23.330 millones de euros. Esa ha sido el monto de las ayudas públicas que el Estado español ha destinado en 2024 a actividades que dañan el medio ambiente, según un estudio pionero en España encargado por Greenpeace. El informe analiza subvenciones por valor de 27.100 millones de euros y descubre que un 86% de esa cuantía va a parar a actividades “tóxicas” según la organización porque, en vez de impulsar una transición ecológica, agravan la crisis climática y generan desigualdad.

El análisis ambiental de las subvenciones encargado por la organización ecologista revela que solo un 13,9% de las ayudas públicas va a actividades o proyectos que impulsan la transición ecológica. Uno de cada tres euros públicos gastado ha ido a parar a actividades que dañan el medio ambiente y la mitad de la inversión estatal ha subvencionado proyectos con impactos tanto positivos como negativos en el entorno.

La mitad de las ayudas han ido a parar al sector agrario. Un 38% han sido para el transporte y un 15%, para el consumo energético de los hogares

El sector agrario ha concentrado casi la mitad de las ayudas analizadas, seguido del transporte (38% del monto total examinado) y del sector vivienda —consumo energético—, que ha recibido el 15% de las subvenciones.

Carlos García Paret, coordinador de Incidencia Política de Greenpeace, señala que eliminar las ayudas “tóxicas” permitiría “duplicar” los recursos para la acción climática. El dinero público se está utilizando para sostener la dependencia de los combustibles fósiles, dice el activista, porque así se puede “atar a los hogares y pymes a los negocios sucios dominados por un puñado de empresas en vez de fomentar su participación plena de los beneficios de una transición ecológica”. García Paret enumera estas ventajas en transporte público de calidad, energía limpia o alimentación sana, entre otros.

“Dopaje fósil” de Gobiernos a empresas

En el ámbito europeo, las subvenciones dañinas al medio ambiente han alcanzado unos 400.000 millones de euros en una situación que Greenpeace califica de “dopaje fósil” de Gobiernos a empresas. Esta inversión pública en actividades nocivas para el entorno se intensificó tras la pandemia y la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, según señala la organización.

El informe encargado por Greenpeace apunta que, a pesar de sus compromisos internacionales, el Gobierno carece de una estrategia clara para eliminar las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. En sus conclusiones, el estudio también pide más transparencia en la adjudicación de ayudas y su reorientación hacia proyectos como las viviendas de cero emisiones, la movilidad sostenible o el transporte público garantizado en zonas rurales.