Reserva Comunal El Sira: un tesoro natural amenazado por la minería ilegal | RPP Noticias
La Reserva Comunal El Sira enfrenta el avance de la minería ilegal, una amenaza que afecta su biodiversidad y a las comunidades que dependen de ella. Conoce los desafíos y las soluciones para proteger este espacio natural.
La Reserva Comunal El Sira (RCES), ubicada en las regiones de Huánuco, Pasco y Ucayali, es un santuario único de biodiversidad. Este espacio natural protege los ecosistemas de la Cordillera El Sira y alberga comunidades nativas como los Asháninkas, Yánesha y Shipibo-Conibo. Sin embargo, enfrenta una grave amenaza: la minería ilegal.
Con más de 600 000 hectáreas de bosque tropical y montañas que alcanzan los 2 500 metros de altitud, esta reserva es hogar de una impresionante variedad de vida silvestre. Según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), aquí habitan 400 especies de aves, 143 de mamíferos, 140 de reptiles y 109 de peces, muchas de ellas endémicas. Además de su valor ambiental, la reserva es fundamental para las comunidades locales, ya que garantiza agua limpia y el acceso a recursos naturales manejados de manera sostenible.
La minería ilegal, particularmente la aluvial, representa el principal riesgo para este ecosistema. Este tipo de extracción, que utiliza maquinaria básica para separar minerales mezclados con arena y grava cerca de los ríos, es altamente destructivo. Su práctica degrada el entorno natural y pone en peligro la supervivencia de las comunidades y especies que dependen de la reserva.
Un dato alarmante es que, en 20 años, entre 2001 y 2022, se perdieron 7 062 hectáreas dentro de la reserva. Para entenderlo mejor, esto equivale a más de 9 veces la extensión del Estadio Nacional. Además, en las zonas de amortiguamiento, la pérdida alcanzó 73 529 hectáreas, lo que corresponde a un área similar a toda la provincia de Tumbes, de acuerdo con datos de la plataforma Geobosques del Ministerio del Ambiente.
En diciembre de 2024, Daniel Hernando, investigador asociado al Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS), declaró en el programa Ampliación de Noticias de RPP que El Sira es la segunda área con mayor deforestación en Perú, después de Pacaya Samiria.
“La Reserva El Sira presenta una expansión de pequeña minería artesanal, entre ilegal e informal, en los últimos 15 años por lo menos. También vemos un aumento de concesiones mineras en las zonas de amortiguamiento”, explicó. Asimismo, indicó que los cultivos ilegales de coca han incrementado en las regiones de Ucayali y Huánuco, agravando aún más la situación.
Operativos contra la minería ilegal en El Sira
En respuesta al avance de la minería ilegal, el gobierno ha llevado a cabo múltiples operativos en la Reserva Comunal El Sira. En 2013, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), junto con la Marina de Guerra del Perú y la Policía Nacional (PNP), llevaron a cabo el primer operativo en la zona, destruyendo 3 retroexcavadoras, 49 balsas y otros equipos utilizados para la extracción ilegal en el río Pachitea.
El último operativo reportado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) en la Reserva Comunal El Sira tuvo lugar el 31 de julio de 2024, en el río Pachitea, cerca del centro poblado Puerto Sira. En la intervención participaron la Unidad de Control Fluvial “Puerto Inca” y la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali. Durante el operativo, se hallaron artefactos fluviales tipo draga y diversos equipos empleados en la minería ilegal, como motores a diésel, compresores de aire, rejillas filtradoras, generadores eléctricos y trajes de buzo. Conforme al Decreto Legislativo N° 1100, todos los materiales encontrados fueron destruidos.
A once años del primer operativo, la extracción ilegal de minerales en El Sira sigue siendo un problema. En su estudio ‘Minería ilegal y cultivo de coca en la Reserva Comunal El Sira: exploración de sus mecanismos de penetración y sus impactos en la pérdida de bosques’, publicado en 2024 por la Universidad del Pacífico y el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), los investigadores Gonzalo Delgado, Hernán Manrique y Daniel Hernando explican que, aunque los operativos logran interrumpir temporalmente estas actividades, no abordan las causas profundas que motivan a la población a participar en ellas. Como resultado, tras cada intervención, la minería ilegal se reorganiza rápidamente.
Estrategias para luchar contra la minería ilegal en Perú
La ‘Estrategia de Lucha Contra la Minería Ilegal en Áreas Naturales Protegidas 2022-2027’ propone un enfoque integral para abordar el problema. Este plan, liderado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), se centra en seis acciones clave:
- Monitorear y vigilar las Áreas Naturales Protegidas: identificar actividades ilegales mediante vigilancia directa e indirecta, incluyendo patrullajes, imágenes satelitales y trabajo coordinado con actores locales.
- Mitigar el avance de la minería ilegal: fomentar la formalización de la minería artesanal en zonas de amortiguamiento y realizar patrullajes y sensibilización para reducir la presión sobre las áreas naturales protegidas.
- Promover actividades económicas sostenibles: impulsar el aprovechamiento de recursos naturales y forestales mediante alianzas estratégicas, buscando sostenibilidad económica y conservación ambiental.
- Apoyar la interdicción de minería ilegal: brindar soporte logístico y técnico para operativos y fortalecer capacidades para erradicar la minería ilegal en las áreas naturales protegidas.
- Recuperar áreas degradadas: identificar y restaurar zonas afectadas por minería ilegal con proyectos piloto, investigaciones y cooperación interinstitucional.
- Proteger a defensores ambientales: implementar alertas tempranas, capacitación en seguridad y protocolos de protección para defensores en riesgo en áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento.
De acuerdo con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), estas acciones buscan reducir la presión sobre las áreas protegidas y asegurar que las intervenciones sean sostenibles en el tiempo.