Policías defensores de los animales: "Si la caza es para cuidar el medio ambiente, la …
Un centenar de policías, guardias civiles y agentes medioambientales integran la Asociación de Policías por la Defensa de los Animales (APDA), una entidad que crearon en 2015 para combatir la, a su entender, falta de implicación de las Administraciones públicas frente a la avalancha de requerimientos de la ciudadanía por la desprotección que sufrían muchos animales en España.
Diez años después, se lamentan de que la imprudencia grave en un maltrato animal aún no se haya tipificado como delito y que los servicios públicos sigan sin prestar la suficiente atención para combatir las agresiones.
La asociación se constituyó formalmente en 2015, pero sus integrantes ya habían empezado antes a difundir a través de las redes sociales sus inquietudes en este ámbito y a dar charlas en algunos municipios para formar a los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad sobre la normativa de protección de los animales.
Los primeros que se pusieron en marcha fueron agentes de los Mossos d’Esquadra de Catalunya. Una de sus miembros fue la primera presidenta de la asociación, a la que luego se fueron sumando funcionarios de otros cuerpos de todo el Estado español.
Eduardo Justa, policía local en Logroño con 30 años de servicio, es el actual presidente de APDA y quien explica a Público los motivos fundamentales que llevaron a un grupo de policías a crear la entidad: «La falta de actuación e implicación de los servicios públicos ante los innumerables requerimientos de la ciudadanía y los casos que se daban a conocer en las redes sociales, que no recibían una respuesta idónea por parte de la Administración para atender a los animales ni cumplir con la normativa», detalla.
Según Justa, aunque había muchos casos y mucha demanda, las redes sociales de los cuerpos policiales no publicaban en aquellos años temas relacionados con los animales, que eran tratados como de «segundo orden«. Era justo lo contrario de lo que ocurría entre la ciudadanía, que acumulaba un interés cada vez mayor por un tema en el que eran frecuentes los incumplimientos de la normativa, sin que, en muchos casos, recibieran respuesta.
Y lo cierto es que las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen mucho que decir en este tema. Su intervención, a juicio del presidente de APDA, resulta vital para tratar de ayudar y proteger a los animales afectados. «Si la actuación no es correcta o no se dispone de medios suficientes –advierte–, los animales quedan en una situación de indefensión y vulnerabilidad, con el consiguiente peligro para su vida e integridad».
Pero, pese a que hay normas administrativas y penales que protegen a los animales, su protección falla muchas veces. Eduardo Justa recuerda que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el 404 y 408 del Código Penal obligan a los funcionarios y responsables públicos a perseguir los delitos conocidos y castigan su inacción con penas de prisión e inhabilitación.
«Cualquier cuerpo de seguridad tiene la obligación de intervenir en un caso de este tipo. La ciudadanía, las asociaciones protectoras, juristas, deben tomar conciencia de los artículos 404 y 408 del Código Penal, que castigan la prevaricación por no actuar ante irregularidades e incumplir la obligación de perseguir delitos. Llevamos ya muchos años en los que la sociedad exige una mayor actuación de los cuerpos de seguridad y de las Administraciones. Y lo oportuno es intervenir contra quien no está actuando correctamente. Cuando se está viendo que hay una relajación de la Administración y de cuerpos de seguridad ante infracciones graves o no disponen de recursos suficientes, estamos ante un incumplimiento de la normativa y es importante que la ciudadanía vigile esto», detalla el responsable de la asociación policial para la defensa de los animales.
Por esa razón, la APDA sostiene que además de en el maltratador hay que poner el foco en los responsables y funcionarios públicos que no hacen bien su trabajo, para que se impida que se produzca el maltrato.
«Polémica estéril» con la Ley del Bienestar de los Animales
Aunque la defensa de los animales ha avanzado ostensiblemente en España en los últimos años, sobre todo a raíz de la aprobación de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, aprobada en marzo de 2023, Eduardo Justa cree que algunas partes de su enunciado han generado una «polémica estéril» que no aporta «nada práctico». A su juicio, eso se podría haber evitado nombrándola como Ley de Protección de los Animales, «a secas», a semejanza de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.
