Las protestas en Chubut reavivan el debate sobre si es posible la minería sustentable – La Nación

CÓRDOBA.– Las explotaciones mineras a gran escala despiertan, por lo general, resistencia. En la Argentina hay antecedentes como Famatina, en La Rioja; Bajo La Alumbrera, en Catamarca; Veladero, en San Juan, y las masivas marchas de oposición a las leyes para autorizarlas en Mendoza (por las protestas se dio marcha atrás) y en Chubut, donde tras el rechazo la Legislatura acaba de derogar la ley que habilitaba esta actividad en los departamentos de Telsen y Gastre.

¿Es posible pensar en un mundo sin minería? Claramente no; hay extracciones que son claves para garantizar el acceso a muchos productos y servicios de la vida moderna. Por ejemplo, los minerales se usan para producir medicamentos (hierro, iodo, cobre como antimicrobiano), están presentes en los artefactos electrónicos (coltán, cobre) y en la construcción (caliza, arena, yeso, sílice, canto rodado, carbón, cromo, níquel, molibdeno, vanadio). Una columna de acero incluye fluorita, bentonita, bauxita, circón, sílice, granito y arcilla.

En el caso de los autos, el 75% de su peso es metal; tanto la estructura de chapa como el interior tienen hierro, carbón, aluminio, zinc, plata, cobre, sílice y boratos, entre otros. Un teléfono celular posee más de 30 minerales distintos; entre ellos, oro, plata, wollastonita, mica, carbonato cálcico, caolín, cromo, níquel, molibdeno, coltán, vanadio y cobalto. El litio es la “estrella” de la transición energética: baterías de móviles y de autos eléctricos.

En la Argentina hay en la actualidad 17 yacimientos principales en producción y más de 20 iniciativas en análisis. El minero es el sexto complejo exportador del país, con unos 83.000 trabajadores entre directos e indirectos.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo, del que depende la Secretaría de Minería, enfatizan que para avanzar hacia un esquema de carbono neutral “se requiere de más minería, se va hacia un mundo más metal-intensivo”. ¿Es posible una minería sustentable? Las opiniones se cruzan, también impactadas por lo que se entiende por sustentabilidad. La mayoría se inclina por el concepto de “responsable”, con controles y regulaciones fuertes del Estado.

Las fuentes de Desarrollo Productivo subrayan que la actividad es dinámica y que la minería de hoy no es la misma de hace 20 años: “No solo hay más tecnología, sino que hay aprendizajes”. En esa línea, apuntan, por el ejemplo, que en la mina de oro de Veladero hay “cámaras en tiempo real” por las que la “comunidad puede ver lo que está pasando”. En esa explotación, se registraron –reconocidos oficialmente– tres incidentes en menos de dos años (entre octubre de 2015 y marzo de 2017); el primero incluyó el derrame de cianuro que provocó la contaminación de cinco ríos de la región, según un estudio encargado por la Justicia Federal a la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA).

“Hubo sanciones muy duras a la empresa –insisten desde Desarrollo Productivo–, debió pagar una multa equivalente al 10% de su facturación anual. Se extremaron los controles y no hubo nuevos problemas”. Además, desde el ministerio señalan que la explotación minera genera divisas por sus exportaciones, “lo que es menos presión sobre la balanza comercial”. Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), su director ejecutivo, Luciano Berenstein, asegura que “absoluta y totalmente” la actividad puede ser sustentable.

“Es la más federal de las actividades económicas y, además, ambientalmente es una de las más controladas. Cuenta con una ley específica, informes de impacto ambiental al inicio de un emprendimiento y cada dos años; hay policía minera, monitoreos participativos, programas internacionales que fijan estándares productivos y de calidad, inversión social y atención a las cuestiones de género”, señala Berenstein.

Coincide con las fuentes oficiales en mencionar a la explotación de oro Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, como una suerte de ejemplo. “Muchos argentinos ni la conocen porque nunca hubo problemas e impactó positivamente en el crecimiento de la zona”, dice el representante de CAEM. La mina de oro y plata entró en funcionamiento en 1998, es una sociedad entre AngloGold Ashanti (92,5%) y Fomicruz (sociedad del Estado provincial, 7,5%).

No comparte esos análisis Facundo Martín, investigador del Conicet en Ecología Política del Agua y participante en la discusión por la reforma de la ley minera en Mendoza a fines de 2019. Finalmente, por la presión social, el gobernador Rodolfo Suárez terminó por derogar la norma que había modificado la llamada ley antiminera 7722 para permitir el uso de sustancias tóxicas como el cianuro.

“El término sustentable ya es viejo, quedó vaciado de contenido porque todos lo usan, todos están de acuerdo y nadie sabe bien de qué estamos hablando –dice Martín–. Con un enfoque riguroso, la idea de minería sustentable no tiene piso en el que afirmarse. Sería mejor hablar de una ‘minería moderna’ que respete estándares internacionales, que se haga con transparencia, que pague los costos ambientales”.

A criterio del investigador, el Estado nacional y los provinciales “perdieron capacidad de conocimiento, de gestión, de control” y eso complica las buenas prácticas deseables. Desde la otra vereda, Berenstein sostiene que la actividad tiene un gran potencial para colaborar con los objetivos de desarrollo sustentable (OBS) y, además, cuenta con una estrategia de inversión social. La CAEM participa de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI) y la Iniciativa de Paridad de Género (IPG), vías por las que “promueve la vinculación de la sostenibilidad ambiental con la inclusión social y el desarrollo económico”, así como también la adhesión a los OBS.

