El ambiente social está enrarecido. Los “policymakers” del cambio insisten una vez más en blindar jurídicamente a los funcionarios públicos frente a la crítica ciudadana.

En esta ocasión, aprobaron un Código Penal —sospechosamente con el apoyo de loEl ambiente social está enrarecido. Los “policymakers” del cambio insisten una vez más en blindar jurídicamente a los funcionarios públicos frente a la crítica ciudadana.

En esta ocasión, aprobaron un Código Penal —sospechosamente con el apoyo de los partidos de oposición— a imagen y semejanza de quienes coyunturalmente ostentan el poder.

No resisten que, por un grupo de WhatsApp, un video de YouTube, Instagram o cualquier otra plataforma digital, se planteen expresiones que ellos consideren ofensivas y que atentan contra su honor.

Por eso, increíblemente, quieren hasta prohibir los “gestos” que laceren la dignidad de los funcionarios.

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