Candidaturas en elección judicial suman gastos de campaña por 395 mdp
Luego de las controvertidas Elecciones del Poder Judicial, las y los candidatos electorales reportaron gastos de campaña por 395 millones de pesos, de los cuales 268 millones fueron destinados para la elección federal y 127 millones a los comicios locales.
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Este lunes, Carla Humphrey, la consejera presidenta de la Comisión de Fiscalización señaló que los dictámenes de fiscalización se presentarán el 28 de julio ante el Consejo General del INE, lo que podría derivar en la cancelación de candidaturas, aunque ya se hayan entregado las constancias de mayoría.
Aseguró que se han presentado 98 quejas contra candidaturas al Poder Judicial, en materia de fiscalización, más otras tres que se iniciaron de manera oficiosa, en la que están previstas las investigaciones sobre la distribución de acordeones.
En conferencia de prensa, detalló que las candidaturas federales reportaron gastos por 268 millones 510 mil 798 pesos y egresos por 122 millones 027 mil 577 pesos. Además, realizaron 66 mil 322 eventos.
En el caso de las elecciones en 19 estados, las 4 mil 367 candidaturas reportaron gastos por 127 millones 479 mil 425 y egresos por 69 millones 399 mil 950 pesos. También realizaron 48 mil 987 eventos.
Expuso que algunas de las causas graves por las que alguna candidatura pudiera perder su triunfo son el rebase de topes de gastos de campaña; fuentes de financiamiento público, privado o del crimen organizado.
«Esto adecuadamente documentado y después de ver las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que son cometidas cada una de las faltas, son sanciones que desde la propia Unidad Técnica de Fiscalización nos tendrá que proponer primero a la comisión, para luego ir a Consejo General. Sin duda, está la posibilidad de retirar estas candidaturas, aunque hayan sido ganadoras», planteó.
Sobre el tema de los acordeones, aclaró que «si de las investigaciones se deriva que esos egresos correspondan a una candidatura, se procederá a sumarlos a sus topes de gastos de campaña. Y si los rebasa, pues claramente tendrá la sanción correspondiente».
«El INE ya, además, presentó vistas ante la Fiscalía, ante la FISEL, porque la compra de voto pues es, o la coacción del voto es claramente un delito electoral y, por tanto, también para que desde la Fiscalía pudieran también tener toda la investigación conducente y en su caso, judicializar las carpetas, si hay elementos para ello», manifestó.
La consejera señaló que se hizo un monitoreo en redes sociales y la verificación en los eventos que tenían la obligación de reportar, con una antelación de tres días.
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Explicó que también se creó un modelo de riesgos de gastos dado la complejidad del número de candidaturas, la ausencia de partidos políticos, la falta de experiencia en materia de fiscalización, entre otros.
«Desde inicios de la campaña ya estaba operando este modelo de riesgos para poder determinar cuáles de estas candidaturas generaban mayores riesgos y a cuáles tendríamos que poner una especial atención dadas distintas variables que alimentan este modelo de riesgos», dijo.
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