Análisis: Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026 en México – Holland & Knight

El Mtro. Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público de México, el 8 de septiembre de 2025, entregó ante la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026 (PE 2026), el cual incluye:

Política Hacendaria

• Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al PE 2026

Ingresos

• Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el PE 2026
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación

Egresos

• Proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el PE 2026

Consideraciones generales

El secretario de Hacienda y Crédito Público destacó que en la primera mitad de 2025, México superó expectativas de crecimiento gracias a tres pilares: 1) un mercado laboral dinámico con desempleo en mínimos y salarios reales al alza, 2) un proceso desinflacionario que llevó la inflación a 3.5 por ciento en julio, dentro del rango de Banxico, apoyado por la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) y acuerdos para estabilizar la gasolina, y 3) un sector externo fortalecido por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con exportaciones de alta tecnología creciendo hasta 50 por ciento anual y con la industria farmacéutica emergiendo como nuevo motor estratégico de inversión.

Informó que el Paquete Económico presentado por el Ejecutivo Federal está orientado a garantizar programas de bienestar, salud, educación y vivienda social, al tiempo que impulsa la actividad productiva mediante inversión pública en programas estratégicos que impulsen al Plan México, bajo una visión de desarrollo basada en el bienestar y el humanismo.

A su vez aseguró que, para 2026, la política de gasto prioriza la inversión social, la conclusión de proyectos de inversión física, así como el fortalecimiento de los rubros de salud, seguridad, la ampliación de derechos sociales, responsabilidad fiscal y estabilidad macroeconómica.

En su intervención, señaló que los programas sociales continuarán siendo un eje central de la política económica, con recursos equivalentes a 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) destinados a iniciativas prioritarias que beneficiarán a más de 80 por ciento de los hogares. Se enfatizó la cobertura universal de la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años, además de la consolidación del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS-Bienestar) y la ampliación de la red hospitalaria nacional. Asimismo, se resaltaron las becas educativas como la Beca Rita Cetina, orientadas a garantizar el acceso universal a la educación para niñas, niños y adolescentes.

En materia de inversión pública, el PE 2026 prevé más de 228 mil millones de pesos en infraestructura estratégica, con proyectos relevantes en transporte ferroviario — como los tramos Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Pachuca, y Querétaro e Irapuato — modernización de carreteras y fortalecimiento de la infraestructura portuaria, hídrica y agrícola. Estos proyectos buscan detonar vocaciones regionales, generar empleos de calidad y ampliar la conectividad productiva del país.

El paquete también establece disposiciones de carácter fiscal orientadas a simplificar trámites, modernizar aduanas y fortalecer la recaudación a través de herramientas digitales, en concordancia con la estrategia de digitalización y combate a la evasión fiscal. Entre las medidas destacadas se incluye que las instituciones de banca múltiple no podrán deducir tres cuartas partes de las cuotas pagadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Se proyecta un déficit de 4.1 por ciento del PIB, inferior al 4.3 por ciento estimado para 2025 y una deuda pública en torno a 52.3 por ciento, cifras que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), son consistentes con la estrategia de consolidación fiscal gradual y con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica mientras se sostiene la inversión productiva y los programas sociales esencial.

Finalmente informó que se ajustará el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas azucaradas y tabacos para fomentar hábitos de consumo más saludables y reducir la incidencia de enfermedades vinculadas a estos productos; asimismo, para fortalecer la estructura tributaria y ampliar la base gravable para incrementar los ingresos de la recaudación federal participable. Con ello, se prevé que los estados reciban mayores participaciones, lo que se traducirá en más recursos locales destinados a atender prioridades en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura.

Criterios Generales de Política Económica (CGPE)

Los Criterios Generales de Política Económica, contemplan las siguientes variables macroeconómicas para 2026:

• Rango de crecimiento económico: de 1.8 por ciento a 2.8 por ciento
• Inflación promedio: 3.0 por ciento
• Tasa de interés nominal promedio: 6.0 por ciento
• Tipo de cambio promedio: 18.9
• Precio promedio del barril de petróleo: 54.9 dls/barril

Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2026

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2026 proyecta que el gobierno federal contará con ingresos totales por 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, lo que representa un aumento de 12.4 por ciento en términos nominales respecto a 2025 donde los ingresos aprobados fueron de 9 billones 66 mil 45 millones de pesos. La columna vertebral de la recaudación serán los impuestos, que aportarán 5.83 billones, de los cuales destacan el impuesto sobre la renta (3.07 billones), el IVA (1.58 billones) y el IEPS (761 mil millones), aplicado principalmente a combustibles, bebidas alcohólicas, tabacos, refrescos y alimentos con alta densidad calórica. A esto se suma una expectativa de 254.7 mil millones por impuestos al comercio exterior, exclusivamente por importaciones.

