Las 6 Economías Ilegales que Amenazan los Ecosistemas de Latinoamérica y el Caribe
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Economías ilegales como la Minería ilegal de oro, tráfico de drogas y su infraestructura, así como tráfico de madera.
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Otra de las causas más importante es la apropiación ilegal de tierras, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como el tráfico de fauna silvestre.
Redacción/CAMBIO 22
Las organizaciones criminales detrás de los delitos ambientales y otras economías ilícitas amenazan la enorme biodiversidad, los ecosistemas y el modo de vida de las comunidades indígenas en Latinoamérica y el Caribe.
La región alberga el 60% de la biodiversidad global y un tercio de los recursos hídricos del planeta.
El 47% de su superficie está cubierta por bosques, que actúan como grandes captadores de dióxido de carbono y sostienen el modo de vida de los pueblos indígenas.
Pero la región registra algunas de las tasas más altas de deforestación y pérdida de biodiversidad del mundo, afectando especialmente ecosistemas en la Cuenca Amazónica, el Gran Chaco —que se extiende entre Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay— y la selva Maya, ubicada en la península de Yucatán.
También es la región donde quienes defienden el medioambiente están más amenazados. En 2023, Latinoamérica registró 166 asesinatos de defensores ambientales y de la tierra, un 85% de los homicidios registrados a nivel global y la cifra más alta desde 2012, según la organización Global Witness. El 43% de las víctimas pertenecía a comunidades indígenas.
Las economías extractivistas, como la minería, la pesca y la industria maderera —en las que convergen actividades legales e ilegales—, junto con actividades criminales como el tráfico de fauna silvestre y el narcotráfico, son algunas de las principales amenazas para la supervivencia de estos ecosistemas y sus defensores.
A continuación, InSight Crime repasa las principales economías criminales que contribuyen a la degradación de los bosques, ríos y océanos de Latinoamérica y el Caribe.
1.- Minería ilegal de oro
La región está inmersa en una fiebre del oro impulsada por los precios récord que alcanzó el metal precioso y la creciente demanda internacional. Esta desenfrenada minería ilegal ha ocasionado profundos daños ambientales y está poniendo en jaque a comunidades locales e indígenas, que son paulatinamente envenenadas por el uso de mercurio −usado para separar el oro de los sedimentos−, y a aquellos que se oponen al avance de la minería y se han convertido en blanco de todo tipo de violencias.
Perú es el mayor productor de oro de Latinoamérica y uno de los epicentros de la minería ilegal en la región. Durante años, esta actividad se ha concentrado en el departamento de Madre de Dios, al sureste de la Amazonía peruana, donde miles de hectáreas de bosque primario han sido arrasadas por cuenta de este tipo de delito ambiental. Para contrarrestar el avance de esta actividad, el gobierno peruano lanzó operativos como la “Operación Mercurio” en 2019, y el “Plan Restauración” en 2021, y aunque logró disminuir la actividad minera en Madre de Dios, nuevos focos de minería ilegal han surgido en los últimos años en otras zonas del sureste del país, como la Reserva Nacional de Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja Sonene, la Reserva Comunal Amarakaeri, y también a lo largo del río Pariamanú, cerca de la frontera con Brasil y Bolivia.
En Colombia, la actividad minera se concentra principalmente en los departamentos de Chocó, Antioquia y Bolívar, en el norte del país, aunque en los últimos años se ha expandido cada vez más a lo largo de los ríos de la Amazonía. En el país, el 73% aproximadamente de la minería de oro es ilegal, según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD).
En Bolivia y Venezuela, la extracción minera opera frecuentemente con la bendición del Estado y sus regulaciones permisivas, que difuminan los límites entre lo legal e ilegal. En Bolivia, por ejemplo, el sector cooperativista controla el 94% de la producción nacional de oro, pero sus operaciones frecuentemente están asociadas con actores ilegales, que suelen operar sin ningún tipo de licencias ambientales y de la mano de empresas dudosas de China y Colombia. El país también se ha convertido en la principal puerta de entrada de mercurio y desde sus fronteras se envía como contrabando a Perú y Brasil, en donde termina alimentando numerosas operaciones de minería ilegal.
Mientras que en Venezuela, desde 2016 el Decreto de Creación del “Arco Minero del Orinoco”, que se extiende desde el centro del país, a lo largo del río Orinoco, ha dado paso a la instalación de nuevas minas, bajo el amparo de autoridades y fuerzas militares vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.
