Millonarias regalías, pero desarrollo rezagado: revelan fracaso en inversiones hechas con …
La Contraloría General de la República presentó un estudio que revela graves deficiencias estructurales y de planeación en el uso de regalías y evidencia graves deficiencias estructurales y fallas de planeación, en especial, en municipios productores de recursos no renovables. Según la entidad, a pesar de los cuantiosos recursos recibidos gracias a la bonanza minera y petrolera, los avances en calidad de vida y desarrollo sostenible en estos territorios es marginar.
Como ejemplo, expuso que el caso de La Jagua de Ibirico Ilustra el colapso económico tras el retiro de la empresa minera.
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La misma, precisó que para el bienio 2021-2022, en las regiones se iniciaron 5.426 proyectos de inversión por un valor integral superior a los $23,3 billones provenientes del Sistema General de Regalías (SGR). A corte de diciembre del 2024, solo el 63% de esos proyectos se encontraban finalizados. Aunque se financiaron sectores clave, el transporte recibió $7 billones, con lo que se relegó salud, educación y ambiente.
Se considera en el estudio que, si bien la infraestructura de transporte mejora la conectividad y fomenta la inversión, muchos de estos proyectos resultan ineficientes y costosos de mantener, con lo que se perpetua así las desigualdades sociales y regionales.
“Más del 50% de los departamentos han destinado la mayor parte de las regalías al sector transporte, sin comprobar si estas inversiones realmente han generado desarrollo económico o reducción de necesidades básicas insatisfechas”, anotó.
La Contraloría identificó más de 125 proyectos por más de $1,1 billones durante el bienio 2021-2022 destinados a alimentación y transporte escolar, lo que convierte las regalías en una fuente para cubrir gastos recurrentes, algo prohibido por su propia naturaleza legal.
De acuerdo con el estudio, el SGR, diseñado para mejorar la vida en las regiones productoras, fue obstaculizado por una mala gestión local. En particular, la falta de capacidad institucional, en especial, en aquellos de categoría cinco y seis, comprometió la viabilidad de los proyectos financiados. La deficiencia en la planeación, la escasez de personal capacitado y la ejecución deficiente de los proyectos generaron demoras, sobrecostos y, en algunos casos, la no culminación de estos.
Además, la falta de una adecuada planificación, sumada a la falta de estudios y diseños, así como la improvisación en algunos proyectos impidió que los recursos del SGR generen los impactos esperados en términos de desarrollo y reducción de desigualdades. A pesar de que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) es el órgano rector del sistema, la autonomía de los entes territoriales en la aprobación y ejecución de proyectos contribuyeron a la ineficacia y la falta de control sobre las inversiones.
Señaló que la falta de coordinación entre el SGR y el Sistema General de Participaciones (SGP) generaron duplicación de gastos. A pesar de la gran cantidad de fondos invertidos, no se ha logrado reducir de manera significativa las disparidades entre los municipios más ricos y los más pobres del país.
“El fenómeno conocido como ‘pereza fiscal’, sumado a la dependencia de las regalías como única fuente de financiamiento, ha obstaculizado el desarrollo integral de las regiones productoras y perpetuado la inequidad”, agregó.
El estudio de la CGR resalta que la dependencia de los municipios respecto a los recursos del SGR generó una economía rentista, altamente vulnerable a la volatilidad de los mercados internacionales, situación que afecta tanto a territorios productores como a los no productores.
La Contraloría informó que identificó en sus auditorías graves fallas en la formulación, planeación y ejecución de los proyectos financiados con regalías, así como inobservancia de la normatividad, falta de seguimiento técnico y la ausencia de estudios de viabilidad. Todo esto, de acuerdo con al entidad, generó una alta tasa de proyectos inconclusos, inversiones ineficientes y pérdida de recursos públicos.
La Contraloría volvió a alertar en el estudio sobre los riesgos de un colapso energético si no se garantiza una transición energética ordenada. A partir de 2027 se proyecta una reducción progresiva de regalías por la descarbonización y el agotamiento de reservas, lo que podría comprometer la seguridad energética, la autosuficiencia en combustibles y la financiación de proyectos sociales.
Sobre este punto, el estudio de la CGR recomienda:
- Desarrollar un plan de transición energética claro, con enfoque territorial.
- Incentivar la producción responsable de hidrocarburos, sin frenar de golpe el recaudo por regalías.
- Ampliar y mejorar la infraestructura energética, garantizando abastecimiento, especialmente de gas.
Recordó una advertencia reiterada del contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez: “Sin acciones urgentes, el país podría enfrentar un nuevo apagón”.
