El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú advierte que la expansión de operaciones ilegales amenaza la estabilidad económica, mientras la minería formal aporta el 74% de las exportaciones nacionales.

La minería formal continúa consolidándose como el principal motor de las exportaciones peruanas, pero el crecimiento acelerado de la minería ilegal representa una amenaza estructural para la institucionalidad, la seguridad y el desarrollo económico del país, advirtió Roberto Maldonado, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Entre enero y mayo de 2026, el sector minero aportó el 74% del valor de las exportaciones nacionales, generando más de US$ 33 mil millones en divisas. Esta cifra evidencia que siete de cada diez dólares que ingresaron a Perú por comercio exterior provinieron de la minería, consolidando su rol estratégico no solo como generador de divisas, sino también como fuente de empleo, desarrollo de proveedores y financiamiento de obras públicas mediante canon, regalías e impuestos.

Debilitamiento institucional por prolongación de mecanismos excepcionales

Maldonado cuestionó la continuidad del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo que fue concebido como excepcional y temporal, pero que se ha prolongado durante varios años. Señaló que «cada nueva prórroga debilita la institucionalidad, retrasa la verdadera formalización y genera incentivos para que muchos operadores permanezcan fuera del marco legal».

El directivo del IIMP enfatizó que el país requiere una política de formalización con reglas claras, plazos definidos y mecanismos efectivos que diferencien a operadores que genuinamente buscan incorporarse a la legalidad de las organizaciones criminales que utilizan estos instrumentos para continuar operando ilegalmente.

Estrategia integral contra el crimen minero

Maldonado recordó que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han advertido que la minería ilegal dejó de ser un problema localizado para convertirse en una amenaza estructural que se expande aprovechando el incremento del precio de los minerales.

Ante este escenario, el vocero del IIMP sostuvo que el Estado debe responder con una estrategia integral que combine acciones de fiscalización, inteligencia y fortalecimiento institucional. «Es indispensable fortalecer la fiscalización, asegurar la trazabilidad del mineral, controlar las plantas de procesamiento y los canales de comercialización, perseguir las finanzas de estas organizaciones criminales y brindar seguridad jurídica a quienes invierten y cumplen la ley», enfatizó.

Maldonado consideró que el próximo gobierno asumirá la responsabilidad de aprovechar el potencial del sector minero sin descuidar el combate contra la minería ilegal, consolidando así una minería formal como eje de crecimiento, empleo y recaudación fiscal para el país.

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