El Banco de España advierte que el impuesto a la banca puede penalizar el crédito a las pymes y las inversiones
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha advertido este jueves que el nuevo impuesto a la banca puede penalizar la concesión de crédito a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las inversiones al gravar los ingresos de las entidades y no las provisiones.
«Hay que tener cuidado de que deje de ser neutral con ciertos negocios bancarios», ha afirmado Escrivá durante su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados como gobernador, en referencia a que el préstamo a las pymes es algo «más arriesgado» que a las grandes empresas.
Según ha explicado, el mayor riesgo hace que esta actividad aporte más al margen de intermediación de las entidades, lo que elevaría la cuota a pagar por el impuesto, aunque esa misma actividad luego requiere que el banco provisione más.
El que fue ministro del Gobierno de coalición ha aclarado que en la tramitación de la medida no se ha pedido opinión a la institución que preside, aunque sí se podría haber hecho. Aprobada dentro de un amplio paquete fiscal, la reforma supone un nuevo diseño del impuesto al sector que incluye un tipo progresivo que grava el margen de interés y las comisiones netas con hasta un 7%.
Gravar las provisiones mejor que los ingresos
Sin opinar sobre la conveniencia de crear el impuesto extraordinario a la banca, Escrivá ha analizado los posibles «efectos indeseados y no buscados» por el legislador y, en ese sentido, ha señalado que se grave los ingresos de las entidades. En su lugar, se ha mostrado más a favor de que se tuviera en cuenta las provisiones y «más abajo en la cuenta de resultados».
Además, ha alertado de que en un mundo con negocios mayoristas e internacionales crecientes, los bancos españoles tienen que hacer esfuerzo en inversiones en tecnología para no perder «tracción» en el mercado y poder estar en condiciones de participar, llegado el momento, en fusiones europeas. Es importante, ha añadido, que esas inversiones «no se vean penalizadas», para lo que de nuevo ha considerado preferible no gravar los ingresos, como ha aprobado este jueves el Congreso de los Diputados.
En todo caso, el gobernador ha defendido que las decisiones sobre impuestos tienen que tomarse «en el ámbito democrático«, es decir, en las Cortes, porque estos tiene efectos redistributivos. Los bancos centrales, ha añadido, están «muy limitados» a opinar al respecto.
Aun así, ha recordado que el Tratado de la Unión Europea establece que cualquier normativa de un país que afecta a los bancos requiere de la opinión del Banco Central Europeo (BCE), por lo que Escrivá supone que se pronunciará si el impuesto se hace permanente.
Escrivá cree que está garantizada la sostenibilidad de las pensiones
Por otro lado, Escrivá cree que la sostenibilidad del sistema de pensiones, que él mismo reformó, está garantizada, aunque ha recordado que será la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) quien evaluará el próximo año esta cuestión.
«La ley de pensiones establece claramente que será la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal la que, a lo largo del año que viene, hará una evaluación de si se dan las condiciones de sostenibilidad, que yo creo que están garantizadas por la cláusula de salvaguarda», ha recordado el gobernador en su comparecencia.
Esta cláusula establece que se estabilizará el gasto en pensiones en torno al 13% del PIB hasta el año 2050, un nivel que tanto las Cortes Generales como la Comisión Europea han considerado que es adecuado. «Eso tiene que ser así. Está en una ley que se ha acordado por este Parlamento y que, además, se ha acordado en el contexto del Pacto de Toledo el conjunto de medidas que tienen que acompañar a esa ley», ha enfatizado.