Cuando Bryce Martinez empezó a sentir un dolor alrededor del corazón, pensó que podría ser un ataque de asma. Pero en la enfermería de la escuela, descubrieron que su presión arterial era tan alta que lo llevaron de urgencia a la sala de emergencias. Allí, los médicos le diagnosticaron diabetes tipo 2 y enfermedad del hígado graso.

Bryce, que entonces tenía 16 años, estaba desconcertado. Había desarrollado obesidad en la primera infancia, pero hasta ese dolor de pecho, no había tenido ninguna otra señal de que algo anduviera mal con su salud. Ni siquiera sabía que los niños pudieran padecer diabetes tipo 2.

De vuelta en casa, buscó en internet información sobre sus enfermedades y devoró artículos de noticias y videos. Se enteró de que los niños estadounidenses viven en entornos alimentarios disfuncionales, donde las opciones menos saludables tienden a ser las más asequibles y accesibles. Que a medida que los padres asumían más horas de trabajo, había menos tiempo para cocinar que en generaciones anteriores. Que las empresas alimentarias llenaron el vacío con alimentos convenientes y ultraprocesados, que contienen ingredientes manipulados industrialmente que no encontrarías en la comida casera. Que estos alimentos suelen estar llenos de sal, azúcar, grasa y aditivos. A Bryce le sorprendió que los reguladores no evaluaran la salud y la seguridad de todos los aditivos alimentarios, y que las empresas pudieran poner etiquetas de saludables en comida chatarra sin valor nutricional.

La chatarra, se dio cuenta Bryce, era mucha de la comida con la que creció en Pensilvania. Incluso la comida que no parecía tan mala. Un tazón de cereal para antes de salir corriendo de casa, comercializado para niños y que a veces anunciaba fibra y nutrientes, pero que también era alto en azúcar. En la escuela, los almuerzos incluían pizza, hamburguesas y macarrones con queso. Los padres de Bryce intentaban cocinar comidas nutritivas siempre que podían, pero ambos tenían trabajos a tiempo completo. Cuando él llegaba a casa antes de que sus padres salieran del trabajo, sacaba una lata o caja de la alacena o el congelador para calentarla en el microondas: más macarrones con queso o una comida lista para calentar. Bebía jugos en bolsita para pasar las comidas. Algunos de los alimentos que consumía como golosinas (papas fritas, helado) parecían estar diseñados para que no pudiera dejar de comerlos. Antes solía culparse a sí mismo por eso.

A los 18 años empezó a entender que la responsabilidad no recaía solo en él. Martinez demandó a 11 grandes fabricantes de alimentos (incluidos Kraft Heinz, Coca-Cola, PepsiCo y Nestlé USA), y alegó alegando que el consumo de sus productos le provocó su diabetes tipo 2 y su enfermedad del hígado graso en la infancia. La demanda, presentada a finales de 2024, fue el primer caso de lesiones personales relacionado con alimentos ultraprocesados.

Desde entonces, he rastreado más de media decena de otras demandas por lesiones personales presentadas contra grandes fabricantes de alimentos, todas alegando que los alimentos ultraprocesados, diseñados para generar adicción y comercializados para niños, causaron enfermedades crónicas en alguien menor de 18 años. He seguido estos casos porque cada vez estoy más convencida de que los litigios pueden ser nuestro único camino hacia un entorno alimentario saludable.

Las encuestas muestran que en todo el espectro político, una mayoría de estadounidenses ahora cree que los alimentos ultraprocesados pueden ser adictivos, que las empresas intentan enganchar deliberadamente a los niños y que se necesita regulación. Políticas que parecían políticamente tóxicas en la era de la prohibición de los vasos gigantes “Big Gulp” en Nueva York bajo el mandato del alcalde Michael Bloomberg ahora lo parecen menos. Ashley Gearhardt, experta en adicción a los alimentos de la Universidad de Míchigan, ve la presencia de la economía del antojo en el mundo de la alimentación y más allá. “Como madre, siento que hay buitres corporativos que solo están revoloteando sobre mi cabeza esperando a que tenga un mal día, para poder lanzarse en picada y hacer que mi hijo sea un leal de por vida a su dañino producto”, dijo.

De fondo, la ciencia de la nutrición ha madurado. Los investigadores han descubierto cómo los alimentos procesados anulan las señales del cuerpo para la saciedad y la nutrición y aumentan el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y obesidad, entre otras enfermedades crónicas.

