Martha Eloína García Morales, subdelegada administrativa de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Puebla, es señalada por el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Siints) de ejercer malos tratos y de propiciar un ambiente laboral adverso.

La organización sostiene que la funcionaria ha influido para que la dependencia, a cargo de Morayma Rubí Joven, no cumpla con acuerdos asumidos desde la toma de sus oficinas en febrero pasado, entre ellos los relacionados con agua, laudos laborales y condiciones materiales de trabajo como el parque vehicular.

Guadalupe Román, secretaria general del Siints, indicó a La Jornada de Oriente que desde mayo del año pasado el sindicato pidió formalmente la salida de García Morales. La solicitud se presentó en el contexto de un cierre nacional de instalaciones de la secretaría, en ese contexto denunciaron que la funcionaria coartaba derechos sindicales, excluía a integrantes del Siints de comisiones e información clave y mantenía un trato diferenciado hacia esta organización. 

Señaló que, pese a esas quejas, la subdelegada se mantiene en el cargo y el patrón de hostigamiento hacia la base trabajadora se mantiene.

Cabe mencionar que existen antecedentes de señalamientos contra García Morales en otras entidades. En 2018, trabajadores basificados de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Guerrero realizaron un paro de labores para exigir su destitución como subdelegada administrativa, al acusarla de malos tratos, suspender viáticos y afectar programas en la región. 

Pese a esas situaciones, la subdelegada ha enviado oficios en Puebla en los que exige a los trabajadores apegarse a códigos de ética y conducta. Para el Siints, esta postura resulta contradictoria porque, aseguran, la propia funcionaria no respeta esos lineamientos al tolerar o reproducir prácticas de acoso y exclusión.

La organización también vincula a la subdelegada con el conflicto derivado del Comité de Evaluación al Desempeño. Una trabajadora obtuvo por sorteo un periodo vacacional especial de 10 días hábiles, incentivo ligado a la concertación de metas y a la calificación anual. 

La ganadora presentó su proyecto en tiempo y forma y fue recibido por la autoridad, por lo que el sindicato asumió que el beneficio estaba autorizado. Casi mes y medio después, y fuera de los tiempos marcados por la propia normatividad, la autoridad citó de manera extraordinaria al sindicato para informar que el periodo ya no se otorgaría, con el argumento de que el proyecto no cumplía objetivos.

Román afirmó que el proceso no fue oficial, legal ni transparente y que en la decisión influyó la postura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Sader –el oficial–, que cuestionó el beneficio. 

En el terreno de las condiciones materiales de trabajo, el sindicato sostiene que la Sader tampoco cumplió el compromiso de garantizar el suministro permanente de agua purificada en las oficinas.

 Tras la toma de las instalaciones en febrero de este año, la dependencia se comprometió a dotar de garrafones de manera continua y, al inicio, normalizó la entrega. Con el paso de las semanas, la provisión volvió a caer hasta quedar reducida a una entrega mensual de botellones.

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Actualmente, son los propios trabajadores quienes deben organizarse para comprar los garrafones necesarios para la jornada laboral. 

Otro punto que el Siints ubica como incumplido se relaciona con el pago de prestaciones ordenadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. En Puebla hay al menos dos o tres casos de trabajadores que interpusieron demandas por despidos injustificados y obtuvieron laudos favorables. 

Los fallos obligan a la Sader a cubrir diversas prestaciones, pero a la fecha los afectados no han recibido esos montos. La explicación recurrente, señaló la dirigente, es la política de austeridad, pese a tratarse de derechos ya reconocidos por una instancia legal.

En cuanto a las condiciones para realizar las labores de campo, Guadalupe Román señaló que una de las principales quejas es el deterioro del parque vehicular de la Sader en Puebla. 

Estimó que entre 70 y 80 por ciento de las unidades asignadas a la secretaría en el estado se encuentran en malas condiciones, sin mantenimiento adecuado ni combustible suficiente. Muchos de esos vehículos, apuntó, tienen alrededor de 10 años de uso y no han sido renovados, lo que limita los recorridos a comunidades con veredas y brechas complicadas y expone al personal en carretera.

La dirigente indicó que, junto con el parque vehicular, persisten carencias en equipos de cómputo y otros insumos necesarios para el trabajo cotidiano, pese a que tras la protesta de febrero se establecieron compromisos para mejorar esas condiciones.

 El Siints cuenta con alrededor de 43 afiliados en Puebla y cerca de mil 200 en todo el país, con sede nacional en Ciudad de México; mientras que en la representación estatal de Sader laboran cerca de 200 trabajadores en total. 

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