
Seis regiones presentarán certificaciones para garantizar transparencia en minería e hidrocarburos
El Perú reforzó su compromiso con la gobernanza extractiva a través de la iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI). Durante el 2024, seis Comisiones Regionales presentarán estudios en Cajamarca, Arequipa, Loreto, Apurímac, Piura y Áncash, con información actualizada sobre la gestión de los recursos provenientes de la minería, el gas y el petróleo. En el caso de Cajamarca, se difundirá el primer Estudio de Transparencia Regional que cubrirá el período 2015-2024.
La iniciativa, implementada con el liderazgo del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) mediante la Oficina General de Gestión Social, busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en los sectores minero e hidrocarburífero. El EITI es reconocido mundialmente como un estándar de gestión abierta que facilita información clara y accesible sobre el uso de los recursos naturales.

Los estudios regionales, elaborados en coordinación con la Comisión Multisectorial Permanente presidida por el MINEM, presentan de manera comprensible los resultados de transferencias por canon, sobrecanon y regalías, así como el uso de estos ingresos por parte de gobiernos subnacionales y universidades públicas. También incluyen recomendaciones para mejorar la difusión y gestión de los recursos, con un enfoque de transparencia integral.
¿Qué es el EITI?
El Perú se unió en 2005 a la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), la cual reúne a gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil para garantizar transparencia en los pagos realizados, su uso y sus obligaciones socioambientales. Actualmente, se han instalado EITI en cinco regiones (Apurímac, Arequipa, Loreto, Moquegua y Piura), y están en proceso Cusco y Cajamarca.
¿Qué impacto tendrá la EITI en el Perú?
Según el MINEM, el enfoque descentralizado permite acercar la rendición de cuentas a las comunidades donde se desarrollan actividades extractivas, otorgando mayor claridad sobre los beneficios y promoviendo una inversión responsable y sostenible. Con ello, el país fortalece la confianza social y consolida su posición como referente en transparencia extractiva.