Pero esto no significa que los estadounidenses vayan a ver una nueva legislación en el corto plazo. Si bien el gobierno de Donald Trump, y en particular el ala MAHA (sigla en inglés del movimiento “Hagamos a Estados Unidos saludable de nuevo”) de Robert F. Kennedy Jr., ha tenido mucho que decir sobre los alimentos ultraprocesados, toda esa charla no ha generado nuevas regulaciones sustanciales. Pero el problema es más profundo. “Desde hace 30 o 40 años la gente habla de la naturaleza tóxica del entorno alimentario, de cómo la industria alimentaria está contribuyendo a ello y de las políticas públicas que deberían implementarse, y casi no ha pasado nada”, dijo Kelly Brownell, investigador de salud pública de la Universidad de Duke.

Conozco muy de cerca este estancamiento. He escrito sobre enfermedades crónicas y alimentación durante más de una década. Cuando la gente pregunta cómo podemos arreglar el sistema alimentario, suelo responder con alguna versión de: “exige un cambio en todos los niveles que puedas (la escuela, el lugar de trabajo, la ciudad, el país)”. Pero, para ser sincera, la lucha a menudo se ha sentido inútil cuando pienso en el poder de cabildeo de la industria global de alimentos y bebidas de 10 billones de dólares.

Fue solo al profundizar en la historia de los litigios de salud pública cuando comencé a sentir algo de optimismo. Una y otra vez, grupos de abogados astutos interesados en la salud pública y la justicia social lucharon por protecciones que los legisladores no habían logrado brindar, mucho después de que se establecieran los daños de un producto. Los litigios obligaron a una regulación sustancial de los opioides. Ayudaron a reducir el uso de pintura con plomo y asbesto, e hicieron que la conducción de autos fuera más segura. Pero el uso de litigios más plenamente desarrollado para la salud pública involucra al cigarrillo.

Durante la mayor parte del siglo XX, el público estuvo inundado de publicidad de tabaco y humo de segunda mano en formas que hoy parecen absurdas. Los anuncios de revistas mostraban las marcas de cigarrillos favoritas de los médicos. El dibujo animado Joe Camel, un “chico cool”, aparecía en la televisión para atraer a los niños. El humo llenaba los hospitales y los aviones.

A partir de la década de 1950, los denunciantes individuales se presentaron para demandar a las empresas tabacaleras. Estaba el trabajador de fábrica que fumaba dos cajetillas al día y que, al final, perdió un pulmón a causa del cáncer. Estaba la viuda que demandó por homicidio culposo en nombre de su difunto esposo, un fumador empedernido desde los 9 años. La industria se deshizo de este tipo de demandas a lo largo de la década de 1980. Pero, aunque los demandantes perdieron de forma abrumadora, como el historiador Allan Brandt detalló en The Cigarette Century, los casos se multiplicaron como una bola de nieve y llevaron a un descubrimiento de pruebas legales que pusieron a la vista documentos condenatorios de la industria.

Las empresas tabacaleras, que ajustaban con precisión los niveles de nicotina para fomentar la adicción y se dirigían a los “prefumadores” (también conocidos como niños), tenían registros que mostraban que sus productos causaban cáncer, mientras que sus ejecutivos afirmaban públicamente lo contrario. Los documentos que salieron a la luz en la fase de descubrimiento de pruebas no solo dejaron al descubierto el engaño y la hipocresía de la industria, sino que también desmintieron la afirmación de que fumar era una cuestión de responsabilidad personal. Y lo que es más importante, impulsaron litigios masivos por daños y perjuicios y dejaron a los gobiernos sin otra alternativa más que actuar.

En la década de 1990, los fiscales generales de los estados comenzaron a demandar a las empresas tabacaleras por una crisis de salud pública que, en gran medida, los contribuyentes terminaron pagando. El acuerdo global resultante restringió el mercadeo del tabaco y ordenó que las empresas pagaran miles de millones en daños a los estados. Los legisladores finalmente tuvieron las municiones políticas para restringir de manera significativa el tabaquismo. Limitaron el acceso a los productos de tabaco y aumentaron los impuestos a los cigarrillos. Las tasas de tabaquismo en adultos se han desplomado del 42 por ciento en 1965 al 9 por ciento en 2025.

