y sanciones más severas para quienes continúan depredando los recursos marinos del estado.

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