La iniciativa no crea nuevos impuestos, sino que consolida los existentes y actualiza proyecciones con base en variables macroeconómicas. Entre los elementos más relevantes se encuentran la autorización de endeudamiento por hasta 1.78 billones de pesos internos y 15,500 millones de dólares externos para el gobierno federal, además de techos específicos para Pemex (160,619 millones de pesos internos y 5,342 millones de dólares externos) y para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (8,764 millones de pesos internos y 969 millones de dólares externos).

En cuanto a beneficios fiscales, se estima que la tasa cero de impuesto al valor agregado (IVA) en alimentos representará una pérdida de 508 mil millones de pesos, los estímulos fiscales 383 mil millones y las exenciones del impuesto sobre la renta (ISR) de personas físicas 366 mil millones. Estos tratamientos especiales confirman la persistencia de un esquema de apoyos y facilidades que impacta la base recaudatoria.

Respecto a comercio exterior, la iniciativa mantiene vigentes las modificaciones a la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación aprobadas en 2025 conforme al artículo 131 constitucional, lo que asegura continuidad a las medidas arancelarias — incluyendo las vinculadas con productos provenientes de China — sin que se introduzcan nuevos gravámenes específicos. Además, se reafirma la distribución del Derecho de Trámite Aduanero (92 por ciento para la Agencia Nacional de Aduanas de México y 8 por ciento para el Servicio de Administración Tributaria [SAT]) y se conservan disposiciones de transparencia y rendición de cuentas sobre ingresos petroleros, fideicomisos y estudios de evasión fiscal.

Política de Deuda

• Política de Deuda Pública para 2026: Para 2026, la política de deuda se centra en cubrir de manera eficiente las necesidades de financiamiento del gobierno federal, privilegiando la sostenibilidad de los pasivos. El saldo de la deuda neta del sector público (gobierno federal, banca de desarrollo y empresas públicas del estado) se estima en 52.8 por ciento del PIB, frente a 50.3 por ciento al cierre del primer semestre de 2025. De ese total, la deuda interna representará 41.3 por ciento del PIB y la deuda externa 11.6 por ciento. El manejo se enfocará en mantener un portafolio mayoritariamente a tasa fija y de largo plazo, reduciendo la exposición a choques financieros y consolidando emisiones sostenibles alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible.
• Política de Deuda Interna: Se autoriza para 2026 un endeudamiento neto interno de hasta un billón 780 mil millones de pesos, que constituye la principal fuente de financiamiento del presupuesto. En términos de composición, la deuda del gobierno federal permanece en 83.9 por ciento denominada en pesos, con un plazo promedio de 8 años y 80 por ciento a tasa fija. La estrategia contempla subastas semanales y operaciones de refinanciamiento para suavizar vencimientos, reducir presiones de liquidez de corto plazo y extender los plazos promedio. Adicionalmente, se fortalecerá el mercado local con emisiones de instrumentos sostenibles, como Bondes G y se promoverá la inclusión financiera a través de Cetesdirecto.
• Política de Deuda Externa: De manera complementaria, se solicita autorización de endeudamiento neto externo por hasta $15.5 millones de dólares para el Gobierno Federal y la banca de desarrollo. Asimismo, Pemex podrá contratar deuda neta externa por hasta $5.3 millones de dólares y la CFE por $969 millones de dólares. El perfil de la deuda externa se mantendrá con un plazo promedio de 17.7 años y 100 por ciento a tasa fija, lo que mitiga riesgos cambiarios y de tasas de interés. En 2026 se dará continuidad a la emisión de bonos sostenibles en dólares, euros y yenes, así como a las operaciones de refinanciamiento anticipado para reducir amortizaciones de corto plazo y diversificar la base de inversionistas internacionales.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos

Tiene como objeto actualizar y ordenar el marco de derechos que cobra el estado por la prestación de servicios, el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público y la gestión de recursos naturales. Se busca fortalecer las finanzas públicas con criterios de eficiencia, transparencia y justicia, garantizando al mismo tiempo el acceso de la población a servicios esenciales como telecomunicaciones y gestión del agua.