La demanda de Bryce Martinez fue desestimada en un Tribunal Federal de Distrito el año pasado porque el juez, aunque “profundamente preocupado” por los efectos de los alimentos ultraprocesados en los niños, al final estuvo de acuerdo con la afirmación de los demandados de que no había evidencias suficientes para demostrar que productos específicos causaron las enfermedades de Martinez. (Los demandados, en su moción conjunta para desestimar el caso, también argumentaron que sus productos son seguros, están regulados a nivel federal y cumplen la ley).

En junio, el juez denegó la moción de Martinez de enmendar el caso con detalles adicionales. Sus abogados de la firma Morgan & Morgan afirman que planean apelar la desestimación y continuarán presentando demandas similares en todo el país. Mientras tanto, los otros casos siguen avanzando. Nada de esto será fácil.

Brandt, el historiador, me dijo hace poco que esperara más derrotas. Con el tabaco, hubo cientos de casos perdidos, y esos casos eran más simples porque solo requerían probar que un solo producto enfermó a alguien. Aun así, Brandt es optimista respecto a los litigios contra la industria alimentaria. Los estadounidenses se están volviendo “cada vez más escépticos, y de manera justificada, sobre que la industria esté actuando en torno a los alimentos a favor del interés del público”, dijo. Él cree que estamos entrando en la era de los juicios del tabaco, pero con las grandes empresas de la industria alimentaria.

Los expertos en derecho y en salud pública con los que hablé ven el mayor potencial en que las ciudades y los estados tomen medidas. En diciembre del año pasado, el fiscal de la ciudad de San Francisco anunció una demanda sin precedentes en nombre del pueblo de California contra las mismas 11 empresas alimentarias a las que Martinez demandó. Esa demanda alega que las empresas empeoraron una crisis de salud pública que afecta a un gran segmento de la población y que presiona los presupuestos de salud (se calcula que el costo de la diabetes por sí sola en California asciende a unos 47 millardos de dólares). Creo que otras jurisdicciones, que también se enfrentan a costos crecientes, deberían seguir su ejemplo con sus propias demandas.

Incluso si estos casos cobran fuerza y algunos se ganan, las grandes empresas de la industria alimentaria no desaparecerán. Pero litigios como el de Martinez podrían motivar a los legisladores a obligar a las empresas a actuar en interés del público, como lo planteó Brandt, fomentando la capacidad de decisión individual en lugar de erosionarla. Esto podría significar impuestos, etiquetas de advertencia y requisitos de reformulación para reducir el consumo de alimentos poco saludables, y —de manera fundamental— subsidios y un mejor acceso a opciones saludables.

Si las jurisdicciones presentan demandas, tal vez incluso aprendamos algunas cosas en la fase de descubrimiento de pruebas legales. ¿Qué saben los fabricantes de alimentos sobre el cerebro de los niños y sobre cómo atraerlos? ¿Qué saben sobre cómo incluir la cantidad justa de azúcar o la medida perfecta de textura crujiente para que la gente no pueda dejar de comer?

Da la casualidad de que ya conocemos algunos fragmentos a través de los documentos sobre el tabaco. Philip Morris compró Kraft en 1988 y, un poco antes, RJ Reynolds adquirió importantes marcas de alimentos y se fusionó con Nabisco. Los documentos del tabaco muestran que las tabacaleras aplicaron sus conocimientos sobre optimización de sabores, mercadeo juvenil y química del cerebro a los alimentos ultraprocesados para aumentar sus ganancias.

A diferencia de los primeros demandantes del tabaco, Martinez se enfermó cuando era niño. Lo hizo en un hogar donde él no compraba la comida, en un sistema alimentario que él no diseñó. Cuando salió del hospital tras su dolor de pecho hace unos años, regresó a la escuela y se enfrentó a una nueva realidad. Inyectarse insulina se sentía incómodo, cuenta, y provocaba que la gente le hiciera preguntas que no siempre quería responder.

Hoy controla sus enfermedades con un medicamento GLP-1, pero a sus 20 años está preocupado por el futuro. ¿Conseguirá un trabajo con un seguro médico que cubra sus facturas médicas? Cuando le pregunté qué deseaba haber sabido sobre la comida cuando era niño, dijo: “Al final, la comodidad tiene un precio”.

Eso aún puede estar poniendo demasiada carga en el consumidor. Parafraseo una pregunta que el excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, David Kessler, hizo durante los juicios sobre el tabaco. ¿De quién es la elección que está impulsando la demanda de alimentos ultraprocesados en Estados Unidos? ¿Es una elección de los consumidores seguir consumiéndolos? ¿O de las empresas alimentarias para mantener la dependencia del público hacia ellos?