Ángel Vargas

Periódico La Jornada
Martes 21 de julio de 2026, p. 4

“No ha pasado nada, nadie está investigando”, lamentó el pintor Leopoldo Hernández Castellanos al cumplirse en junio un año de la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto fraude cometido en su contra por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Frente a tal situación, el también docente –conocido en el medio artístico como Polo Castellanos– presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por “violaciones graves” a derechos humanos. Sin embargo, hace unos días el organismo se declaró incompetente con el argumento de que, conforme la ley, sólo puede seguir quejas cuando “éstas fueren imputadas a autoridades y personas servidoras públicas de carácter federal”.

En su respuesta, la CNDH sugirió al artista “ponerse en contacto con el personal del Instituto Federal de Defensoría Pública”, cuya misión –se explica en el documento– es garantizar el derecho a la defensa pública, el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en materia administrativa, fiscal, civil y de causas penales.

“Es el colmo del cinismo”, calificó Castellanos al considerar que ese organismo nacional “se está lavando las manos” al desconocer que el Inbal y la FGR hacen funciones federales y están incurriendo en violaciones a derechos humanos en su contra.

Frente a ello, el muralista promovió un amparo y sólo espera lo que dictamine el juez de distrito para determinar si acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “No será la primera vez que México sea señalado por corrupción. Tiene que parar el cinismo con el que están operando. Lo más grave es el estado de indefensión en que nos encontramos los ciudadanos”, asentó.

En entrevista, Castellanos consideró el transcurso de estos más de 12 meses “un absoluto laberinto de simulación y abandono institucional”. Según relató, los fiscales de la Coordinación Territorial de Peralvillo de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México –que presionaban para que la FGR recibiera de nuevo el expediente al tratarse de un asunto federal– fueron removidos.

El expediente, añadió, fue enviado al “búnker” de la dependencia y actualmente está perdido. “Es el colmo de los colmos”, consideró.

La queja que presentó ante la CNDH señala como responsables a servidores públicos de la FGR y del Inbal por violaciones a los derechos de acceso a la justicia, al patrimonio, a la verdad, a la identidad y a una investigación efectiva, más lo que se derive de allí.

“No puede ser que pregonen justicia y atención a víctimas cuando están haciendo todo lo contrario. Quedan dos cosas: ineficacia y protección a funcionarios”, sostuvo.

El antecedente

El origen de este caso –el cual fue ventilado por La Jornada el pasado 16 de marzo y al que desde entonces ha dado seguimiento informativo– se remonta a principios de 2024, cuando el artista fue invitado a colaborar como docente en la Escuela de Iniciación Artística 1 del Inbal.

A pesar de que nunca impartió clases ni recibió un solo peso, al revisar su declaración fiscal en abril de 2025 –correspondiente al año anterior– descubrió que el instituto había emitido comprobantes fiscales de nómina en su nombre durante cerca de un año.

El propio Inbal reconoció, según documentos que obran en poder del afectado, la existencia de dos plazas en su nombre, cheques emitidos e incluso una renuncia que él nunca firmó. Ante ello, la FGR declaró su incompetencia argumentando que se trataba de “un asunto entre particulares y del fuero común”. Sin embargo, de manera paralela, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción –dependiente también de la FGR– inició una investigación por presuntos actos de corrupción en el Inbal y citó el pasado 19 de marzo a Castellanos en calidad de testigo, no de víctima.

“Es una contradicción absurda. La misma fiscalía me dice por un lado que no es competente y por el otro reconoce que hay delitos federales cometidos por funcionarios públicos. Me siento dentro de una novela de Franz Kafka. Es el estado de indefensión más absoluto.”

Castellanos reveló además que, pese a que la FGR pidió al Inbal cancelar los comprobantes fiscales, el instituto no lo hizo y en abril de este año, como parte del ejercicio fiscal 2025, aparecieron al menos cinco nuevos comprobantes fiscales digitales por Internet.

“Mintieron a la fiscalía diciendo que ya los habían cancelado. Ese nivel de cinismo es insoportable. Hacienda se niega a reconocer el pago de los de 2024, que son más de 70 (comprobantes)”, detalló.