Los nuevos compromisos de la OTAN en materia de defensa no deben cumplirse a expensas de los derechos humanos
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
Los Estados de la OTAN se reúnen esta semana en La Haya y afrontan decisiones difíciles que tendrán repercusiones en la vida de millones o incluso miles de millones de personas en todo el mundo. Si, como se prevé, se comprometen a incrementar el gasto en defensa para responder a la actual guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, deben asegurarse de que esa decisión vaya acompañada de compromisos firmes y medidas concretas para mejorar la protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Dada la gravedad de las crisis que están asolando al mundo y la necesidad de aprovechar cualquier oportunidad para exigir que la protección de los derechos humanos ocupe un lugar central en todas las respuestas, estaré representando a Amnistía Internacional en el Foro Público de la OTAN que se celebra en paralelo a la cumbre y en el que dirigentes y autoridades hablaran con especialistas en seguridad, personal académico, periodistas y ONG.
Al presentar el Informe Anual de Amnistía hace algunas semanas, declaré que suponía la advertencia más firme jamás emitida por la organización. Actualmente hay más conflictos que en cualquier otro periodo desde la Segunda Guerra Mundial, la desigualdad está muy extendida —tanto dentro de los Estados como entre ellos— y los Estados se están lanzando a una carrera armamentística incontrolada, impulsada en primer lugar por la inteligencia artificial. Sin medidas concertadas e integrales por parte de los gobiernos, esta coyuntura histórica se transformará en una devastación histórica.
La cumbre debería desembocar en un conjunto de medidas concretas que garanticen el respeto del derecho internacional humanitario.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
Cuando los líderes de la OTAN se sienten a debatir sobre dichos desafíos, deben evaluar cuidadosamente su responsabilidad para con la humanidad.
Fiscalidad progresiva, sin medidas de austeridad, para financiar el aumento del presupuesto de defensa
El gobierno de Trump está presionando a sus aliados de la OTAN para que aumenten su gasto en defensa hasta el 5% del PIB, más del doble del actual objetivo del 2%. Esto consistiría en un incremento del 3,5% dedicado directamente a gasto militar y el otro 1,5% a defensa civil, ciberseguridad, inteligencia e infraestructuras relacionadas con actividades militares. Ninguno de dichos incrementos debe sufragarse con el recorte de los fondos esenciales necesarios para garantizar y proteger servicios públicos básicos o ayuda humanitaria y al desarrollo.
En vez de dejar en la estacada a aquellos que más ayuda necesitan, los Estados deberían recaudar los fondos requeridos mediante la aplicación de medidas fiscales nacionales más progresivas dirigidas a los más ricos y mediante el apoyo a una reforma fiscal global que garantice que quienes tienen los hombros más anchos paguen la parte que les corresponde.
Los líderes de la OTAN también deberían declarar clara y firmemente que la población no tiene que elegir entre seguridad o protección de sus derechos sociales, económicos y políticos. Se trata de una falsa dicotomía. Seguridad y derechos van de la mano.
Impulsar el compromiso con el derecho internacional
El respeto del derecho internacional humanitario está sumido en una profunda crisis, pues muchos gobiernos sostienen que los principios y las normas del derecho internacional humanitario no les son aplicables, o reescriben las reglas para permitir conductas que no se deberían consentir. El genocidio israelí en Gaza se está viendo agravado por que los principales aliados de Israel no detienen la transferencia de armas ni condenan los crímenes de guerra y el indescriptible derramamiento de sangre que está sufriendo la población civil. La guerra de agresión en curso de Rusia contra Ucrania ha producido más muertes de civiles ucranianos en 2024 que en el año anterior.
Los líderes de la OTAN no sólo deben reiterar su compromiso de respetar el derecho internacional y exigir a sus aliados que respeten las leyes de la guerra. La cumbre debería desembocar en un conjunto de medidas concretas que garanticen el respeto del derecho internacional humanitario.
Los líderes de la OTAN deberían detener las transferencias de armas a lugares en los que es probable que se utilicen para cometer violaciones del derecho internacional, como Israel y Sudán, por ejemplo. El aumento de la producción militar no es un excusa válida para que los Estados transfieran armas a países en los que exista un riesgo sustancial de que se empleen para cometer o facilitar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio.
