¿Cuáles son los costos y beneficios de la minería legal en Ecuador? – Ecuavisa

La minería formalizada en Ecuador se ha empeñado en los últimos tiempos en presentarse como una actividad responsable que minimiza los impactos, especialmente ambientales, tanto que han llegado a decir que son capaces de devolver el agua que se utiliza en mejores condiciones que las que la reciben.

Pero más allá de los lemas, hay un hecho: los cambios geográficos que implica su desarrollo, como la tala de bosques, el desvío de ríos y la desaparición de cerros.

Esto tiene como consecuencia inundaciones, sedimentación, pérdida de hábitat para especies nativas, la interrupción de procesos ecológicos por el lado ambiental.

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Socialmente, hay otras consecuencias por el impacto de la minería en las actividades cotidianas de las comunidades que se encuentran en las zonas de influencia. La rentabilidad provoca el abandono de la agricultura y la ganadería y de los procesos productivos relacionados con ellas.

Aquel impacto de la actividad minera formal ha sido divisado en el proyecto Mirador en Zamora Chinchipe tras siete años.

Por otra parte, imágenes satelitales permiten observar de mejor manera como a las orillas del río Zamora la minería ilegal gana espacio a la selva.

Ser un país minero tiene beneficios. En 2024 se recaudaron 1200 millones de dólares en regalías y tributos.

Las comunidades adyacentes tuvieron beneficios como intervenciones en infraestructura educativa y de salud, un sistema vial óptimo, conectividad gratuita. Por ejemplo, Zamora Chinchipe, donde operan los proyectos Fruta del Norte y Mirador, es la única del país donde hay una reducción en los índices de pobreza.

Los índices de escolaridad son casi perfectos y el número de jóvenes de comunidades cercanas a los centros de operación minera que estudian en la universidad pasó de cero a más de 500 desde la llegada de esta industria. Pero también hay costos y no existe un consenso social sobre si el país quiere o no apostar decididamente a esa industria como alternativa de desarrollo.

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La falta de discusión, y consecuentemente decisiones, abre las puertas para que las actividades ilegales se multipliquen con toda la violencia que la acompaña. Los resultados de dos consultas populares prohibieron las actividades mineras en Cuenca y en el Choco Andino. En otro referéndum, la población se pronunció en contra de la explotación del bloque 46 en el corazón del Yasuní.

Se podría inferir entonces que hay una alta conciencia ecológica o al menos una reticencia al extractivismo como generador de ingresos. Esto, aún cuando organismos internacionales señalan que en la minería está una de las vías para convertir al país en un estado de renta alta.

Sin embargo, no hay una discusión abierta, un cálculo de costos y beneficios, una ruta de desarrollo que sirva de insumo para entender qué es lo que se está buscando y qué es lo que se admite perder a cambio de eso.