El uribismo se opone a la intervención de la Subred Centro Oriente, ignorando los escándalos de corrupción de 2023
Durante la comisión de Plan de Bogotá, en la que se llevó a cabo un debate de control político sobre la recuperación integral de las subredes de servicios de salud E.S.E., el concejal José Cuesta Novoa, primer vicepresidente de la comisión, respondió a las declaraciones del concejal Óscar Ramírez Vahos, del partido Centro Democrático. Cuesta manifestó que un concejal no puede hacer una propuesta que esté fuera del marco de la ley.
En su réplica, Cuesta aclaró que existen un conjunto de normas jurídicas y legales que facultan a la Superintendencia de Salud para llevar a cabo procesos de intervención. “Este no es ni el primer ni el último proceso de intervención en el sistema de salud”, indicó el concejal.
Cuesta también destacó que, durante el periodo anterior, uno de los temas más importantes en la agenda fue precisamente el control político sobre el funcionamiento de las cuatro subredes de salud de Bogotá, las cuales presentaban un patrón común: la corrupción. «Durante la gestión del anterior periodo, fue evidente que uno de los mayores problemas era el fenómeno de la corrupción que afectaba a todas las subredes», agregó.
Por otro lado, el concejal subrayó que la intervención determinada por el gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Salud, está respaldada por hechos fácticos que reflejan una serie de irregularidades en la gestión de la subred Centro Oriente. Entre los hallazgos, Cuesta mencionó la falta de entrega oportuna de información a la auditoría, la entrega inconsistente del Plan Anual de Adquisiciones 2024, y la mala gestión en el registro de procesos judiciales. Además, señaló que no se cumplían con varios aspectos fundamentales, como la atención integral de urgencias, la atención preferencial a gestantes, la completa disponibilidad de kits de emergencias obstétricas, los requisitos mínimos de transporte asistencial y el acceso a servicios de cirugía ambulatoria.
“La intervención del gobierno nacional es completamente justificada frente al desorden administrativo y las presuntas prácticas de corrupción que hemos identificado», afirmó Cuesta.
Finalmente, el concejal hizo un llamado a la reflexión sobre las responsabilidades del ente territorial, en este caso la Alcaldía de Bogotá, en el manejo de las subredes de salud y la necesidad de garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales a la salud de los ciudadanos.
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