Proteger los tratados internacionales
La tendencia a la remilitarización ha dado lugar a que haya Estados que se retiren de tratados esenciales para la protección de la población civil.
La inusitada retirada de Lituania de la Convención sobre Municiones en Racimo se hizo efectiva en marzo de 2025 y, además, su Parlamento aprobó en mayo la retirada de la Convención de Ottawa, un tratado histórico que prohíbe el uso de minas terrestres antipersonal. Finlandia anunció su retirada de este último tratado en abril, mientras que los Parlamentos de Estonia y Letonia votaron a favor de su retirada hace pocas semanas. El ministro de la Defensa de Polonia ha recomendado hacer lo mismo. Estados Unidos, que no es país signatario de ninguna de esas dos convenciones, ha seguido socavando los esfuerzos encaminados a la prohibición, y el gobierno de Biden transfirió bombas de racimo y minas antipersonal a Ucrania el año pasado.
Los líderes de la OTAN deben reiterar su compromiso con dichos tratados, que son fundamentales para proteger a la población civil en los conflictos armados, y pedir a sus aliados que reconsideren su decisión de retirarse.
Regular el desarrollo de sistemas de armas autónomos
La remilitarización también está impulsando un uso cada vez mayor de la inteligencia artificial en el ámbito militar y es probable que acelere el desarrollo de sistemas de armas autónomos, lo que puede anular años de esfuerzos encaminados a su regulación.
Esta carrera armamentística pone de relieve la necesidad imperiosa de pasar de los interminables debates sobre los sistemas de armas autónomos a medidas inmediatas que impidan de hecho que de manera inadvertida quedemos en el olvido. Los gobiernos de la OTAN deben adoptar una postura colectiva clara en favor de un tratado global jurídicamente vinculante que regule el desarrollo y el despliegue de los sistemas de armas autónomos, y que incluya la prohibición de aquellos que convierten en objetivo y atacan directamente a seres humanos; una línea que, por infinidad de razones jurídicas y éticas, no podemos traspasar.
Reafirmar el respeto del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica
Durante el último año, Amnistía ha documentado una intensificación globalizada de las prácticas autoritarias y de la represión feroz de la disidencia, sobre todo en relación con los conflictos y con las violaciones del derecho internacional. Gobiernos de todo el mundo prohibieron medios de comunicación, disolvieron o suspendieron la actividad de ONG y partidos políticos y encarcelaron a voces críticas. Amnistía ha documentado en todo el mundo la penalización y el castigo del ejercicio de la libertad de expresión y de las protestas pacíficas, incluso mediante el uso de leyes contra el “terrorismo” o el “extremismo”.
La protección de los valores universales y de los derechos humanos debe ser el elemento central de la visión y las acciones de la OTAN. Tal era la visión que los fundadores tenían de la alianza cuando reafirmaron en su tratado “su fe en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. Dicha protección es lo que toda la ciudadanía debería esperar.
Seguridad y derechos van de la mano.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
Los líderes de la OTAN deben reconocer el papel fundamental que desempeñan la sociedad civil, los defensores y defensoras de los derechos humanos y los medios de comunicación independientes a la hora de proteger los derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas y el respeto del Estado de derecho, todos ellos elementos básicos para preservar la paz y la seguridad. Han de comprometerse a permitir que se celebren protestas pacíficas y garantizar el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como dejar de oprimir a las ONG y reconocer la función esencial que éstas desempeñan en la sociedad. Asimismo, los gobiernos deben proteger a defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas de los ataques, poner fin a cualquier tipo de violencia contra ellos auspiciada por el Estado, y abstenerse de hostigar o censurar a los medios de comunicación independientes.
Se trata de medidas básicas que los Estados deben tomar para garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad a nivel nacional y mundial.
De lo contrario, los líderes de la OTAN estarán allanando el camino a futuras crisis. No pueden lograr una seguridad auténtica y duradera sin unas garantías de derechos humanos robustas
Este artículo se publicó originalmente en Le Monde diplomatique
