La Xunta defenderá ante el Tribunal de Justicia europeo la tramitación ambiental de los …
Santiago de Compostela, 28 de octubre de 2024
La Xunta participará en el procedimiento de consulta iniciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la tramitación de los proyectos eólicos en Galicia para defender el rigor del trabajo realizado y su adecuación al marco normativo sectorial vigente. Así lo acordó el Consello esta mañana, tal como y explicó la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, por lo que ahora la «Asesoría Jurídica General será la que fije los pasos necesarios para formalizar nuestra personación como parte antes de 5 de noviembre», cuando vence el plazo para hacer alegatos en la cuestión perjudicial sobre los eólicos presentada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el pasado junio.
En concreto, el principal argumento de la Xunta para defender que las autorizaciones de parques eólicos concedidas en los últimos años se hizo con plenas garantías es que ni la normativa europea ambiental (la Directiva 2011/92/UE) ni la ley estatal que la traspuso (la Ley 21/2013 de evaluación ambiental) imponen que la fase de consulta a las autoridades competentes se tenga que hacer antes de someter el proyecto a la información pública.
En este sentido, Vázquez recordó que el Tribunal Supremo avaló la tesis de la Xunta en dos sentencias recientes sobre el parque eólico de Corme -anulado por el TSXG- al concluir que ninguna de estas dos normas deber a solicitar los informes sectoriales necesarios en el marco de la tramitación antes de iniciar la fase de información al público en general.
Con su decisión de intervenir de forma directa en el procedimiento ante lo TJUE, el Gobierno gallego quiere defender que la tramitación realizada aplica la ley básica estatal que cumple con la normativa comunitaria y que se viene empleando de la misma forma desde 2013. Lo hará, además, «de forma coordinada con el Gobierno central», que también fue emplazado en la cuestión perjudicial y ya se presentó en el procedimiento en defensa de la transposición de la directiva que hizo en su día cuando se aprobó la norma ambiental de 2013.
De hecho, «en los 11 años de vigencia de la Ley de evaluación ambiental estatal ningún tribunal español albergó dudas sobre se el procedimiento fijado en esta norma se ajustaba al derecho comunitario», indicó Ángeles Vázquez.
Fue el TSXG el primero en cuestionarlo a través de sucesivos pronunciamientos sobre las autorizaciones eólicas otorgadas en Galicia en los últimos años, ya que hace una interpretación propia de la Directiva de evaluación de impacto ambiental del Parlamento y del Consejo Europeo que contraviene el procedimiento de información y consulta pública simultáneo que lleva a cabo la Xunta en aplicación de la ley estatal.
Con base en esta interpretación, precisamente, y obviando por completo la opinión del Supremo «que en las sentencias mencionadas le quitaba la razón», el Alto Tribunal gallego decidió presentar ante el TJUE una cuestión perjudicial para que dé su opinión.
En este sentido, «la decisión que tome la Justicia europea con relación a la tramitación eólica en Galicia será clave, dado que clarificará definitivamente se el procedimiento aplicado en España desde 2013 a las evaluaciones ambientales de todo tipo de planes y proyectos es correcto -tal y como defiende la Xunta- o si bien la norma estatal que lo regula no recogió adecuadamente la normativa comunitaria sectorial», apuntó la conselleira.
Este pronunciamiento permitirá sentar doctrina y acabar así con la actual situación de inseguridad jurídica que afecta al sector eólico en Galicia, pero tendrá una trascendencia aún mayor por sus implicaciones en el conjunto de España y en el resto de países de la UE, con normativas ambientales propias con transposiciones similares.
Cerca de un ciento de parques autorizados afectados
En la actualidad, tal y como indicó Ángeles Vázquez, «la Comunidad cuenta con un total de 190 parques eólicos en funcionamiento, que suman una potencia de 3.931 MW». En todo caso, hace falta recordar que el Plan sectorial eólico de Galicia prevé la implantación de 6.500 MW de potencia eólica y en la Agenda energética gallega se fijó como objetivo alcanzar en el horizonte del año 2030 los 8.000 MW, por lo que aún hay margen para la implantación de nuevos parques.
Sin embargo y debido a la situación de bloqueo judicial y administrativo que afecta al sector en Galicia, «en la actualidad hay alrededor de un centenar de parques eólicos autorizados pero contra los cuáles se recurrió, y de ellos un total de 68 ya fueron suspendidos en la vía judicial», explicó.
Precisamente, el bloqueo en la implantación de nueva potencia eólica fue el tema central del viaje que realizó la propia conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático el mes de septiembre pasado a Bruselas, donde expuso la gran preocupación de la Xunta ante la parálisis que sufre este sector en la Comunidad, debido al goteo constante de recursos judiciales contra las autorizaciones de nuevos parques emitidas en los últimos años.
De hecho, «la Comunidad pasó de ser líder en España en potencia eólica instalada a caer hasta la cuarta posición», apuntó Vázquez. Un retroceso que tiene su razón principal en la parálisis que afecta este sector de forma particular y que le impide avanzar a la vez nos objetivos de descarbonización y lucha contra lo cambio climático que promulgan todas las instituciones comunitarias para el conjunto de regiones y Estados miembros.
Hace falta recordar que, en línea con la normativa europea en materia de transición energética y aceleración de los proyectos de energías renovables y con el llamado Plan REPowerEU, que se fija cómo objetivo que la UE sea energéticamente independiente, la Ley gallega de medidas fiscales y administrativas de 2023 declaró de interés público superior a planificación, construcción y explotación de los parques eólicos de competencia autonómica con el fin de agilizar su tramitación.
Con ese mismo objetivo, la futura Ley de administración ambiental simplificada de Galicia «que la Xunta prevé elevar al Parlamento para su aprobación en el año 2025» buscará avanzar también en la agilización de los trámites de proyectos de especial interés y trascendencia para la comunidad, entre los cuales destacan particularmente aquellos relacionados con la apuesta por las energías limpias.