Alerta en corredor minero sur: minería ilegal de cobre gana terreno
La minería ilegal de cobre avanza silenciosamente en el corredor minero del sur del Perú —que comprende las regiones de Arequipa, Cusco y Apurímac— y ya representa una amenaza crítica para el orden público y la inversión formal en el país. Así lo advirtió el Instituto Peruano de Economía (IPE), alertando que, de mantenerse la ausencia de fiscalización estatal, se podrían generar escenarios de violencia y crimen organizado similares a los vividos en el norte del país con la minería ilegal de oro.
Stephani Maita, economista senior del IPE, señaló que este fenómeno aún poco visibilizado ya ha superado los márgenes de la pequeña minería y la minería artesanal. “Diversos especialistas del sector ya han alertado que la escala operativa de estas actividades ilícitas supera con creces lo que debería corresponder a la pequeña minería o minería artesanal”, advirtió.
Por su parte, el analista Iván Arenas indicó que actualmente circulan entre 120 y 200 camiones diarios con mineral ilegal por este corredor, “casi el doble de los que registran operaciones legales como Las Bambas”.
El auge del mercado negro del cobre se ve impulsado por los altos precios internacionales y por una red creciente de plantas de procesamiento no fiscalizadas. Según el IPE, en la última década estas instalaciones se han triplicado y ampliado su capacidad, sobre todo en Arequipa e Ica, debido a su proximidad a puertos de exportación.
Maita remarcó que el problema se agrava con la posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), y enfatizó que la presencia de mineros ilegales ya ha sido detectada en áreas concesionadas a proyectos estratégicos como Michiquillay, Los Chancas y Haquira. “Esto representa un serio riesgo para el desarrollo de nuevos proyectos de inversión minera, al dificultar la liberación de terrenos y aumentar la conflictividad social”, precisó.
En ese sentido, el IPE propone cerrar el Reinfo y diseñar una estrategia integral para frenar esta amenaza, basada en mayor fiscalización, trazabilidad y cooperación internacional.
