Cuba: a pesar de la represión, las personas siguen saliendo a protestar
Johanna Cilano, investigadora de Amnistía Internacional para el Caribe, visita España con motivo del nombramiento de cuatro personas presas de conciencia de Cuba y del recrudecimiento de la represión tras las masivas protestas que se vivieron en la isla en julio de 2021.
Su visita a España se debe a la declaración de cuatro nuevos presos de conciencia en Cuba, ¿por qué Amnistía Internacional decide esta nueva designación?
Según organizaciones de derechos humanos de Cuba hay alrededor de mil personas presas relacionadas con protestas o motivos políticos. Para Amnistía siempre es un dilema hacer la selección de las personas presas de conciencia. Los cuatro son casos que consideramos paradigmáticos, tanto su conducta como la forma en que han sido castigados solamente por defender sus derechos es emblemática y comparten el destino de otros centenares de personas. Esto nos va a permitir movilizar la solidaridad y la atención sobre la situación que se está viviendo en Cuba. Son cuatro personas además que tienen una trayectoria relevante, y han sido castigadas de forma ejemplarizante.
¿Quiénes son estas cuatro personas y qué amenazas pueden enfrentar en el futuro?
El opositor político histórico Félix Navarro que fue detenido cuando fue a comisaría a preguntar por otros miembros de su movimiento. También hemos declarado a su hija, Sayli Navarro, fundadora del movimiento Damas de Blanco y que ha vivido toda su vida marcada por la represión política y que participó en las protestas 2021. El joven Luis Robles, del movimiento artístico San Isidro, que levantó un cartel en La Habana pidiendo el fin de la represión y la liberación de un artista. Y por último Roberto Pérez, que como decenas de miles de personas se manifestó el 11 de julio de 2021 a expresar sus deseos de cambio y de un nuevo futuro para Cuba. Los cuatro han sido condenados y están en la cárcel. Félix y Roberto tienen además graves problemas de salud, y las cuatro familias has sufrido amenazas por estar exigiendo su libertad.
Ilustración de los cuatro POC cubanos nombrados en octubre de 2024, Félix Navarro, Sayli Navarro, Roberto Pérez Fonseca y Luis Robles. © Julio LLopiz-Casal / Amnesty International
¿Cómo han afectado las reformas del Código Penal de los últimos años en los derechos civiles de la sociedad cubana?
Hace justo dos años, en diciembre de 2022, entró en vigor un nuevo código penal que tiene como primer objetivo darle amparo legal a prácticas que durante mucho tiempo había usado el gobierno para reprimir a la disidencia, a artistas, opositores políticos, ampliando el marco de acción de ciertos delitos como el mercenarismo. Incluyó además la pena de muerte para más delitos de carácter político, recrudeció las penas para delitos que se utilizan para reprimir la disidencia como desacato y desobediencia, y que están descritos de forma muy vaga. Es además un código que da cuenta de la importancia que ha tenido en los últimos años internet y las redes sociales. Por ejemplo, “instigación a delinquir” es un delito que se utiliza mucho para castigar a personas vinculadas a protestas. Hay personas sentenciadas a 15 años de cárcel por compartir un post o un video de una protesta en redes sociales.
“Hay personas sentenciadas a 15 años de cárcel por compartir el video de una protesta en redes sociales”
También este código penal amplió la posibilidad de sancionar a quienes tuvieran funciones de liderazgo en organizaciones no reconocidas por el estado. Y casi cualquier asociación es considerada contraria al estado, desde hace más de una década no se autoriza la creación de nuevas organizaciones. Y también se penaliza la recepción de cualquier tipo de financiación para diferentes actividades como pueden ser el periodismo independiente.
Como decías, podría haber en la isla más de 1.000 personas condenadas por motivos políticos, ¿en qué situación se encuentran?
Lo primero que hay que decir, el gobierno cubano se ha negado a permitir el acceso de organismos internacionales a las cárceles cubanas. Por ejemplo, la última visita de Amnistía Internacional a una cárcel fue en 1987. Los familiares de personas presas, tanto de delitos comunes como de delitos políticos, sistemáticamente denuncian las pésimas condiciones en que se encuentran las cárceles: escasez de alimentos, limitaciones para hacer llegar medicamentos, falta de agua, insalubridad. Así, muchas veces la alimentación y el aseo dependen de lo que las familias pueden llevar a los centros.
Especialmente a presos por motivos políticos, hay denegación de visitas o cancelaciones a última hora, con el agravante de que muchas veces les ubican en prisiones lejos de sus familiares. Un caso paradigmático es el preso de conciencia José Daniel Ferrer. Preso desde el 11 julio de 2021, ha estado prácticamente en confinamiento solitario desde entonces y durante este último año su familia lo ha podido ver una sola vez durante un minuto. No tiene derecho a llamadas telefónicas, ni se puede comunicar con otras personas presas, a veces ni quiera le permiten hablar con los guardias. Y tenemos varias denuncias de muertes en la cárcel por retrasos en recibir atención médica.
Hay además una instrucción del Tribunal Supremo de mirar de manera restrictiva los beneficios penales para las personas presas por haber participado en protestas o por razones políticas. Esto implica por ejemplo que se niega la licencia extrapenal por padecimientos médicos graves. Y también se les puede negar la libertad condicional aunque se cumplan los requisitos.
¿Cómo ha afectado esta represión a las personas y organizaciones que reclaman más derechos en el país?
La represión a las protestas de 2021 fue brutal. Los días posteriores a las protestas se llegaron a documentar casi 2.000 detenciones y hubo un acoso a activistas, defensores de derechos humanos, intelectuales, líderes históricos de la oposición aunque no hubieran participado directamente en las manifestaciones, así como a periodistas y medios independientes.
Esto ha implicado que hayan salido del país 150 personas calificadas de defensoras de derechos humanos en el 2023. Y desde las protestas de 2021 han salido del país un millón de personas, muchas de las cuales dicen que la represión a las protestas junto a las difíciles condiciones de vida dejan como única salida la migración. Eso ha dejado una herida muy fuerte dentro del activismo y los movimientos sociales, pero a pesar de eso, las personas siguen saliendo a protestar en Cuba. Ha habido un aumento de las protestas, quizá no con la magnitud de julio de 2021, pero hubo protestas de cierta relevancia en 2022, en 2023 y 2024 que han sido reprimidas. Pero, a pesar de los esfuerzos del gobierno en mostrar que puede castigar estos comportamientos, siguen surgiendo nuevos activismos, nuevas formas de articulación y nuevas personas que hacen periodismo. De hecho, en los últimos tres meses hemos visto una nueva ola represiva enfocada en medios independientes, periodistas jóvenes, activistas vinculados a libertad sexual y colectivos animalistas. Hay una herida grave, pero me quedo con esa capacidad de resistencia que siguen demostrando las personas en Cuba.
La Habana, Cuba. © Unsplash
¿Qué podrían hacer frente a esta situación el resto de Estados y, en particular, la Unión Europea?
Para Amnistía Internacional es imprescindible que haya pronunciamientos y exigencias más claras al gobierno cubano para que liberen de manera inmediata e incondicional no solo a las personas presas de conciencia sino a todas aquellas que están encarcelas injustamente por defender derechos como la libertad de expresión. Es también muy importante que haya una exigencia permanente al Gobierno para que cese este ambiente de hostigamiento y detenciones a defensores, periodistas y activistas, que retire esta legislación que da más posibilidades de represión, que permita la entrada al país de relatores especiales de la ONU.