A escasos días de que se cumpla el plazo definitivo para el registro de teléfonos móviles en México, se espera que las autoridades alisten una prorroga un alivio temporal para los usuarios. 

De no aplicarse esta medida, el inicio de julio de 2026 traería consigo la suspensión de servicios para más de la mitad del país, un escenario que ha encendido las alarmas tanto en las empresas proveedoras como en los especialistas en derechos digitales y telecomunicaciones.

El riesgo de la desconexión 

La normativa actual es que aquellos ciudadanos que no registren su línea telefónica enfrentarán la inhabilitación de sus servicios a partir del 1 de julio. 

Esta interrupción no es un tema menor, ya que los usuarios afectados quedarían severamente limitados en las funciones que pueden realizar con su número celular. 

La sanción implica la imposibilidad de realizar o recibir llamadas convencionales, efectuar transferencias bancarias a través de aplicaciones y solicitar cualquier tipo de servicio digital mediante el teléfono. 

La única función que permanecería activa en los equipos no registrados sería el acceso exclusivo a las líneas de emergencia. 

Ante la gravedad de este escenario, los operadores telefónicos han urgido a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dar una prorroga para el registro de las líneas. 

Cifras que no cuadran: millones de números en la incertidumbre 

Se busca dar una prorroga de 120 días a los mexicanos para que registren su línea. 

Según datos de la CRT, con corte al 19 de junio, apenas 61.4 millones de líneas han cumplido con el trámite. Esto deja a unos 82 millones de teléfonos a la deriva, considerando que el gobierno contabiliza un número total de 144 millones de líneas telefónicas en territorio nacional. 

No obstante, la magnitud del problema podría ser aún mayor. Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (CIU), ha señalado una importante discrepancia en las estadísticas oficiales. El especialista argumenta que las líneas activas reales ascienden a 160 millones. 

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Esta diferencia de 16 millones se debe a que la autoridad reguladora no tiene en su contabilidad a la gran mayoría de los Operadores Móviles Virtuales (OMV); de los más de 170 que operan en México. 

El debate entre la ley y las autoridades

Las empresas de telecomunicaciones confirmaron a las autoridades que cuentan con la capacidad técnica para absorber el registro y que sus pruebas fueron exitosas; sin embargo, advirtieron que una desconexión total de un día para otro resulta operativa y logísticamente inviable, por lo que cualquier apagado tendría que ser forzosamente paulatino.

Apenas a principios de mes, Lourdes Margarita Santaolalla Fernández, funcionaria de la CRT encargada de la supervisión, había rechazado de tajo la idea de un aplazamiento. En ese momento, apostaba por un repunte acelerado de inscripciones de último minuto y aseguraba que la suspensión procedería para los incumplidos.

En contraparte, expertos como Piedras añaden una compleja capa jurídica al asunto. Por un lado, apagar de tajo el servicio a millones de personas constituiría una evidente violación al derecho constitucional del acceso a las telecomunicaciones. Por el otro, materializar la prórroga tampoco es un trámite sencillo, ya que una modificación oficial requeriría el aval del Congreso de la Unión.

En conclusión, los próximos días serán determinantes para confirmar si los 120 días logran convencer a los mexicanos de registrar su línea. 

NG