Los nuevos presupuestos de la UE obligan a España a replantear la inversión pública
España se juega casi el 50% de su inversión pública con el proyecto de presupuestos europeos aprobado este miércoles por la Comisión Europea. El drástico cambio en la gestión de los fondos comunitarios que ha introducido en el proyecto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, obligará a España a refinar y sofisticar sus programas de gasto público si quiere mantener las multimillonarias ayudas que ha recibido durante las tres últimas décadas y, en particular, tras la creación del fondo de recuperación para la pandemia.
«España se juega casi el 50% de su inversión pública con el proyecto de presupuestos europeos aprobado este miércoles por la Comisión Europea»
La competencia para hacerse con un buen trozo de la tarta comunitaria será a partir de ahora mayor porque en el reparto se tomará en cuenta no solo el nivel de renta de cada país o región sino, sobre todo, el valor añadido europeo de los proyectos de inversión y su encaje con los objetivos políticos pactados en Bruselas. Buena parte de los pagos, además, ya no estarán preasignados por país y sujetos a un mero control contable. Pasarán a estar supeditados al cumplimiento de ciertas reformas e inversiones tanto a nivel nacional como regional, un modelo ensayado con el fondo de recuperación de la pandemia, el llamado NextGenerationEU.
Los cambios, que se anunciaban inevitables tras las muestras de hastío de la Comisión con unos fondos regionales que exigen un gran esfuerzo burocrático para unos resultados económicos puestos en duda, condenan a España a perder inevitablemente una parte de los subsidios regionales y agrícolas percibidos hasta ahora. El reto de coordinación también será mayúsculo, como en otros países de estructura federal, porque el modelo Von der Leyen centraliza los pagos a través del Gobierno central, aunque parte de las reformas exigibles sean a nivel autonómico.
El incumplimiento del plan nacional no impedirá el cobro por parte de las autonomías si cumplen sus reformas. Y viceversa. El incumplimiento de una autonomía no impide a la administración central ni al resto de autonomías recibir sus ayudas. Pero los cortocircuitos políticos parecen probables.
El balance definitivo para España, sin embargo, no tiene por qué ser negativo, dado que el presupuesto abre o aumenta vías de financiación en las que la administración española y el tejido empresarial del país puede competir por hacerse con un importante hueco. Las grandes empresas españolas, algunas de ellas acostumbradas a tragar fondos vía la contratación pública, quizá tengan que dar un paso al frente en algunos casos para asumir directamente el protagonismo en la captación de fondos.
El nuevo presupuesto crea un Fondo de competitividad de 400.000 millones de euros y fórmulas de financiación para el sector privado, que pueden multiplicar por catorce cada euro de dinero público comunitario. Para defensa, un sector donde España cuenta con empresas relevantes, ese fondo reserva 131.000 millones de euros. Y otras partidas, como las de movilidad militar, centrada en infraestructuras viarias, añaden 18.000 millones de euros. La partida de investigación del programa Horizonte Europa se eleva a 175.000 millones. Y para gestión migratoria, el presupuesto se triplica hasta los 74.000 millones de euros.
«Los fondos europeos empezaron siendo un catalizador o espoleta para la movilización de recursos, pero rara vez fueron más del 10% de la inversión pública española»
La experiencia también puede jugar a favor de España, que ha sido siempre uno de los países aventajados en la absorción de fondos estructurales. Un liderazgo que se ha mantenido incluso tras la incorporación a la UE de una docena de países con una renta per cápita mucho más baja que la española. En los primeros veinte años desde el ingreso en el club, hasta 2006, España recibió unos 130.000 millones de euros. Una cifra que se ha disparado después, sobre todo, con el fondo de la pandemia, que asignó a España 160.000 millones, la mitad de ellos en subsidios sin necesidad de reembolso.
Y en contra de lo previsto, la dependencia de los fondos a efectos de inversión pública no ha decrecido en España con el proceso de convergencia económica. Los fondos empezaron siendo un catalizador o espoleta para la movilización de recursos, pero rara vez fueron más del 10% de la inversión pública española. Hasta que golpearon la crisis financiera y la pandemia, provocando, sobre todo la primera, un desplome de la inversión pública.
A partir de esos momentos de zozobra, los apoyos europeos ganaron importancia. Y, según los datos de la Comisión publicados este miércoles, pasaron de suponer el 15% de la inversión pública en el período 2000-2020 a más del 50% en 2021-2023. Solo el último desembolso del Fondo de recuperación autorizado por la Comisión el pasado siete de julio asciende a 23.000 millones de euros, una cifra equivalente al 65% de los fondos estructurales tradicionales para siete años (2021-2027). La inyección es tan descomunal que a partir de agosto de 2026, cuando desaparezca el Fondo de recuperación, a España no le resultará fácil mantener el ritmo económico actual.
La dificultad se acrecienta porque el nuevo modelo de gestión de fondos aprobado por la Comisión esta semana, que transformará la política europea de subsidios agrícolas y regionales, llega acompañado de una merma de los recursos disponibles. Por lo pronto, el Next Generation, dotado con 750.000 millones, se dejará extinguir en agosto de 2026 sin plantear la refinanciación o buscar una alternativa como deseaban países como España. Y tanto los subsidios regionales como los agrícolas descienden para dejar margen a las nuevas prioridades y a la amortización del Fondo de recuperación, que se llevará 24.000 millones al año.
«La propuesta de Von der Leyen de reorientar el presupuesto hacia las grandes prioridades de la Unión (competitividad, innovación, defensa y energía) tiene el visto bueno de las principales capitales»
El acuerdo definitivo tardará todavía en cerrarse y no se aplicará hasta el período 2028-2034. Pero la suerte parece echada, porque la propuesta de Von der Leyen de reorientar el presupuesto hacia las grandes prioridades de la Unión (competitividad, innovación, defensa y energía) tiene el visto bueno de las principales capitales, Berlín en concreto. Y los países contribuyentes netos, como Alemania o Países Bajos, no se muestran dispuestos a aportar más dinero, por lo que la financiación de las nuevas partidas implica un inevitable recorte de las antiguas, o sea, fondos de cohesión y Política Agrícola Común.
En el nuevo modelo presupuestario de la UE, el liderazgo o participación en proyectos que capten los fondos de nuevo cuño requerirán en España un cambio de mentalidad en la política de inversión tanto pública como privada. Las transferencias de recursos garantizados por los presupuestos comunitarios cada siete años parecen tocar a su fin y en la competencia por los subsidios entrarán regiones y empresas de todos los países, con independencia de su nivel de renta. Solo las regiones menos desarrolladas, con una renta per cápita inferior al 75% de la media comunitaria, tienen asignado un sobre (de unos 200.000 millones), pero incluso en ese caso la partida es inferior a la actual y los pagos futuros estarán condicionados a reformas que, de no cumplirse, conllevarán la cancelación del subsidio.
