Cada vez que España afronta un gran incendio forestal, como los que actualmente asolan las provincias de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, resurge un viejo debate, que es quién coordinaba la lucha contra el fuego antes de que las comunidades autónomas asumieran las competencias. La respuesta conduce al Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), un organismo estatal desaparecido hace más de tres décadas.

Y es que, en situaciones como la actual, donde la magnitud del operativo, la necesidad de coordinar medios de distintas administraciones y la rápida propagación de las llamas entre comunidades han llevado a algunos a cuestionar si la descentralización de las competencias forestales es el modelo más adecuado para afrontar catástrofes de este calibre, resurgen las voces que lamentan la desparición del ICONA, el organismo autónomo nacido en 1971, dependiente del Ministerio de Agricultura, cuya misión era concentrar en una única institución toda la política forestal española.

Concretamente, este organismo se encargaba de la prevención de incendios mediante la apertura y mantenimiento de cortafuegos, la instalación de torres de vigilancia y campañas de concienciación ciudadana. También impulsó grandes programas de repoblación forestal con millones de árboles para recuperar montes degradados y frenar la erosión del suelo y gestionaba espacios protegidos, incluidos varios parques nacionales, la protección de especies amenazadas, la conservación de los recursos naturales y la lucha contra la desertificación.

Sin embargo, todo comenzó a cambiar con el desarrollo del Estado autonómico y, a partir de los años ochenta, las competencias en materia forestal fueron transfiriéndose progresivamente a las comunidades autónomas, un proceso que culminó en 1995 con la desaparición definitiva del Instituto para la Conservación de la Naturaleza. Desde entonces, la prevención y extinción ordinaria de incendios corresponde principalmente a las comunidades autónomas, que cuentan con sus propios cuerpos de bomberos forestales, agentes medioambientales y dispositivos de vigilancia. El Estado mantiene, no obstante, importantes funciones de apoyo y coordinación a través del Ministerio para la Transición Ecológica, el Ministerio del Interior y recursos como la Unidad Militar de Emergencias (UME), que interviene en las situaciones de mayor gravedad.

Sea como fuere, la discusión sobre la centralización de las competencias ha vuelto a aflorar durante la actual emergencia, en la que las llamas han obligado a declarar el nivel 3 de emergencia de interés nacional y a coordinar recursos procedentes de distintas administraciones. Los incendios de Ávila, Madrid y Toledo, que en algunos puntos han terminado confluyendo en un mismo frente, han reabierto el interrogante sobre si un organismo de ámbito estatal facilitaría la planificación y la respuesta ante fuegos que, como recuerdan los propios servicios de emergencia, no entienden de fronteras administrativas.