La muerte de un interno en el área de ingresos del penal de San Miguel derivó en un operativo de revisión, el traslado de aproximadamente 30 personas privadas de la libertad al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez y la implementación de nuevos cobros por el uso de equipos de telefonía al interior del reclusorio.

A través de un comunicado al que e-consulta tuvo acceso, algunos internos señalaron que el fallecimiento ocurrió entre la noche del 17 de junio y la madrugada del 18 de junio.

Tras estos hechos, indicaron que personal de custodia retiró diversos equipos telefónicos que eran rentados por los internos, quienes pagaban una cuota semanal para utilizarlos.

De acuerdo con lo señalado, los aparatos fueron recogidos el 18 de junio y posteriormente se les informó que no serían devueltos debido a cambios en la concesión de las líneas telefónicas que operan dentro de San Miguel.

Sin embargo, señalaron que este 23 de junio los equipos reaparecieron y comenzó a solicitarse a los internos el pago de mil 400 pesos para recuperarlos.

De acuerdo con lo señalado, el cobro contempla mil pesos por la devolución del teléfono y 400 pesos adicionales por un supuesto registro que les permitiría continuar utilizando el servicio.

Asimismo, se indicó que la nueva concesión de las líneas telefónicas estaría en manos de integrantes de un grupo delictivo originario de Michoacán.

Por esta nueva implementación los denunciantes señalaron que el monto exigido resulta excesivo debido a que ya cubrían una renta semanal por el uso de los equipos. También acusaron que la concesión de las líneas telefónicas fue vendida por el director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo.

Ante esta situación, solicitaron la intervención del gobernador Alejandro Armenta y del secretario de Gobernación estatal para regular los cobros relacionados con alimentos y servicios de telefonía dentro del centro penitenciario.

Denuncian extorsiones y restricciones en el ingreso de alimentos

Las denuncias por presuntas irregularidades en el penal de San Miguel no son nuevas. Familiares de personas privadas de la libertad han acusado en repetidas ocasiones restricciones en el ingreso de alimentos, presuntas redes de extorsión y actos de corrupción al interior del centro penitenciario.

En un escrito dirigido a autoridades estatales familiares e internos señalaron que desde septiembre de 2025, cuando Jorge Ortiz Delgadillo asumió la dirección del penal de San Miguel, se han implementado medidas que afectan las condiciones de la población penitenciaria.

Entre las inconformidades expuestas se encuentra la prohibición para ingresar alimentos en recipientes reutilizables, ya que únicamente se permite el acceso de comida en bolsas de plástico. Además, denunciaron que personal custodio estableció un límite de 600 gramos de alimentos por interno y que cualquier excedente es retenido.

Los denunciantes también aseguraron que continúan las extorsiones dentro del penal. De acuerdo con su testimonio, algunos internos deben pagar cantidades que van de 5 mil a 20 mil pesos para abandonar la zona de castigo conocida como “estancia”.

Durante la cuarta semana de abril, e-consulta informó sobre presuntos cobros realizados por líderes criminales que operan dentro del Cereso, quienes solicitarían pagos a familiares de personas privadas de la libertad, incluso mediante transferencias bancarias, para permitirles cubrir necesidades básicas al interior del penal.

Asimismo, denunciaron la renta de teléfonos celulares y la venta de drogas y bebidas alcohólicas dentro del centro penitenciario. (MCJ)