Bukele sigue mutilando el presupuesto a Medio Ambiente – Gato Encerrado
El presupuesto de esta cartera del Estado quedó distribuido con un 33% destinado a la dirección y administración institucional, el 32% al manejo sostenible de los recursos naturales, el 35% es para apoyo a instituciones adscritas, como la Autoridad Salvadoreña del Agua, y tan solo el 1% para proyectos de medio ambiente.
Para el abogado de la organización Reverdes, Alejandro Henríquez, más allá del recorte presupuestario, es importante tomar en cuenta la distribución de los fondos que dispondrá este ministerio para 2025.
“Si la mayor parte de ese presupuesto fuese para la conservación de áreas naturales, para su adecuado manejo, para la conservación, restauración y protección de los bienes naturales, a pesar de la reducción, tal vez podría ser un presupuesto bien ejecutado. Pero la mayor parte de este presupuesto va (dirigido) para la agilización de trámites de aprobaciones de estudio de impacto ambiental y su consiguiente emisión del permiso ambiental. El tema del presupuesto hay que verlo no solamente en términos de cantidad, sino hacia dónde va y cómo se va a ejecutar”, explicó Henríquez a esta revista.
Según la memoria de labores del MARN de junio de 2023 a marzo de 2024, la Gerencia de Evaluación Ambiental aprobó 1,128 solicitudes de permisos ambientales para actividades, obras y proyectos. El documento aclara que esos permisos equivalen a una inversión de $1,609.76 millones durante el mismo periodo, pero no brinda detalles de las personas o empresas beneficiadas, ni las posibles consecuencias ambientales.
Bajo la administración de Bukele, el MARN se ha caracterizado por emitir permisos ambientales a un ritmo acelerado por orden directa del mandatario. Apenas una semana después de asumir la presidencia en junio de 2019, mientras inauguraba el sexto hangar en el aeropuerto internacional Monseñor Romero, Bukele ordenó al ministro de Medio Ambiente, Fernando López, firmar y autorizar en un plazo de 100 días todos los permisos ambientales que estaban en revisión, bajo el argumento de que eso impedía que “miles de millones de dólares” ingresaran a la economía salvadoreña.
