México: los pescadores esperan una decisión de la Suprema Corte que salve la pesca artesanal
Texto: Gonzalo Ortuño López
A José Soriano cada vez le cuesta más trabajo sacar huachinango, robalo o pargo del mar. En 52 años como pescador artesanal en las costas de Puerto Escondido, en Oaxaca, le ha tocado atestiguar como la pesca ilegal, la sobrepesca y la crisis climática han deteriorado el ciclo de vida de estos peces. Por este motivo, la cooperativa a la que pertenece se unió a un amparo que ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para obligar al Congreso de la Unión a reformar leyes que permitan la restauración de las pesquerías en México.
Se trata de un recurso legal interpuesto en 2021 por la organización Oceana México y que ha caminado hasta llegar al máximo tribunal del país en un caso inédito por las posibles violaciones a los derechos humanos al medio ambiente sano y a la alimentación.
“Esto es muy importante porque en la Suprema Corte no ha habido un amparo para que se garanticen estos derechos sobre todo para personas pescadoras”, dice Nancy Gocher, directora de Campañas e Incidencia de Oceana México.
Gocher explica que la pesca no está considerada en la Constitución como una actividad primaria, lo que pone continuamente obstáculos al sector pesquero, pues no se garantizan acciones para recuperar especies deterioradas ni se protege la fuente de trabajo de aproximadamente 250 mil pescadores ribereños o artesanales y sus familias que dependen de los ecosistemas marinos.
“Esto viola el derecho a la alimentación de todas y todos y también viola el derecho al medio ambiente sano porque si no existen peces en el mar o se van deteriorando, la salud oceánica también”, sostiene en diálogo con Mongabay Latam.
La cooperativa de Los Buzos de Puerto Escondido, presidida por Soriano, decidió respaldar esta demanda tras un encuentro con la organización y cooperativas ribereñas.
“Estamos en riesgo de desaparecer”
Soriano, de 65 años, cuenta que anteriormente los pescadores de Puerto Escondido podían sacar entre 80 y 100 kilos de huachinango y pargo, “por muy jodido unos 20 o 30 kilos, pero había suficiente”, dice.
Ahora, en cambio, los pescadores deben alejarse todavía más, de dos o tres días, para obtener 30 kilos.
“Todo se pescaba artesanalmente, no había trasmallos ni redes agalleras y solo salíamos a dos millas. La pesca ilegal no respeta. Dejan caer redes de talla no apropiada, eso ahuyenta al pescado. Ya no hay (peces), eso es lo más fregado y no hay una regulación en las pesquerías porque no hay una autoridad competente”, sostiene el pescador que ha optado por subsistir de otras especies. Ahora solo pesca mediante buceo, principalmente ostión de roca, pulpo y langosta.
De acuerdo con un análisis de Oceana hecho a la Carta Nacional Pesquera, documento que da a conocer el estado de las pesquerías mexicanas –las zonas comerciales de pesca que tienen definidos procesos de suministro–, de las 83 áreas reconocidas, un 34 % se encuentra en condiciones de deterioro o rebasando el “aprovechamiento máximo sustentable” de las especies que se pescan.
Por si fuera poco, las propias autoridades mexicanas han reconocido que los niveles de la pesca ilegal, no declarada y no documentada han llegado al 40 %.
Ante este escenario, algunas cooperativas o pescadores optan por “autovedas” para permitir una ligera recuperación de las especies que capturan, pero aseguran que esto no es suficiente.
En el estado de Sinaloa, por ejemplo, un grupo de mujeres pescadoras se organizaron en 2016 para formar una cooperativa que rescatara la pesquería sustentable de la almeja chocolata, la cual tiene gran demanda y se captura cuando las especies de mayor valor comercial están en periodo de veda.
“Estamos en riesgo de desaparecer. Hemos aprendido que si queremos seguir teniendo qué pescar tenemos que trabajar por la restauración del ecosistema. Si no se hace, mucho menos podemos garantizar que nuestras familias tengan un plato de comida en la mesa”, dice Yanett Miranda Castro Medina, presidenta de la Cooperativa Almejeras de Santa Cruz.
Castro cuenta que el trabajo de la cooperativa de mujeres ayudó a que la almeja chocolata reapareciera en el sistema lagunar, pero insiste en que sin una protección legal, será insostenible garantizar su pesca en un futuro.
