
¿Por qué seguir subsidiando a las industrias que dañan la salud pública?
La nueva estrategia de industrialización del País debería promover la salud pública y evitar que los costos económicos que provocan las industrias del tabaco, alcohol, bebidas saborizadas y alimentos ultraprocesados sigan siendo absorbidos por la población mexicana.
Desde que se presentó oficialmente el Plan México el pasado 13 de enero de 2025, se anunció como una política de desarrollo económico que buscaría impulsar la industrialización de distintos sectores económicos, por medio de inversión tanto pública como privada. A raíz de esto, distintas empresas han anunciado inversiones para los siguientes años.
Por ejemplo, durante la mañanera del pasado 24 de abril de 2025, Grupo Modelo compartió que invertirá más de 3 mil 600 millones de dólares en el periodo que va de 2025 a 2027. FEMSA anunció una inversión por 64 mil millones de pesos entre 2025 y 2026, enfocando dicha inversión en la expansión de sus tiendas Oxxo, así como ajustes en la comercialización y segmentación.
Estas inversiones podrían reforzar un modelo económico basado en el consumo de productos que están directamente vinculados con graves problemas de salud pública, como diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Las industrias del tabaco, alcohol, bebidas saborizadas y alimentos ultraprocesados impactan a toda la economía en su conjunto: 2 por ciento del PIB por alcohol, 0.57 por ciento por tabaco y 1.78 por ciento en el caso de la obesidad y el sobrepeso (factores de riesgo para la salud asociados al consumo de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados). Además, dada la falta de obligaciones de transparencia de los estímulos fiscales del Plan México, hasta la fecha es imposible saber si estas empresas serán beneficiadas.
En el reporte Impuestos saludables. Más recursos para la salud pública, documentamos los costos económicos y sociales relacionados con el consumo de estos productos, y proponemos diferentes medidas fiscales para fortalecer nuestro sistema de salud. Además de fortalecer el diseño de los impuestos al tabaco, alcohol, bebidas saborizadas y productos ultraprocesados, proponemos reformas al impuesto sobre la renta (ISR) enfocadas en las grandes industrias, entre las cuales se encuentran:
1. Reducir los gastos deducibles de ISR. Las grandes industrias tienen permitido deducir gastos como los títulos de concesiones de agua, un bien público que no debería ser tratado como si fuese un gasto en inversión. Además, para reducir el volumen de sus ventas, también tendría que evaluarse la posibilidad de que estas grandes empresas dejen de deducir los gastos de publicidad y marketing.
2. Restringir el acceso a beneficios fiscales, incluyendo los estímulos fiscales para la región fronteriza, los estímulos para la atracción de inversiones en el marco del Plan México y la deducción de donativos a instituciones públicas y privadas. Esta medida contribuiría a incrementar la carga tributaria y a compensar los daños a la salud pública asociados al modelo de producción de estas empresas.
3. Transparentar la información financiera y fiscal, debido a que actualmente la ley no obliga a las industrias del alcohol, tabaco y ultraprocesados a transparentar los beneficios fiscales que reciben ni la cantidad de ISR que pagan.
4. Incrementar el pago de ISR de las empresas que invierten en industrias no saludables, de forma que se desincentive la producción de alcohol, tabaco, bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, por medio del establecimiento de un nuevo régimen fiscal que permita diferenciar a estas industrias de otras actividades económicas.
De crearse un régimen fiscal con estas características, las empresas que obtienen ganancias al vender productos nocivos para la salud contribuirían directamente a aliviar los costos sociales que generan, y se podrían destinar más recursos a sectores necesarios en el contexto actual del país, como el sector salud y las energías renovables. La nueva estrategia de industrialización del país debería promover la salud pública y evitar que los costos económicos que provocan estas industrias sigan siendo absorbidos por la población mexicana.
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Los autores son Angélica Pedraza e Iván Benumea, del equipo de Justicia Fiscal de @FundarMexico.