El rechazo de DKV y Adeslas deja el modelo Muface al borde del abismo
La viabilidad del modelo sanitario de Muface, que permite a los funcionarios elegir entre la sanidad pública o una cobertura privada financiada con dinero público, lleva cerca de un año en la cuerda floja. La reciente negativa de DKV junto a la de SegurCaixa Adeslas a participar en el concurso público para 2025 han dejado a Asisa como la única entidad que podría garantizar la continuidad del sistema. Llegados a este punto, en caso de que Asisa también optara finalmente por no presentarse, el Ministerio de Función Pública se vería obligado a plantear una tercera licitación, previsiblemente con una inyección económica todavía mayor, si quiere mantener a flote el servicio sanitario privado para los mutualistas. Un escenario que no resultaría demasiado sorprendente dado que fue justamente lo que ocurrió en la anterior licitación: quedó desierta.
Todo apunta a que el rechazo de DKV a participar es un síntoma de los problemas estructurales que arrastra Muface. La aseguradora justificó su decisión al considerar insuficientes las condiciones financieras ofrecidas por el Gobierno –las cuales contemplan la mayor subida registrada en la historia, con 957 millones de euros adicionales–. Con todo, las aseguradoras no han justificado, según una consulta preliminar de mercado llevada a cabo por la propia mutualidad, la necesidad de este incremento. «En 2023, las aseguradoras obtuvieron ganancias de 10.500 millones de euros, de los cuales solo el 17% provino del mutualismo administrativo», denuncian desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).
El ministro Óscar López ya ha reconocido públicamente la seriedad de la situación, admitiendo que Muface depende de una financiación pública cada vez mayor, con más de 1.000 millones de euros invertidos anualmente en mantener este modelo que beneficia a unas 1,5 millones de personas.
Muface ha sido acusado por parte de las organizaciones en defensa de la sanidad pública de perpetuar una «privatización encubierta»
El sistema, que en sus orígenes buscaba ofrecer ventajas exclusivas a los funcionarios, ha sido criticado por parte de las organizaciones en defensa de la sanidad pública por perpetuar una «privatización encubierta». Es más, la FADSP, por ejemplo, ha señalado que Muface no sólo desvía recursos públicos hacia aseguradoras privadas, sino que también genera desigualdades entre los propios ciudadanos y usuarios, dado que la calidad de los servicios ofrecidos por las mutuas puede variar según la región.
Un parche temporal
Si Asisa decidiera no presentarse, se abrirían al menos dos posibilidades: una, la integración progresiva de los mutualistas en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Algo, según los cálculos del Ministerio de Sanidad, completamente factible. Y, dos, la convocatoria de un nuevo concurso con un incremento en la dotación económica. Este aumento en los recursos públicos destinados a atraer a las aseguradoras situaría de nuevo en el centro de las críticas a Función Pública, especialmente en un momento en el que el propio ministro Óscar López ha puesto en cuestión la pertinencia de financiar seguros privados con el dinero de todos.
El desconcierto entre los funcionarios también es lógicamente palpable. La incertidumbre sobre la continuidad y calidad de la cobertura sanitaria está generando bastantes tensiones en el colectivo. Si bien es cierto que hasta ahora la percepción sobre el funcionamiento de las aseguradoras era positiva y generaba cierta sensación de estabilidad en términos generales, las dudas sobre la capacidad del modelo para adaptarse a las exigencias actuales podrían cambiar las cosas.
Además, si bien una tercera licitación podría garantizar la continuidad de Muface en el corto plazo y resolver la urgencia inmediata, sería a su vez un nuevo parche para un sistema que, aunque se reformara, saldrá erosionado de todo este proceso.
