La jueza declara probado el delito de soborno en actuación penal en el juicio contra el expresidente colombiano Uribe
La jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, ha declarado este lunes que en el juicio al expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) se ha comprobado que se cometió el delito de soborno en actuación penal.
«El primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado», ha dicho la jueza al evaluar los contactos del abogado Diego Cadena, que representó a Uribe, con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, preso en una cárcel de Bogotá, para que este no declarara sobre los supuestos vínculos del expresidente con esos grupos armados ilegales.
Según la jueza, en el caso de Monsalve se puso en marcha una campaña para que «faltara la verdad ante la Corte Suprema de Justicia y desmintiera lo dicho» anteriormente sobre supuestos vínculos con los paramilitares de Uribe y su hermano Santiago. «Pero adicionalmente debía argumentar que lo allí expresado era producto de la actividad malintencionada del senador Iván Cepeda Castro, quien había obtenido ese coloquio bajo promesas de beneficios carcelarios», ha agregado Heredia.
La jueza no ha precisado, sin embargo, si el expresidente es responsable de ese delito en calidad de determinador. El testigo principal Monsalve, principal testigo del caso, formó parte del Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y es hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, que era de propiedad de la familia de Uribe.
En su comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia, que fue la primera que abrió la investigación a Uribe como parte de una disputa con Cepeda, Monsalve testificó que el Bloque Metro se fundó en esa finca entre 1996 y 1997 con la participación de varias personas, entre ellas los hermanos Uribe Vélez.
Según su versión, en esa hacienda se planearon matanzas que luego cometieron los escuadrones paramilitares, acusaciones que Uribe y su defensa siempre han negado. La jueza aseguró que es «ostensible que el acusado (Uribe) conocía del plan que se maquinaba: emboscar a Monsalve» al inducirlo a que cambiara su testimonio ante la justicia
Según Heredia, se ha desarrollado un plan para inducir a Monsalve a modificar su testimonio y a culpar al senador Iván Cepeda, como si este hubiese ofrecido beneficios judiciales a cambio de declaraciones falsas. «Ha sido ostensible que el acusado conocía del plan que se maquinaba: emboscar a Monsalve», ha dicho Heredia, reafirmando que la conducta constituyó fraude procesal.
Avala las grabaciones como pruebas
En su decisión, la letrada también ha avalado dos pruebas controvertidas que la defensa de Uribe ha tratado de excluir: las interceptaciones telefónicas y las grabaciones hechas con un reloj espía por el propio Monsalve en prisión. La jueza ha considerado que ambas pruebas han sido obtenidas legalmente y que no han violado los derechos del acusado.
Ha aclarado que el uso del reloj grabador por parte de Monsalve, proporcionado por su entonces pareja, no ha constituido una actuación indebida, ya que «no se ha actuado con mala fe ni se ha vulnerado el derecho a la intimidad».
El proceso se originó en 2012, cuando Uribe presentó una denuncia contra Cepeda. Sin embargo, tras la evaluación de los hechos, la Corte Suprema no abrió una investigación contra el congresista, sino que inició un caso penal contra el propio expresidente por presunta manipulación de testigos.
La investigación progresó hasta que, en agosto de 2020, la Corte ordenó la detención domiciliaria de Uribe. En reacción, el exmandatario renunció a su escaño en el Senado, lo que hizo que el caso pasara a la Fiscalía General. Bajo la dirección del fiscal Francisco Barbosa, la Fiscalía intentó cerrar el proceso en dos ocasiones, en 2021 y 2022, pero ambas solicitudes de preclusión fueron rechazadas por jueces penales, al considerar que había indicios suficientes para continuar con el juicio.
La Defensoría del Pueblo pide respeto a las decisiones judiciales
Tras conocerse el fallo parcial, la Defensoría del Pueblo de Colombia, a través de su titular, Iris Marín, ha emitido un comunicado llamando a respetar la independencia judicial. «Las decisiones judiciales deben respetarse, cualquiera que sea su contenido», ha dicho Marín, al tiempo que ha subrayado que el respeto por la justicia fortalece el orden constitucional y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Marín también ha puesto énfasis en el respeto hacia las mujeres en la función judicial, señalando que «cuando una jueza es objeto de señalamientos estigmatizantes por razón de su género o por el contenido de sus decisiones, no solo se vulnera su dignidad personal, sino que se afecta el equilibrio institucional».
No obstante, tras conocerse las primeras informaciones sobre el fallo, Estados Unidos ha querido condenar lo que consideran como una «instrumentalización del poder judicial» en Colombia por parte de «jueces radicales» tras la declaración de culpabilidad del expresidente de derecha Álvaro Uribe por soborno de testigos.
«El único delito del expresidente colombiano Uribe es haber defendido y luchado incansablemente por su país», ha afirmado el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en X, calificando la decisión como un «precedente preocupante».
Un caso con profundas implicaciones políticas y judiciales
Este proceso ha tenido importantes repercusiones en la vida política y judicial de Colombia. Uribe, fundador del partido opositor Centro Democrático, ha sido uno de los líderes más influyentes del país en las últimas dos décadas.
La siguiente etapa del juicio definirá si Uribe será llamado a responder formalmente en calidad de autor o determinador. Mientras tanto, tanto los sectores políticos como la sociedad civil han seguido de cerca un caso que ha reabierto el debate sobre el uso del poder político para influir en la justicia y la vigencia del Estado de derecho en Colombia.
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