Las mismas son instrumentadas a través del ministerio de Crecimiento Económico y Creación de Empleo en colaboración con la Agencia Nacional de Medio Ambiente y Planificación (NEPA).

Explicó que la NEPA fomenta una cultura de cumplimiento por parte de individuos y entidades.

«Para este fin fue elaborada una lista especial de vigilancia, basada en criterios específicos, que incluya las instalaciones y urbanizaciones que se determine que requieren una supervisión más estricta», argumentó la titular.

Hasta el momento, la NEPA capacitó recientemente a 30 guardianes de río, quienes son responsables de monitorear el Río Cobre en Santa Catalina.

Están facultados para ser parte de los procesos correctivos cuando sea necesario y evitar que las circunstancias que son perjudiciales lo sean aún más, dijo Johnson.

La semana pasada el Senado aprobó enmiendas a las leyes de la Autoridad de Conservación de Recursos Naturales y a la de Protección de la Vida Silvestre, para permitir un aumento en las multas y las sentencias de privación de libertad relacionadas por delitos contra el medio ambiente.

Según la titular, citada por el diario digital Jamaica Observer, la persona jurídica que cometa un delito podrá ser sancionada con una multa o reclusión.

«En cuanto a la descarga de cualquier alcantarillado o efluente comercial o cualquier materia venenosa, nociva o contaminante, sin o en inconformidad con una licencia para el fin otorgada por la autoridad, también será penado con una multa o un tiempo en prisión no mayor de cinco años», concluyó la fuente.

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