«Genera controversia decir que los animales tienen derecho a ser tratados con respeto. Sin embargo, el conjunto de la sociedad está de acuerdo en que las personas tenemos el deber de tratarlos con respeto y la obligación de cumplir con la normativa que los protege. Y en la APDA preferimos centrarnos en lo práctico», subraya su presidente.
A su modo de ver, la palabra «bienestar» es un tanto ambigua en este campo: «¿Cómo sabemos cuál es el bienestar de mi gato, de mi perro? Porque a lo mejor preferiría estar todo el día en el campo, para él eso sería su bienestar. Lo que tenemos que trabajar es para que esté realmente protegido».
La APDA ha exigido de forma reiterada que la imprudencia grave en casos de maltrato a los animales sea considerada como un delito. Sin embargo, las últimas reformas del Código Penal no lo han tipificado así. La asociación considera que esa decisión supone una gran incongruencia con respecto a otras conductas delictivas que afectan a una amplia variedad de bienes jurídicos protegidos en las que sí se contempla la imprudencia grave: falsedad documental, blanqueo, delitos contra recursos naturales o especies protegidas, caza ilegal, abusos de menores, prostitución o derechos de los trabajadores, entre otros muchos.
«Estando prevista la comisión por imprudencia grave para una multitud de delitos, no resulta justificada su ausencia en el caso de los delitos contra los animales, máxime teniendo en cuenta cuál es el bien jurídico protegido en estos tipos delictivos: la vida y la integridad de los animales como seres vivos con capacidad de sentir, y no cosas. Cuando el deber de cuidado resulta exigible, las conductas imprudentes graves de sus responsables merecen reproche penal», explica Eduardo Justa a este periódico.
La incongruencia en la regulación de la caza
La incongruencia, a juicio de APDA, llega al extremo de que la imprudencia grave está contemplada en la caza y la pesca ilegal, pero no para el resto de animales que se hallen afectados por alguna conducta delictiva.
Precisamente, esta asociación considera que la regulación de la caza en España incurre también en una incongruencia. A su entender, si la actividad cinegética es necesaria para el cuidado del medio ambiente, tal como la considera la Administración para permitirla, «debería realizarse de forma profesional por medio de funcionarios y agentes forestales».
«No se entiende que haya gente trabajando gratis, porque las asociaciones de caza pagan de su bolsillo toda la actividad cinegética. Salvo las ONG, no se entiende que haya personas y entidades dispuestas a pagar de su bolsillo una actividad que genera gastos. Pongamos un ejemplo para que se entienda mejor: si consideramos que los mataderos son necesarios, ¿qué opinaríamos si las personas que trabajan en ellos lo hicieran de forma voluntaria y altruista porque les gusta esa actividad? ¿Cómo se miraría a esas personas?», se pregunta Eduardo Justa.
Recientemente, se ha aprobado la reforma de una ley que permite volver a cazar lobos al norte del río Duero, al haberlos sacado del listado de especies protegidas. La APDA considera al respecto que las Administraciones y los agentes medioambientales de las distintas zonas donde vive el lobo tienen mucha información sobre las causas de sus ataques, que «no son siempre atribuibles a la responsabilidad del animal».
Y esos mismos funcionarios, según la asociación policial, critican los criterios de la caza del lobo. «Por ejemplo –precisa Justa–, el hecho de que se abatan lobos sanos de una manada y no aquellos enfermos de sarna; que se ponga precio y se obtenga dinero con su muerte; que participen en su caza particulares, como diversión, y no exclusivamente funcionarios; o que se abatan lobos sin considerar que pueden ser los responsables o no del acecho al ganado. Tan controvertido es matar cérvidos allí donde se mata al lobo, como matar zorros allí donde se matan conejos», apostilla este policía.
El presidente de APDA sostiene, además, que, aunque existen pautas de cuidado del ganado que no siempre se cumplen por parte de todos los ganaderos, el ruido del discurso contra el lobo hace que el foco se ponga sobre ese animal y sin estudiar cada caso ni sus causas concretas.
