Medio Ambiente. ¿En qué consiste la nueva Ley de Permisos Sectoriales?
El empresariado celebra, pues, tal como indicaba el mensaje del proyecto de ley, la Nueva Ley Marco de Permisos Sectoriales (Boletín 16566-03), aprobada el pasado 1 de julio, vendría a reducir los plazos de tramitación de proyectos de un 30% a un 70%, favoreciendo particularmente al gran empresariado y sus inversiones en minería, en energía y en el negocio inmobiliario, por no nombrar otros.
Un proyecto de tramitación express como pocos, promovido por un gobierno que baila al ritmo de los empresarios, de la mano del Ministro de Economía, Nicolás Grau, el cual fue aprobado (con 93 votos a favor, 27 en contra y 17 abstenciones) gracias a los votos de la derecha y parte importante del oficialismo, particularmente del Frente Amplio y la Ex Concertación, ya que el Partido Comunista, convenientemente, se abstuvo.
El proyecto, bajo el argumento de reducir el tiempo de tramitación de permisos, establece la posibilidad de que más de 50 permisos ambientales, incluyendo materias sensibles como aguas, se reemplacen por simples declaraciones juradas y sin mayor revisión de la misma, o sea, que se confía en la palabra de los inversionistas.
También se extendió la aplicación del “silencio administrativo” para la tramitación de permisos sectoriales. El “silencio administrativo” es un mecanismo que se ocupa en la administración del Estado para agilizar la tramitación. Algo sumamente riesgoso, considerando que se aprobarán “por omisión” proyectos ambientales que pueden afectar irreversiblemente al medioambiente y la salud.
Se facilita, además, que ciertas “iniciativas estratégicas”, definidas por una oficina dependiente del Ministerio de Economía, sin ninguna injerencia de comunidades afectadas, tengan tramitación preferente, con plazos reducidos y acompañamiento ministerial.
Por otro lado, el proyecto autoriza a que entidades privadas realicen certificaciones claves para el otorgamiento de permisos, según reglamentos que dictará el propio gobierno de turno y sus ministerios serán los que establecerán si estos informes privados serán o no vinculantes, sujetándolos a conflictos de interés y presiones de toda laya. En este sentido, la ley también contiene un “látigo” administrativo comprendiendo una serie de sanciones y multas para una tramitación rápida.
Además, contempla la modificación de más de 40 cuerpos legales de distinta índole.
Finalmente, se garantiza a las empresas cuyos los proyectos ingresen a Evaluación Ambiental y obtengan una Resolución de Calificación Ambiental favorable tendrán invariabilidad legal por 8 años, esto significa que aunque cambien las condiciones ambientales, sanitarias, científicas, etc., no se les impondrán nuevas exigencias legales, así sea se acabe el mundo.
Claramente el sector empresarial celebró la medida como un importante avance, aunque sus declaradas intenciones es apretar el acelerador y avanzar en esta agenda de “Permisología”, una verdadera “motosierra” ambiental como la llaman entre las organizaciones ambientales.
Este año ya se aprobó una modificación al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental con el cual se dejan fuera de evaluación ambiental un gran número de proyectos nocivos para el medio ambiente y la salud de las personas, como el reprocesamiento de relaves mineros, las modificaciones de proyectos con RCA cuando correspondan al mismo literal que el proyecto original, la producción, disposición, reutilización o almacenamiento de sustancias tóxicas, corrosivas, reactivas o inflamables en hasta 2.499 toneladas, entre muchos otros, como denuncian más de 245 organizaciones y agrupaciones sociales y ambientales.
También fue aprobada hace un par de semanas la ley de Simplificación Regulatoria y Promoción de la Actividad Económica (Boletín N°17322-03), ley enfocada en la inversión facilitando la intervención de humedales y cauces de agua y que pronto empezará a regir. Y queda aún en tramitación una modificación a la Ley de Concesiones Marítimas y a la ley de Patrimonio Cultural.
La aprobación de la ley generó una alerta inmediata en diversas organizaciones sociales y ambientales, las cuales siguieron con atención el debate parlamentario desde sus inicios.
¿Qué se puede hacer?
Durante la tramitación del proyecto una minoría de diputados del Partido Socialista hicieron una reserva de constitucionalidad para recurrir ante el Tribunal Constitucional e impugnar algunos apartados de la ley, la que para prosperar requiere el respaldo de un cuarto del hemiciclo, es decir 39 parlamentarios, lo que requerirá el concurso de los 27 que rechazaron y los 14 que se abstuvieron, para lo cual cuentan con 30 días desde la publicación de la ley. Sin embargo, conociendo el historial del TC, esto no sería más que el aletazo de un ahogado.
Esta ley, como así toda la agenda de “permisología”, responde al reclamo del gran empresariado, enfrentarla requerirá de la más amplia unidad para ponerle en frente una gran oposición organizada y movilizada, partiendo por las diversas organizaciones y agrupaciones ambientales y sociales que en todo el territorio nacional buscan enfrentar los proyectos de saqueo y depredación ambiental impulsar y coordinando un plan de lucha a nivel nacional que incluya a las grandes organizaciones sindicales, estudiantiles, del movimiento de mujeres y de las diversidades, etc. La CUT, el Colegio de Profesores, la FECH, etc., tienen que llamar a enfrentar esta agenda.
En Antofagasta se busca coordinar esta lucha a través de la Coordinadora Socioambiental de Antofagasta, la cual agrupa no solo a organizaciones sociales, de trabajadores, estudiantiles de la comuna, si no a diversas agrupaciones medioambientales de Calama, Tocopilla, Taltal y Mejillones, con el objetivo unir las distintas luchas sociales y ambientales contra el extractivismo y por la vida. Contra el proyecto minero Comahue que pretende instalarse a un par de kilómetros de la ciudad y de la Reserva Natural La Chimba, por la aparición de Julia Chuñil Catricura.