La extracción minera en la región también ha llegado hasta el corazón de zonas protegidas. En Ecuador, grupos criminales como Los Lobos están incursionando en la minería ilegal, y extorsionando a mineros en el Parque Nacional Podocarpus, donde la deforestación para la actividad minera aumentó un 125% entre 2023 y 2024.
En las tierras indígenas de la Cuenca Amazónica, la minería ilegal ha dejado huellas profundas. Quizá uno de los casos más representativos es el de la comunidad indígena Yanomami, ubicada en la frontera que conecta a los estados de Roraima, en Brasil y de Amazonas, en Venezuela, cuyo territorio llegó a ser invadido por 30.000 mineros ilegales aproximadamente en 2022, según estimaciones de la policía de Brasil. El desenfrenado saqueo minero en la comunidad comenzó hace más de 40 años con la complicidad de políticos locales corruptos y se apalancó aún más en la última década con la llegada de grupos criminales como el Primer Comando Capital (PCC), un poderoso grupo criminal originario de San Pablo.
La extracción minera desenfrenada en tierras Yanomami ha provocado graves consecuencias en la población, como la proliferación de enfermedades como la malaria, el envenenamiento por mercurio, y la desnutrición infantil. Además, los dirigentes indígenas que se han opuesto a las actividades extractivas han sido amenazados y asesinados. Aunque en 2023 el presidente brasileño Lula da Silva implementó una serie de operativos que lograron expulsar a gran parte de los mineros, todavía persiste parte de esta actividad ilegal y muchos garimpeiros, como se les llama a los mineros ilegales en Brasil, han abierto nuevos puntos de extracción de oro a lo largo de fronteras amazónicas.
2.- Tráfico de drogas y su infraestructura
A pesar de que la siembra de cultivos de coca no constituye uno de los principales motores de deforestación de la región, esta ha tenido impactos significativos en la pérdida de bosques en parques naturales, zonas protegidas y en algunos focos cocaleros de países como Colombia y Perú. El tráfico de drogas, además, ha funcionado como una suerte de catalizador de la deforestación, pues las ganancias obtenidas de este negocio a menudo son lavadas y usadas como el capital semilla para otras actividades que generan pérdida de bosques y biodiversidad, como la agroindustria, la ganadería, la apropiación de tierras y la minería ilegal.
En uno de los principales enclaves cocaleros de Colombia, el departamento de Putumayo, que registró 50.342 hectáreas de cultivos de uso ilícito en 2023, la coca ha sido una de las causas más importantes detrás de la deforestación, a diferencia de lo que ocurre en otras partes de la Amazonía del país, donde la apropiación de tierras, la praderización y la ganadería son los principales promotores de la pérdida de bosques. Además, casi la mitad de los cultivos de coca de Colombia se concentran en zonas de manejo especial, incluyendo parques nacionales, territorios colectivos y zonas de reserva forestal de ley segunda —áreas originalmente destinadas a la protección y desarrollo sostenible de los recursos forestales, los suelos, las aguas y la vida silvestre—, según el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la ONUDD.
Mientras tanto, en Perú, los cultivos se han expandido más allá del tradicional epicentro de la coca en el país: el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y se han adentrado cada vez más en la Amazonía. En los departamentos amazónicos de Huánuco, Loreto, San Martín, Madre de Dios y Ucayali, los bosques se han tumbado para abrir paso a los cultivos de coca, que pasaron de 8.766 hectáreas en 2019 a 33.384 en 2023, un incremento del 280%, según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA).
La construcción de la infraestructura para el narcotráfico también está arrasando con los bosques de Perú. En los departamentos de Ucayali, Huánuco y Pasco se han detectado 67 pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas para el transporte de droga, según una investigación de Mongabay Latam y Earth Genome. La mayoría de estas pistas ilegales se ubican dentro y alrededor de comunidades indígenas, reservas para pueblos en aislamiento y concesiones forestales. El fenómeno se repite en Bolivia, donde se han identificado 440 pistas aéreas en los departamentos de Beni, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, 180 de las cuales están localizadas en parques naturales, reservas y territorios indígenas.
