HERMOSILLO, Son. (apro).- Por más de una década Fresnillo plc, propietaria de la minera Penmont, ha eludido la completa ejecución un conjunto de sentencias que la obligan a pagar miles de millones de pesos a una comunidad ejidal de Sonora después de ocupar sus tierras y explotar una veta de oro de manera ilegal, pero sus opciones para evadir la condena parecen llegar a su fin. 

La táctica más reciente fue un amparo interpuesto el 26 de mayo de 2025 con la intención de modificar el monto de la deuda, superior a los 13 mil millones de pesos mexicanos, pero hace una semana un juez federal emitió una resolución que, según la defensa legal de los ejidatarios, hace que los recursos jurídicos de los que dispone la compañía para evitar el cumplimiento de la ley se agoten cada vez más. 

“Al final la empresa está retrasando la ejecución de las sentencias. Está retrasando el pago, si fuera voluntario, o el embargo que implicaría la ejecución. Obviamente querían dejar sin efecto las cantidades (de la deuda) determinadas, pero lo único que están haciendo es ganar tiempo”, dijo a Proceso Carlos Encinas, abogado del Ejido el Bajío, ubicado en Caborca. 

El amparo interpuesto por la minera pone en duda las cantidades a pagar a los ejidatarios por remediación y devolución del oro sacado de las tierras ejidales sin derecho, cosa que se refiere a devolver las tierras al estado que tenían antes de la intervención de la compañía. 

Estas cantidades emanaron de una serie de peritajes ordenados por el Tribunal Unitario Agrario No. 28 (TUA 28) y se resumen en una deuda de $13 mil 327 millones 854 mil 806 pesos mexicanos. 

El argumento de la compañía de Alejandro Bailleres es que para determinar la cifra no se tomaron en cuenta todos los peritajes realizados, pero la resolución del Juzgado Décimo de Distrito con fecha de 18 de junio de 2026 establece que el TUA 28 debe argumentar dicha decisión, más no cuestiona el resto de la sentencia. 

“Prácticamente esa es la sentencia. Todo lo que el TUA 28 tiene que hacer, es decir: “este peritaje cambiar, simplemente se van a fundamentar estos dichos y se van a determinar las mismas cantidades”, expuso el abogado. 

De cumplirse lo que pronostica la defensa legal del ejido El Bajío se podría retomar la ejecución de las sentencias justo donde quedó pausada: durante el verano de 2025 la entonces magistrada del TUA 28, Alejandrina Gámez Rey dejó su puesto luego de ser sometida a presiones relativas al caso, según fuentes de Proceso. 

En dicho momento, según información extraoficial, Gámez Rey ya preparaba órdenes de embargo en contra de la compañía para llevar a cabo la ejecución de las sentencias, pendientes parcialmente desde que fueron dictadas en 2013.