“Hemos trabajado para rescatarla, la comunidad implementó una veda, donde nunca tuvimos presencia de la autoridad. Todavía tenemos el recurso, no tenemos las abundancias que teníamos, pero se sigue trabajando para restaurarlo. Son pequeños esfuerzos, podemos poner nuestra mano de obra, nuestro conocimiento junto con la ciencia, pero donde se retrasan los proyectos es donde el Gobierno no está cumpliendo”, explica
Esta misma medida la replicaron pescadores de la Cooperativa Ostricamichin, en Nayarit, una zona pesquera que aporta aproximadamente el 45 % de la producción pesquera en México, de acuerdo con Oceana.
Marcos Moreno Torres, pescador, de 64 años, cuenta que aunque siempre han equilibrado la pesca en el mar y los marismas de la región, cada vez es más difícil hacerlo en altamar, aun respetando las vedas autoimpuestas.
“En una temporada pescamos en el mar, otra temporada dentro del estero de la laguna. En diciembre se pesca la sierra, huachinango en el mar, el cazón y eso ha permitido que como comunidad, como cooperativa y como pueblo, aunque se de manera crítica, pero mantiene a la familia de quienes se dedican a la pesca”, dice a Mongabay Latam.
Personas pescadoras coinciden en que el retroceso en el combate a la actividad ilegal es lo que daña principalmente la restauración de los recursos.
“Como cooperativistas somos los más afectados, los que más respetamos, los que no pescamos y de todas maneras las vedas en México no se respetan, estamos a merced de la ilegalidad”, sostiene Moreno.
Entre 2018 y 2023, las autoridades en México redujeron el número de oficiales federales de pesca en todo el país, los recorridos de inspección y vigilancia, así como las artes de pesca y producto asegurado, de acuerdo con un informe de Oceana.
Mongabay Latam solicitó a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) información sobre medidas recientes contra la pesca ilegal, así como su postura ante el recurso interpuesto en la Suprema Corte, sin que al cierre de esta nota exista respuesta.
Gocher insiste en la importancia de que la Corte resuelva pronto el amparo, para darle un respaldo legal a los mecanismos que las personas pescadoras han generado por su propia cuenta.
Incluso, advierte que si el amparo se va retrasando, provocará que las autoridades, como el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) –institución encargada de hacer la ciencia pesquera en México– no generen información para tomar medidas que ayuden a la recuperación de las especies deterioradas.
“Cada vez que se retrasa una acción en favor de la recuperación pesquera, también se van retrasando esas acciones y las podemos ir condenando a que después sea demasiado tarde porque llega un pico en el ciclo biológico en donde si lo pasas ya no hay vuelta atrás”, insiste.
El amparo está ahora en manos de la ministra Loretta Ortiz Half, quien analiza el caso. Sin embargo, una reforma judicial instaurada en México en 2024 ordena la elección popular de jueces, magistrados y ministros en junio de este año, lo que podría entorpecer la discusión y votación del recurso legal.
“Tenemos hasta abril o mayo a más tardar para que la ministra lo pueda proyectar y que después se pueda votar porque ya en junio son elecciones y hay nuevos ministros”, dice la especialista de Oceana, quien ve como un posible escenario que las elecciones “distraigan la labor de los ministros” y esto alargue más una posible legislación de restauración pesquera.
Esfuerzos y responsabilidades de los estados pesqueros
Si bien la pesca es un tema federal en México por realizarse en aguas nacionales, especialistas y organizaciones explican que hay responsabilidades y facultades en los 17 estados costeros para trabajar de la mano con el sector para atender sus diferentes contextos.
México tiene los Consejos Estatales y Nacional de Pesca como las figuras para la colaboración, por lo que organizaciones advierten que la restauración y el futuro de la pesca en el país dependen de la capacidad de implementar políticas públicas basadas en ciencia, participación comunitaria y responsabilidad ambiental.
Actualmente existen esfuerzos en los estados que acompañan y capacitan a pescadores ribereños en sus regiones para el mejor aprovechamiento de sus recursos.
Un ejemplo es el Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza (FOCN), quien acompaña al proyecto “Rescate de valor del barrilete en Puerto Ángel”, una especie tradicionalmente consumida en la región, en el cual buscan mejorar las prácticas pesqueras y su comercialización empoderando a las cooperativas
Este acompañamiento va desde adoptar técnicas selectivas y sustentables de pesca, hasta gestionar comercialmente al sector ribereño mediante el mejoramiento de las lanchas, el manejo de cadena de frío, el transporte y la logística para alcanzar otros mercados.
“Junto con otros aliados tenemos una propuesta basada en tres componentes: desarrollo de habilidades o capacidades y toda la estrategia comercial en la población de la pesca: sus jóvenes, sus mujeres, sus hombres. Tendríamos que lograr que se involucren todos en la cadena de valor y fortalecer su estructura organizacional”, explica Agustín Ruiz, director del FOCN.