Más allá de la deforestación, la producción de drogas contamina gravemente los ecosistemas. En el “Triángulo Dorado” del noroeste mexicano, los laboratorios para la producción de metanfetaminas utilizan precursores químicos como metilamina, cianuro de sodio y ácido fenilacético, que erosionan los suelos, contaminan las fuentes de agua y envenenan a la población y fauna local.
Además en México, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, todos colindantes con Centroamérica se han detectado la deforestación para la construcción de pistas clandestinas de aterrizaje utilizadas por el Crimen Organizado para la descarga de millonarios cargamentos con droga sudamericana de aeronaves que vienen del cono sur del continente.
3.- Tráfico de madera
Desde los bosques de Centroamérica hasta la Cuenca Amazónica, las redes criminales han talado maderas preciosas y resistentes como el cedro, la caoba, el ipé, o el granadillo para abastecer los mercados nacionales e internacionales de construcción de muebles y pisos de lujo, y para la creación de instrumentos musicales. Sin embargo, estas valiosas maderas han sido taladas casi hasta el punto de extinción, provocando una profunda pérdida de biodiversidad y degradación de los bosques.
Las mafias madereras se han aprovechado de las diferentes falencias de trazabilidad que existen a lo largo de la cadena de suministro de la madera en toda la región. En el camino, utilizan distintos patrones de ilegalidad: extraen especies de madera no autorizadas, en zonas no permitidas, y en volúmenes superiores a los reportados en los planes operativos anuales, los documentos que incluyen información georreferenciada y especificaciones sobre las especies maderables que se van a talar, así como la cantidad que se pretende extraer.
La corrupción aceita los engranajes de cada eslabón de esta cadena criminal: desde la falsificación de documentos, que permiten el libre tránsito de la madera, hasta el lavado de madera de origen ilegal, que termina siendo comercializada como un producto legítimo.
En la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, quienes orquestan las operaciones de tráfico de madera son conocidos como “patrones”, y a menudo engañan a las comunidades indígenas que tienen el derecho de extraer madera de sus territorios. Los patrones les ofrecen a las comunidades empleos, plantas eléctricas o educación a cambio de que estas les permitan actuar como una suerte de apoderados de sus planes de manejo forestal, pero bajo la sombra de estos permisos, los patrones lavan madera de origen ilegal. Muchas comunidades indígenas han sido multadas por las irregularidades que cometen los traficantes de madera en sus territorios o con el amparo de sus permisos de aprovechamiento forestal.
En los últimos años, las mafias madereras que operan a lo largo de las fronteras que comparte Ecuador con Perú y Colombia han estado aprovechando el auge de la demanda de madera de balsa, utilizada para la fabricación de aspas de energía eólica en China y Estados Unidos. En medio del boom de la balsa, los madereros han invadido los territorios de diversas comunidades indígenas en la Amazonía ecuatoriana, vulnerando sus derechos y degradando sus territorios. Entre 2019 y agosto de 2024, Ecuador ha enviado un poco más de 163.000 toneladas métricas de balsa a China y se estima que el país andino provee el 90% de la madera balsa del mundo, según un estudio de Environmental Investigation agency (EIA).
4.- Apropiación de tierras
En los países de la Cuenca Amazónica, la apropiación de tierras, también llamada tráfico de tierras, se ha convertido en el principal mecanismo para privatizar y transformar tierras indígenas y bosques públicos, todo esto impulsado por la expansión de la frontera agrícola y la creciente demanda mundial de productos como la soja, la carne y el aceite de palma.
El patrón es consistente a lo largo de la región: los traficantes de tierras talan y queman los bosques, para convertirlos en pastizales en los que establecen operaciones agrícolas, como la ganadería o la siembra de cultivos de palma. Para obtener los títulos de propiedad, los traficantes de tierras se aprovechan de vacíos jurídicos existentes y conspiran con funcionarios corruptos. Frecuentemente, estas tierras que son despejadas ilegalmente forman parte de reservas forestales y áreas protegidas, o han pertenecido históricamente a comunidades indígenas, dejando a estas últimas en una situación de vulnerabilidad.
En Colombia, el Parque Nacional Chiribiquete y la Reserva Indígena Llanos del Yarí – Yaguará II en el centro de la Amazonía, han sido deforestados a causa de la apropiación de tierras, la construcción de vías, la ganadería extensiva y la praderización.