En cuanto a cifras, el gobierno proyecta que los ingresos por derechos crezcan conforme a la actividad económica y la inflación esperada al cierre de 2025.

Sobre los cambios más relevantes destacan:

• Servicios aduaneros: Se mantiene el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) como el principal cobro en las operaciones de importación y exportación. La novedad radica en la distribución de los ingresos, pues 92 por ciento corresponderá a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y 8 por ciento al SAT. Además, se conserva la posibilidad de establecer cuotas fijas en operaciones específicas, cuando los tratados internacionales excluyan el cobro sobre el valor de las mercancías.
• Uso, goce o aprovechamiento de aguas nacionales: El artículo 224 establece que el pago de derechos se hará con base en el volumen de agua efectivamente extraído. A diferencia de años anteriores, ya no habrá exención por contar con un certificado de calidad del agua emitido por Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); es decir, todo volumen utilizado deberá pagar derechos, sin importar si las descargas cumplen o no con los estándares de calidad. Con este cambio, se refuerza el principio de que la explotación del recurso hídrico implica siempre una obligación de pago.
• Cuerpos receptores de descargas de aguas residuales: El artículo 282 consolida la homologación con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)-2021, que introdujo parámetros más estrictos. Entre los ajustes destacan la sustitución del término «límites máximos permisibles» por «límites» y la precisión de que, en caso de que el contribuyente no separe el agua limpia de la residual en su descarga, toda la descarga será considerada como agua residual.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

Tiene por objeto fortalecer la función extrafiscal del impuesto, orientándolo no solo a incrementar la recaudación, sino a desincentivar el consumo de productos con alto impacto negativo en la salud y en lo social — como tabacos y nuevos productos con nicotina, bebidas azucaradas o con edulcorantes, juegos con apuestas y videojuegos con contenido violento — al tiempo que se amplía la base gravable y se moderniza el marco tributario para responder a nuevas formas de consumo, especialmente en el ámbito digital.

Dentro de los cambios más destacados se prevé:

• Cigarros, puros y otros tabacos labrados: Se incrementa la tasa ad valorem de 160 por ciento a 200 por ciento; en el caso de puros hechos a mano, sube de 30.4 por ciento a 32 por ciento. Además, la cuota específica por cigarro pasará de $0.6445 en 2025 a $0.8516 en 2026, con aumentos graduales hasta llegar a $1.1584 en 2030.
• Nuevos productos con nicotina (bolsas, alternativas orales, etc.): Se incorporan al IEPS con la misma tasa del 200 por ciento y una cuota específica basada en su contenido de nicotina en miligramos (tomando como referencia 0.8 mg por cigarro). Se aclara que los productos de terapia de reemplazo con registro sanitario estarán exentos.
• Bebidas saborizadas con azúcares añadidos: La cuota por litro se ajusta de $1.6451 en 2025 a $3.0818 en 2026, de modo que la carga combinada de IEPS e IVA represente alrededor del 22 por ciento del precio final de la bebida más consumida.
• Bebidas con edulcorantes añadidos (naturales o artificiales): Se incluyen por primera vez en la base gravable del IEPS bajo el mismo esquema que las bebidas azucaradas, para evitar sustituciones hacia productos «light» o dietéticos y atender riesgos de salud vinculados al consumo frecuente de edulcorantes.
• Juegos con apuestas y sorteos presenciales: La tasa del IEPS se eleva del 30 por ciento al 50 por ciento, con el fin de que esta industria contribuya más en proporción a su crecimiento y a los costos sociales que genera.
• Juegos con apuestas y sorteos en línea (plataformas digitales nacionales o extranjeras): Quedan gravados también con la tasa del 50 por ciento. Se prevén sanciones y el bloqueo de plataformas extranjeras que incumplan obligaciones fiscales en México.
• Videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos (clasificación C y D): Se establece un nuevo gravamen del 50 por ciento sobre estos productos digitales, incluyendo descargas y servicios de plataformas, como medida de protección a la salud mental y prevención de exposición temprana de menores a contenidos nocivos.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación

Tiene como objetivo fortalecer la capacidad del estado para prevenir y sancionar la evasión y el fraude fiscal, con énfasis en el combate a los falsos comprobantes fiscales y a las empresas fachada, al tiempo que se busca simplificar el cumplimiento para contribuyentes de menor capacidad administrativa, aumentar la certeza jurídica en los procedimientos y modernizar las facultades de la autoridad frente a nuevas dinámicas económicas, como las operaciones digitales y el uso de instituciones financieras no bancarias.