La Argentina es el cuarto productor mundial de litio; cuenta con una docena de proyectos que convertirían al país en el primero, con 300.000 toneladas anuales. En cobre se generarían 12.000 puestos de trabajo en la construcción y 4500 en mina por las iniciativas más importantes: Taca, El Pachón, Los Azules, Agua Rica y Josemaría.

El país está entre los 20 principales productores de oro a nivel mundial. Aloja dos de las 25 mayores minas: Veladero (operada por Barrick-Shandong Gold) y Cerro Negro (Newmont); la primera planea extender la vida útil hasta 2030 y elevarla a la categoría tier one (proyectos que producen al menos 500.000 onzas por año).

Además, el 2,5% de las reservas mundiales de plata están en la Argentina. Si a la entrada en producción de Chinchillas y Cerro Moro se sumaran a mediano plazo Navidad y El Quevar, el país podría alcanzar una producción superior a 1400 toneladas anuales. Hay cinco proyectos en exploración avanzada.

Según proyecciones de la CAEM, en 2030 se podrían alcanzar los US$10.000 millones en exportaciones (el año pasado fueron US$2639 millones) y los 120.000 empleos directos e indirectos; contando industrias de base minera, son 87.000 ahora. En los últimos años, las inversiones promediaron los US$1500 millones anuales. Los aportes tributarios del sector en 2020 sumaron $61.153 millones. Uno de los argumentos de la reivindicación de la minería es que aporta al desarrollo de las comunidades donde se radican las explotaciones porque el salario está 131% arriba del promedio.

“Hay que escuchar a los postergados, hay zonas donde no hay alternativas para ampliar la matriz productiva y la minería es una oportunidad”, indica Berenstein. Es el planteo que hacen algunos referentes del sector respecto del proyecto provincial chubutense que habilitaba la minería a gran escala en los departamentos Telsen y Gastre, ubicados en la meseta central. Fue el origen del ataque con piedras a la comitiva del presidente Alberto Fernández cuando visitó Chubut. “Es un tema que deben resolver los chubutenses; no es un tema nuestro”, dijo.

Para Paulo D’Alessandro, asambleísta de Famatina (La Rioja), hablar de minería “sustentable, limpia y con beneficios económicos es más una publicidad para accionistas que una realidad; se puede impulsar la idea de responsabilidad, pero lo cierto es que no hay muchos buenos ejemplos, menos en Sudamérica”. Famatina es el pueblo que desde 2005 con acampes, marchas, encadenamientos, reparto de panfletos, videos, pintadas, murales y cortes de ruta impidió la explotación de oro a Barrick Gold, Osisko Mining Corporation, Shandong Gold y la salteña Midais.

“Hace falta la minería, es indispensable, es muy difícil frenar la actividad pero hay que poner en marcha iniciativas que también obliguen, por ejemplo, a reciclar baterías de litio, obligar a las empresas que las venden a retirarlas, porque la salida no puede ser solo romper el Salar de Uyuni para proveernos. Ambientalmente sustentable no es y, en los hechos, los lugares donde están las explotaciones no crecieron potencialmente más que las de su alrededor”, describe D’Alessandro.

Andrés Nápoli, abogado presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, coincide en que puede ser una actividad responsable “siempre y cuando se realice bajo determinadas condiciones”. Pone al litio aparte: “Es neoextrativismo, ayuda a la transición energética. La Argentina es una de las reservas más importantes del mundo, aunque exporta la salmuera de litio para que otros la industrialicen. Es cierto que a donde se explota es tierra arrasada, donde viven comunidades originarias; es un tema muy complejo. Financiamos la transición energética a otros, principalmente al circuito ABC1 de autos eléctricos”.

En Catamarca, los pobladores de los departamentos catamarqueños de Ancasti y El Alto –unas 3500 personas– están movilizados hace tiempo ante la decisión del gobierno provincial de explotar los yacimientos de litio en pegmatita de Vilisman y Santa Gertrudis. El trabajo requiere de explosiones en roca para extraer el mineral y, después, de importantes volúmenes de agua; el temor de los habitantes es que se produzcan alteraciones en la calidad del agua y en la disponibilidad. El área ya está concesionada: son unas cuatro propiedades por sectores en los dos departamentos.

El concepto de licencia social aparece en cada discusión de proyecto minero; no existe en términos legales, aunque carecer de ella implica afrontar más conflictividad. La noción nació a iniciativa de las Naciones Unidas en 2004 e insta a las empresas, principalmente de los sectores extractivos, a hacer partícipes de sus proyectos a los pueblos de los territorios en los que operan y a contar con su consentimiento antes de ponerlos en marcha.

Tanto desde el Gobierno como desde la CAEM subrayan que la licencia social que se requiere para iniciar una explotación trae aparejada la participación de la comunidad; además, apuntan que siempre se prevé la remediación ambiental. “Esas tareas comienzan en el día cero –dice Berenstein–, hay autoridades de aplicación que se encargan de su control”.

Nápoli se diferencia de esa lectura y reitera que el Estado está “ausente”. “Las condiciones de participación no pueden plantearse como ‘escuchar’, la gente cree que le toman el pelo. En vez de discutir los impactos se discuten los factores productivos”, sostiene.

“La licencia social es más moderna, la responsabilidad social viene de antes –grafica Martín–. Las empresas la asumen como atender a comunidades; pintan una escuela, plantan árboles nativos y a veces así consiguen la licencia social de los pequeños pueblos, pero no de los más grandes que serán afectados por la explotación. Falta terminar de comprender qué es la licencia social, debe exceder la idea de conseguir las firmas de una comunidad”.