Sin embargo, dice el directivo, este trabajo se ha hecho sin un respaldo legal sólido, por lo que enfrentan obstáculos para consolidar los esfuerzos o replicarlos en otras zonas.
Por este motivo también han respaldado el amparo en la Corte, pues fortalecería las estrategias de restauración pesquera.
“Es una medida urgente y necesaria para garantizar acciones de seguridad alimentaria. Consideramos que la aprobación de este amparo en la SCJN es fundamental para garantizar la sostenibilidad de las pesquerías en México”, señala Ruiz a Mongabay Latam.
Otro aliado en esta batalla legal es el Centro para el Desarrollo Social y la Sustentabilidad Nuiwari, el cual lleva años trabajando con comunidades pesqueras en Nayarit, un estado que ha visto afectado su vasto ecosistema de manglar por obras de infraestructura.
Heidy Zaith Orozco Fernández, directora del Centro Nuiwari, destaca la acción legal en la Corte porque coloca en el centro a las comunidades que dependen de la pesca.
“Es importante que haya un marco legal que pueda garantizar acciones para la restauración porque muchas veces los pescadores son quienes reciben los efectos de acciones que no necesariamente ellos hicieron, como estos daños al ecosistema que requieren restauración”, dice la directiva.
Orozco sostiene que quienes se dedican a la pesca en México no cuentan con apoyos o fondos de emergencia como otros sectores y suelen ser los principales afectados ante la crisis climática, por ejemplo.
“Acá lo podemos ver con los efectos que han tenido los huracanes, como el Willa y el Roslyn, que han afectado muchísimo la zona costera, con pérdidas totales de producción y no solo de una temporada, sino la semilla para las producciones futuras y sus herramientas. La situación de los pescadores queda en mayor vulnerabilidad respecto a otros sectores”, asegura.
Por esta misma razón, la directora de Centro Nuiwari considera que las políticas de restauración pesquera deberán poner al centro a las comunidades y sus saberes locales en la toma de decisiones al ser el actor principal.
Para el caso de Nayarit, un estado con hábitats de aguas profundas y humedales influenciados por las mareas, Orozco destaca la importancia de que autoridades de los distintos niveles se coordinen en acciones de restauración pesquera, pues el manejo de las cuencas puede impactar a las pequeñas comunidades.
“Se debe tener un enfoque sistémico a la hora de atender estas acciones de restauración. Hay acciones a nivel estatal que tienen repercusión directa con la actividad productiva. En Nayarit una de las actividades más importantes es la ostricultura y dependen mucho de la calidad del agua y las condiciones naturales del río que permiten la reproducción y el crecimiento del ostión”, ejemplifica.
Moreno Torres, quien toda su vida se ha dedicado a la pesca de ostión, coincide en que la contaminación, la crisis climática y la pesca ilegal han sido los factores que más han perjudicado la actividad ribereña.
“Ha habido un crecimiento desproporcionado de pescadores que trabajan de manera ilegal e irregular. Si agregamos que no hay un control, inspección y vigilancia para hacer valer los periodos de veda, pues las cooperativas, temporada tras temporada, van viendo reflejada la producción a la baja”, señala.
Castro Medina coincide en que una prioridad debe ser cumplir la ley en materia de pesca ilegal, pues considera que ha causado más conflictos, más allá de los daños antropogénicos que le están sucediendo a las pesquerías por el propio cambio climático.
También llama a hacer una restauración socioeconómica con las mujeres que dedican su vida a la pesca, pues considera que existe una brecha de género en el sector.
“Hemos trabajado para que se deje de ver que la pesca son hombres en el mar, sino que participamos las mujeres y que cuando se toma la cadena de valor completa, la participación de la mujer es de un 60 %. Las mujeres venimos sosteniendo la pesca”, advierte.
Por su parte, Juan Soriano dice que buscarán que autoridades pesqueras, e incluso la ministra que tiene en sus manos el amparo, conozcan la realidad de las comunidades y cooperativas que quieren seguir viviendo de este oficio.
“Queremos que las autoridades nos escuchen, que no hagan caso omiso a lo que se les está pidiendo”. Dice que quiere dejarles algo a los jóvenes, hijos y nietos, “cuando menos que conozcan el huachinango, al ostión y a la langosta”.
Lee la nota en: https://es.mongabay.com/2025/02/pesca-artesanal-mexico-suprema-corte/