• Combate a los falsos comprobantes fiscales: Se dota al SAT de facultades para negar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a empresas cuyos socios estén vinculados con empresas factureras y estableciendo que los Comprobantes Fiscal Digital por Internet (CFDI) deberán amparar operaciones existentes y verdaderas.
• Simplificación y certeza jurídica: Se busca aligerar la carga administrativa para los contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza, liberándolos de presentar la declaración anual y ajustando las multas para hacerlas proporcionales.
• Facultades del SAT: Se añaden nuevas causales para restringir temporalmente el certificado de sello digital, como el tener créditos fiscales firmes no pagados o emitir comprobantes en el sector de hidrocarburos con permisos inexistentes o inválidos. Con ello se busca frenar prácticas de evasión, simulación patrimonial y tráfico ilegal de combustibles.
• Instituciones financieras no bancarias: Se amplía la supervisión a todas las entidades del sistema financiero, incluidas fintech y otras plataformas, presumiendo que los depósitos en esas cuentas constituyen ingresos salvo prueba en contrario.
• Depuración del RFC: Mediante la suspensión o cancelación de registros inactivos que no presenten declaraciones, ni emitan o reciban CFDI, con el objetivo de reducir el uso de empresas fantasma en esquemas de evasión.
• Plataformas digitales: Se obliga a estas empresas a dar acceso en línea y en tiempo real al SAT sobre sus registros de operaciones, permitiendo a la autoridad un control fiscal permanente sobre la economía digital.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2026

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 contempla un gasto neto total de $10,193,683,700,000, equivalente al total de ingresos previstos en la Ley de Ingresos del mismo ejercicio. En comparación con el año anterior para 2026 el gasto público federal aumentó en 572 mil millones de pesos, es decir, un crecimiento de alrededor del 5.9 por ciento nominal respecto al presupuesto aprobado el año previo. Para el presente ejercicio fiscal se prevé un déficit presupuestario de $1,393,770,634,695.

Entre los ramos con mayores variaciones destaca el incremento de 93.3 por ciento en el presupuesto de la Secretaría de Energía, mientras que dependencias como la Defensa Nacional y Gobernación registran aumentos de 7.9 por ciento y 8.5 por ciento, respectivamente. También sobresale la ampliación de recursos para la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con un alza de 28 por ciento. En contraste, se observan reducciones en Seguridad y Protección Ciudadana (-14.6 por ciento), la Oficina de la Presidencia (-2.8 por ciento), así como en los presupuestos de Medio Ambiente y CONAGUA, con ajustes de -0.7 por ciento y -1.2 por ciento. En cuanto a las empresas productivas del Estado, Pemex incrementa su presupuesto en 11.4 por ciento y la CFE en 1.7 por ciento.

Entre las dependencias de interés destacan:

Energía

Entidades federativas

Gasto Neto Total

Ruta legislativa para el Paquete Económico 2026

Cabe resaltar que, el Presupuesto de Egresos de la Federación deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a más tardar 20 días después de su aprobación.

La información contenida en esta alerta es para la educación y el conocimiento general de nuestros lectores. No está diseñada para ser, y no debe ser usada como, la única fuente de información cuando se analiza y resuelve un problema legal, y no debe sustituir la asesoría legal, que se basa en un análisis específico de los hechos. Además, las leyes de cada jurisdicción son diferentes y cambian constantemente. Esta información no tiene por objeto crear, y su recepción no constituye, una relación abogado-cliente. Si tiene preguntas específicas sobre una situación de hecho concreta, le instamos a que consulte a los autores de esta publicación, a su representante de Holland & Knight o a otro asesor legal competente.