«Es como si los policías, como por la noche hay más robos, a partir de las dos de la madrugada dispararan a todo lo que se mueva. La pregunta es: ¿estamos abatiendo realmente a los lobos que atacan al ganado? ¿Cómo se sabe eso? Y, además, habría que tener en cuenta otro aspecto: si debilitas la manada, porque acabas con parte de sus miembros, los que quedan tendrán más dificultades para una caza de animales salvajes y tendrán que ir a por las piezas más fáciles, el ganado», advierte Justa.
La protección animal en las oposiciones a policía
Otra de las grandes reivindicaciones de APDA es la inclusión de la normativa sobre protección de los animales en el temario de las oposiciones para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. «Es la piedra angular de todo. Nosotros somos los que tenemos que conocer la normativa para luego aplicarla y evitar su incumplimiento», dice su presidente.
A juicio de Eduardo Justa, no se trata tanto de un problema de formación, porque cualquiera puede tener acceso a ella a través de internet, sino de desconocimiento de la existencia de una normativa, que, además, es dispersa y diferente en cada comunidad autónoma, y de su aplicación. «Pero, sobre todo, tenemos un problema conceptual –recalca–. A pesar del alto número de requerimientos por asuntos relacionados con los animales y el medio ambiente, los temarios de oposición no inducen al aspirante a pensar que también será su obligación conocer y hacer cumplir la normativa».
Sin embargo, la asociación defiende que la ciudadanía tiene también un papel esencial, mucho más importante de lo que ella cree. «En ella reside el futuro a corto y medio plazo de la protección animal –asegura el presidente–. Conocer la normativa, que está prácticamente a su alcance, y saber que los cargos públicos y funcionarios tenemos el deber de hacerla cumplir».
Igualmente, a juicio de APDA, resulta fundamental que las entidades de protección animal, que son las que habitualmente canalizan las llamadas de auxilio de la ciudadanía ante casos de infracciones graves, reserven una parte de su presupuesto para la protección jurídica de los animales, especialmente en los casos en los que los servicios públicos no están actuando conforme a las leyes, como, por ejemplo, las vulneraciones mencionadas de dos artículos del Código Penal.
«Una ciudadanía informada puede ayudar a los policías que quieren hacer bien su trabajo y puede resultar decisiva para hacer cumplir la ley a los que no la cumplen y detectar así los casos en los que los servicios no la están cumpliendo», señala Justa.
La gestión privada de los zoosanitarios municipales
La falta de control y gestión pública de los animales es el aspecto que menos se cumple en España en la protección de los animales, según la APDA. Y eso se traduce, a su juicio, en una falta de actuación eficiente ante infracciones graves o reiteradas, al no hacerse uso de todas las herramientas que ofrece la normativa vigente, como son el decomiso o la sanción accesoria de prohibición de tenencia de animales.
Dentro de esa gestión pública ocupan un lugar destacado los centros municipales zoosanitarios, que se encargan, entre otras tareas, del acogimiento de animales abandonados o maltratados. La asociación de policías sostiene que hay una «diferencia notable» entre los centros que son gestionados por empresas privadas, cuya finalidad es la búsqueda de beneficios y la reducción de pérdidas, y los que lo son por empresas públicas o entidades sin ánimo de lucro, que cuentan con una mayor implicación de la ciudadanía y del voluntariado.
«Cada vez hay más juristas especializados en derecho animal que están poniendo el foco sobre la gestión de los centros. Esto ha dado lugar a que en los últimos meses estén saliendo a la luz denuncias, irregularidades y pérdidas de contrato sobre alguna empresa privada. Por la información que tenemos, creemos que hay ciudades, centros y Administraciones que pronto serán noticia», afirma Eduardo Justa.
De todos modos, la APDA avisa de que si no se actúa «desde arriba» con una mejor gestión y control de los animales, «no hay entidad pública o privada que pueda asumir el alto número de animales domésticos desamparados que llegan a los centros, bien sean de tamaño pequeño, como perros o gatos, o bien de mayor tamaño, como los équidos».
