Carta abierta a las Cortes Generales: «Hay que revisar el sistema de seguridad nacional y de protección civil»

Estimados diputados y estimadas diputadas:
Estimados senadores y estimadas senadoras:

La catástrofe de la DANA de 2024 va camino de convertirse en el peor desastre natural en décadas en Europa. El imperativo es responder a la infinidad de urgencias que asolan a la población valenciana y de otras regiones. Las necesidades extremas de miles de víctimas exigen una intervención inmediata y eficaz por parte del Estado, y ayuda humanitaria por quienes no podemos estar sobre el terreno. Más adelante se requerirá conocer qué falló y por qué con el fin de mejorar la prevención, mitigación y respuesta a emergencias de esta magnitud. Con toda la cautela, queremos apuntar algunas ideas esenciales. 

«La sensación que impera entre la ciudadanía es que sus representantes políticos están lejos de desempeñarse con lealtad institucional»

En este terrible contexto, resulta esencial revisar la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta norma establece los principios rectores del sistema son los de “colaboración, eficiencia y solidaridad interterritorial” entre todas las administraciones, con el fin de ofrecer una respuesta coordinada frente a cualquier emergencia que ocurra. En la norma están claros los parámetros de actuación esperados. Desgraciadamente, la sensación que impera entre la ciudadanía es que sus representantes políticos están lejos de desempeñarse con tal lealtad institucional. Se esperan respuestas y no un infructuoso achaque mutuo de (in)competencias que desemboca en una parálisis de acción.

Esta grave crisis también está tensionando brutalmente, de nuevo, la organización territorial. El sistema nacional de protección civil en España está distribuido entre las distintas comunidades autónomas, mientras que el ejecutivo central, a través del Ministerio del Interior, retiene una competencia subsidiaria y de apoyo. No obstante, el sistema se encuentra notablemente infradesarrollado, con sistemas de alarma implementados solo recientemente —como las alertas móviles— y con centros de respuesta equipados para gestionar contingencias locales, pero no preparados para enfrentarse a desastres de entidad mayor. La ausencia de estrategias de intervención a gran escala es evidente, y uno de los recursos más significativos con los que cuenta el sistema nacional se encuentra en Defensa: la UME.

«La implementación es endiablada, por lo que se deberán revisar todos los puntos de ‘fractura’ entre administraciones y repensar competencias, qué responsabilidad del nivel local y autonómica, cuál del nacional»

Por su propia naturaleza, un desastre de estas características atraviesa todo el territorio e implicada a todos los niveles de la administración y sus diferentes agencias y organismos. Es un desafío horizontal —territorio— y vertical que multiplica los puntos de decisión, alargando las cadenas de decisión, y complicando el mando y control de la respuesta a una catástrofe así. La implementación es endiablada, por lo que se deberán revisar todos esos puntos de “fractura” entre administraciones y repensar competencias, qué responsabilidad del nivel local y autonómica, cuál del nacional. 

En una calamidad tal, se exige lealtad institucional y coordinación. Pero también liderazgo. No es aceptable jugar a la confusión por parte de los líderes políticos; como ejemplo, el despliegue de las Fuerzas Armadas. Sí, la normativa permite que las comunidades autónomas soliciten asistencia y recursos al Estado y ahí los militares pueden intervenir a petición de la autoridad autonómica competente —sin entrar en detalles sobre los distintos niveles de emergencia—. Cuando y por qué se solicitó son preguntas pertinentes. No obstante, si desde el Ministerio de Interior y el comité de crisis constituido se estima que las capacidades están sobrepasadas, puede declararse una emergencia como “de interés nacional” e intervenir desde el nivel central. La solicitud anterior ni es requisito previo ni condiciona dicha declaración. La Ley 17/2015 habilita para ello, sin necesidad —o sin perjuicio— de que se recurra al estado de alarma. Conforme al Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (2020), Interior asume la coordinación de todas las operaciones, incluyendo a las Fuerzas Armadas, aunque la cadena de mando natural de los militares se mantenga. 

«Cuando y por qué se solicitó al Ejército son preguntas pertinentes. No obstante, si desde el Ministerio de Interior y el comité de crisis constituido se estima que las capacidades están sobrepasadas, puede declararse una emergencia como “de interés nacional” e intervenir desde el nivel central»

Por tanto, hay una lógica jurídica y competencial detrás de las acciones desarrolladas —su grado de acierto merecerá otro análisis—. Pero para la población resulta muy difícil de comprender la tardía respuesta con base en disputas competenciales: el principio de eficiencia mencionado, la eficacia misma, aunque sea en frío lenguaje administrativo que en nada consuela a las víctimas, se ha vulnerado. La realidad es que por comisión o por omisión, se ha tardado días en enviar una ayuda militar que, por las capacidades que aporta, es crítica. La comunicación tampoco ha estado a la altura. Se ha evidenciado una alarmante falta de conciencia sobre la importancia de una comunicación prudente y transparente en situaciones de riesgo. Se han visto terribles disfuncionalidades en la ayuda del Estado en una situación históricamente grave.

Permítanme elevar un poco más la mirada: es perentorio revisar la cultura organizativa que implica la seguridad nacional. El sistema, y en particular el de protección civil, se basa en demasiados puntos basados en el voluntarismo político. Las emergencias civiles, con sus múltiples niveles de responsabilidad, requieren de buena voluntad entre las administraciones; sin embargo, esta cooperación suele fallar, ya sea por razones prácticas —p.ej.: por especialización— o por motivos espurios. La falta de una sólida cultura de gestión de riesgos, que llevamos años no obstante discutiéndose en los foros especializados, es otro obstáculo importante; pareciera que este sistema nunca llega a desarrollarse completamente, atrapado por las urgencias del día a día. Sirvan estas líneas como apuntes fundamentales sobre los que se debería trabajar.

«El sistema, y en particular el de protección civil, se basa en demasiados puntos basados en el voluntarismo político»

Por cierto, la Ley 17/2015 también menciona el deber de colaboración por parte de la ciudadanía. En este caso, la sociedad valenciana y de otras regiones ha demostrado que no hacía falta disposición legal alguna.