Reactivar la minería podría generar desplazamientos, pérdida de tierras y enfermedades
La Red Trinacional por el Rescate del Río Lempa mostró su preocupación por las implicaciones de la práctica; entre ellas porque una mina de oro puede requerir hasta 700 litros de agua por cada gramo de oro producido
Contaminación y presión sobre los recursos hídricos e impacto social, económico, en la biodiversidad, y salud humana, son algunos de los riesgos que están asociados a la reactivación de la minería metálica, denunció, el viernes, la Red Trinacional por el Rescate del Río Lempa durante una conferencia de prensa.
La postura en contra de una posible reactivación de dicha actividad en el país se suma a la ya realizada por entidades como la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y la Conferencia Episcopal de El Salvador que emitió un comunicado que fue firmado por once obispos de El Salvador y el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas.
El presidente Bukele ha mostrado sus intenciones de que el país retome dicha actividad, prohibida por ley desde el 2017, bajo el argumento que “tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por km² (kilómetro cuadrado) en el mundo”.
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Además de que estudios realizados en sólo el 4% del área potencial, identificaron 50 millones de onzas de oro, valoradas en $131,565 millones; lo que equivale al 380% del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador.
La zona potencial se ubica en el Anillo de Fuego del Pacífico, que es “una de las zonas más ricas en recursos minerales gracias a su actividad volcánica”.
La Red Trinacional por el Rescate del Río Lempa mostró “su preocupación por las graves implicaciones” que la práctica tendría en la gestión de la cuenca del río Lempa, que es una fuente esencial de agua dulce para millones de personas de tres países: El Salvador, Guatemala y Honduras.
La cuenca proporciona agua para diferentes usos, entre ellos, el consumo humano, riego agrícola, la generación de energía eléctrica y otros servicios ecosistémicos.
La Red expuso que la minería metálica, sobre todo la de oro, implica la liberación de metales pesados y químicos tóxicos, incluidos el cianuro y el mercurio, en los cuerpos de agua.
“Aunque se promueve la minería ‘sin mercurio’, el Convenio de Minamata advierte que su eliminación total es compleja, especialmente en operaciones de gran escala, mientras que alternativas como la cianuración también presentan riesgos significativos de contaminación. Además, la minería consume grandes cantidades de agua, con informes de la UNEP que señalan que una mina de oro puede requerir hasta 700 litros de agua por cada gramo de oro producido, comprometiendo la disponibilidad de agua para consumo humano y agricultura”, señaló en un comunicado.
En el 2017, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, convirtiéndose en el primer país en prohibir la minería metálica, impidiendo la exploración, extracción y procesamiento de minerales metálicos, así como el uso de químicos tóxicos como cianuro y mercurio.
Dicha prohibición fue calificada por Bukele como “¡Absurdo!” y agregó que “esta riqueza, dada por Dios, puede ser aprovechada de manera responsable para llevar un desarrollo económico y social sin precedentes a nuestro pueblo”.
También mostró su intención de solicitar a la Asamblea Legislativa que se derogue la ley.
Sin embargo, su aprobación fue producto de la resistencia activa de comunidades afectadas, el respaldo de la sociedad civil e instituciones nacionales e internacionales.
Para entonces, la minería en El Salvador había evolucionado de la minería artesanal a la minería industrial; pero colapsó durante la Guerra Civil.
Tras los Acuerdos de Paz, el gobierno designó 33 zonas para exploración minera y otorgó licencias a empresas extranjeras, generando fuerte oposición en Chalatenango y Cabañas, lo que contribuyó a la aprobación de la ley en 2017.
La Red señaló que la protección de la cuenca del río Lempa es fundamental para la seguridad hídrica y la resiliencia climática de la región.
Ésta abarca aproximadamente el 56% de la superficie de El Salvador, “siendo una fuente esencial para la vida y la economía local”.
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Dicha región coincide con el cinturón de oro salvadoreño, que es una zona rica en yacimientos de minerales metálicos, especialmente en los departamentos de Chalatenango y Cabañas.
“La explotación minera en estas áreas tendría un impacto directo en la cuenca. Entre los principales problemas se encuentran la deforestación, que reduce la cobertura vegetal esencial para la captación de agua; la contaminación por vertidos de aguas residuales y agroquímicos, que degrada la calidad del agua; y la sobreexplotación de los recursos hídricos, que pone en riesgo su disponibilidad para consumo humano y actividades productivas”, señaló en el comunicado.
Además que la introducción de actividades mineras metálicas podría comprometer la disponibilidad de agua limpia y segura para millones de personas en la región trinacional.
“La protección de esta cuenca es vital para garantizar la seguridad hídrica, la sostenibilidad de los medios de vida y la conservación de los ecosistemas acuáticos que dependen de ella”, señaló en otra parte.
Entre las preocupaciones por una posible reactivación minera en el país está que la exposición a metales pesados, como el mercurio y el cianuro, puede provocar enfermedades respiratorias, déficit cognitivo, daños neurológicos e intoxicación aguda.
Mientras que las comunidades cercanas a proyectos mineros están en riesgo constante de padecer estas afecciones, especialmente niños y personas mayores, quienes son más vulnerables a los efectos tóxicos.
También expuso que la expansión de la minería puede generar desplazamientos forzados de comunidades, la ruptura de la cohesión social y la pérdida de tierras destinadas a la agricultura, afectando la seguridad alimentaria, la economía local y las tradiciones culturales.
Finalmente hizo un llamado a un diálogo nacional con las instituciones del Estado, la cooperación internacional, los gobiernos locales, la academia, las organizaciones de sociedad civil e iglesias.
“Proponemos la creación de una mesa de diálogo permanente que promueva soluciones conjuntas y el seguimiento de compromisos claros y verificables”, concluyó.