Minería ilegal mueve $40,000 millones: supera al narcotráfico | Pachamama Radio
40,000 millones de dólares se mueven anualmente en el comercio del oro ilegal peruano, una cifra que supera los ingresos históricos del narcotráfico y representa la mitad de las exportaciones auríferas nacionales según especialistas, dijo la abogada y periodista Yorka Gamarra.
En una entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, Gamarra destacó que la minería informal ha logrado establecer espacios de diálogo con el Ejecutivo, algo que otras organizaciones sociales no han conseguido durante años. Esto demuestra su creciente poder político y económico, presente actualmente en 23 de las 24 regiones del país.
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Contrario a la imagen tradicional de minería artesanal, esta actividad opera con maquinaria especializada, como dragas cuyo motor puede costar hasta 250 mil dólares. Esto evidencia inversiones significativas de capital y desmiente la narrativa de una actividad marginal o de subsistencia, indicó.
Según la especialista, el debilitamiento del Estado desde los años noventa generó un vacío de control que permitió el crecimiento de actividades ilegales, especialmente en zonas donde el libre mercado actúa sin regulación ni fiscalización efectiva.
El poder político de la minería ilegal
En el Congreso, varios legisladores vinculados históricamente a la minería ocupan hoy puestos importantes en la Mesa Directiva. Esto influye en el tratamiento legislativo del problema y anticipa una mayor presencia política de este sector en las próximas elecciones, indicó.
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A diferencia de otras protestas sociales, que han sido históricamente reprimidas, los actores de la minería ilegal han recibido respuestas dialogantes por parte del Estado. Este movimiento no responde a demandas territoriales tradicionales, sino que busca facilitar operaciones al margen de la ley.
Para Gamarra, el país necesita un diálogo amplio e inclusivo, con la participación de organizaciones sociales, autoridades estatales, especialistas y la academia. Solo así será posible diseñar estrategias sostenibles que garanticen legalidad, inclusión y protección ambiental.
La minería ilegal representa también pérdidas fiscales millonarias al Estado peruano, mientras las organizaciones criminales controlan especialmente las operaciones en la costa norte del país, convirtiendo la formalización en una necesidad urgente de política pública.
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