En Brasil, los llamados “grileiros” o ladrones de tierra explotan vulnerabilidades en el Catastro Ambiental Rural (CAR) para reclamar tierras públicas sin designación específica, incluso dentro de la selva amazónica, para posteriormente venderlas a inversionistas. Mientras tanto, la frontera entre Bolivia y Brasil enfrenta presiones simultáneas: en el departamento boliviano de Santa Cruz, la regularización gubernamental de tierras reclamadas por agricultores ha acelerado la deforestación y concentrado la propiedad en pocas manos, mientras que Brasil ha convertido al estado limítrofe de Mato Grosso en una potencia agrícola y el mayor productor de carne vacuna del país, expandiendo agresivamente la frontera agrícola cada vez más adentro de la Amazonía.
5.- Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) prospera en la región gracias a las lagunas legales, la corrupción y la gran demanda de especies marinas para consumo, generando ingresos globales anuales de hasta US$36.000 millones. También está relacionada con otros crímenes como la trata de personas con fines de explotación laboral en las flotas pesqueras y el narcotráfico en alta mar.
La extracción de peces de tamaño menor al reglamentario, la infracción de las cuotas de pesca por temporada o el uso de técnicas agresivas, como la pesca de arrastre, son algunas de las amenazas que presenta la pesca INDNR para la conservación de la biodiversidad marina. La pesca ilegal acecha santuarios marítimos como el Parque Nacional Revillagigedo en México, el área de Yuruparí-Malpelo en Colombia y la Reserva Marina Galápagos en Ecuador. También amenaza especies protegidas como el pepino de mar, la totoaba y varias especies de tiburón, altamente valoradas en los mercados internacionales.
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que protege a más de 40.900 especies de plantas y animales en riesgo, enfrenta retos en su intento por acabar con la pesca ilegal de estas especies.
En 2024, la CITES aplicó sanciones contra Ecuador y solicitó al resto de Estados miembros rechazar sus exportaciones de 12 especies de tiburón y manta raya. En este país, la pesca de cientos de miles de tiburones, prohibida desde 2004, se reporta como captura incidental debido a la falta de límites para esta práctica, que permite su comercialización. A pesar de las sanciones, Ecuador fue el tercer mayor exportador de aletas de tiburón en 2024, según la base de datos de comercio internacional Abrams. La pesca ilegal de este animal continúa en el país, como evidenció la incautación de 15 toneladas de aletas de tiburón y decenas de caballitos de mar durante un operativo en la ciudad costera de Manta el pasado 9 de abril.
El lavado de los pescados de origen ilegal a través de las cadenas de suministro legales es un problema global. Organizaciones no gubernamentales estiman que aproximadamente el 20% del pescado comercializado proviene de la pesca INDNR. En países como México, el porcentaje alcanza el 40%, según estimaciones de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
6.- Tráfico de fauna silvestre
En Latinoamérica y el Caribe se encuentran seis de los países con mayor diversidad de aves, anfibios, reptiles, mamíferos, peces y plantas del mundo. La región alberga un 60% de la vida silvestre del planeta, por lo que es un objetivo para las redes de tráfico de fauna que comercializan especies salvajes o partes de animales.
La creciente demanda de fauna y sus productos, para ser utilizados como ingredientes en la medicina tradicional oriental, como mascotas exóticas o trofeos, o como atractivo turístico, está detrás de esta lucrativa economía ilícita, que genera anualmente hasta US$23.000 millones a nivel global.
Animales simbólicos de Latinoamérica, como el jaguar, viven una crisis de tráfico ilegal. Los traficantes persiguen a este animal, que habita en 18 países del continente, para vender partes de su cuerpo que son utilizadas en productos medicinales asiáticos. La deforestación producida por la industria minera y maderera, la inversión china en el sector y la falta de vigilancia por parte de las autoridades, representan el peor escenario para el gran felino en países como Bolivia y Surinam, donde antes vivían resguardados en la inmensidad de la selva. El cuerpo del animal puede venderse por hasta US$3.000 en el mercado negro de estos países.
Otras especies como las guacamayas rojas, capturadas en la selva hondureña de la Moskitia, o los monos araña, cuya población se encuentra amenazada en México, son capturadas para venderse como mascotas exóticas en los mercados internacionales.
Con Datos de Insight Crime/Sistema de Noticias CAMBIO 22
RHM
