Tipuani y Guanay «en riesgo de desaparecer» por minería ilegal y descontrolada
“Es la tercera vez que voy a perder mi casa. Este año fue lo peor. Ha durado seis meses la inundación. El agua llegaba hasta mi segundo piso. Para entrar y salir de mi casa, por la calle, igual que los vecinos de esos cinco barrios, me he construido una balsa con maderas y plastoformos. Venía todos los días para darle comida a los gatos de mi mamá. Ahora ya no puedo regresar, porque cualquier rato se cae. Mi mujer y mi hijo se tuvieron que ir a La Paz”, dice Fidel Véliz, dirigente del Comité de Emergencias de Tipuani, un municipio paceño, distante a 256 kilómetros de la sede de Gobierno
A 35 kilómetros de esa zona, el alcalde de Guanay, Víctor Ticona, teme porque algo similar vuelva a pasar en el área urbana de su municipio. En 2023, las calles de esa comuna se convirtieron en ríos por los que vecinos navegaban en lanchas tratando de salvar sus pertenencias del desborde del río Mapiri.
El temor en Guanay, revive debido a que desde inicios de 2024 una cooperativa minera, en complicidad con dirigentes vecinales, comenzó a operar de forma ilegal en la zona San Juan Durán Playa, a poca distancia del poblado principal. Iniciaron las excavaciones con el pretexto de hacer trabajos de prevención, pero al final generaron nuevos desmontes para la explotación de oro.
Los datos se desprenden del proceso penal que Ticona sigue en la Fiscalía contra mineros y comunarios implicados, quienes se valieron de permisos adulterados para iniciar las excavaciones, y para los que no se cumplió con la “consulta previa”.
Si bien la investigación de la Fiscalía no tiene avances para conocer quiénes adulteraron los documentos, el tema generó imputaciones y encarcelamientos que derivaron en disputas entre los pobladores.
Ahora, el alcalde Ticona, quien se niega dar detalles del caso, se ve presionado por las protestas de sectores vecinales afectados con la paralización de los trabajos mineros, y por el otro extremo, por las manifestaciones de quienes piden auditorías sobre el ingreso económico que no beneficia a la población.
Un río sobre el pueblo
En el municipio de Tipuani, el pueblo estaba construido sobre el nivel del río, pero ahora el río está sobre el pueblo. «Por eso se dio la inundación de este año, se levantaron más infecciones (estomacales) por las aguas servidas estancadas (…) Porque el río Tipuani no solo ha rebalsado de su caudal, se ha metido al pueblo y ha hecho reventar los tubos del alcantarillado, todos estos meses la gente respiró el olor de las aguas servidas, con heces (fecales) y orines”, lamenta el presidente de la junta de vecinos de Tipuani, Rufino Chambi.
Pero no se trata de solo temores o la opinión de damnificados. En enero de este año, el alcalde de Tipuani, Fernando Vera, le dijo a la prensa: “entenderán que si seguimos al mismo ritmo de trabajo (de explotación minera), en tres años ya no va a haber Tipuani. Por más que hagamos un puente o que llevemos el pueblo arriba (del cerro) igual vamos a desaparecer”.
El burgomaestre y su equipo técnico y jurídico lanzaron estas conclusiones en una reunión de emergencia exigida por los damnificados en la Defensoría del Pueblo. Allí se presentaron los vecinos de Tipuani y de otras cinco comunidades afectadas, además de los representantes de los ministerios de Minería, Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la Gobernación de La Paz.
Vera, luego alegar que la ley solo le faculta a informar y que no tiene el poder administrativo para detener la explotación minera, mostró varias fotografías sobre el avance de los desmontes, estima que las cooperativas arrojan al río 35.000 metros cúbicos de desmontes, cada año.
El alcalde advirtió que las consecuencias del cambio de curso del río Tipuani podrían ser más amplios. «Esto (la desaparición del pueblo) va a ocurrir (también con los municipios de) Guanay y Teoponte. Guanay después nos va a iniciar un proceso, y nos van a trancar (los caminos), con los famosos bloqueos”.
En la reunión también estuvieron presentes los representantes de lo que se denomina el “actor productivo minero”, liderados por abogados y dirigentes de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), señalados como los principales responsables de los desastres pasados y los que se avecinan sino se pone freno a los “desmontes industrializados”.
Pérdidas
En Tipuani, durante las inundaciones, Veliz fue vocero de más de 400 familias de ocho distritos, que soportaron los daños provocados por el desborde del río, desde el 9 de diciembre de 2024 hasta junio de este este año. Comunidades como Chima, Cangallí y Gritado fueron las más afectadas por los derrumbes de al menos 35 casas, inundaciones de tres escuelas, caída de dos puentes e incluso la muerte por ahogamiento de tres mineros.
No se conocen los datos oficiales de la Alcaldía debido a que el burgomaestre simplemente no respondió a las varias peticiones de informe e interpelaciones que hizo el Concejo Municipal, como lo aseveró la presidente de esa instancia, Angélica Alejandro.
Si bien las inundaciones han disminuido considerablemente, el dirigente Veliz aún habla a nombre de más de 100 familias que no pueden regresar a sus casas. Cuenta que existe el riesgo de que estas colapsen, por las rajaduras y el daño que las aguas servidas causaron a los cimientos de las viviendas durante estos meses.
Veliz, de oficio veterinario, relató que durante uno de los sorpresivos desbordes del río Tipuani, en febrero, perdió costosos aparatos, medicamentos, alimentos y otros insumos que nadie le repondrá, como les pasó a los otros vecinos que se quedaron sin muebles, electrodomésticos y objetos personales, ya que ninguna cooperativa minera, autoridad municipal, departamental o del Estado se ha hecho cargo de lo sucedido.
Desplazados
“No queremos pelear con nadie, pero ya se ha hecho inspecciones con gente de la Gobernación, la Alcaldía, los ministerios (de Minería, Salud y Defensa), la Defensoría del Pueblo, todos ya saben. Esto es culpa de la minería ilegal, del trabajo descontrolado que viene desde hace 15 años, por los desmontes que hacen las cooperativas, los mineros tiran sus desechos al río, no hacen reposición de suelos”, expresó molesto el presidente de la junta de vecinos de Tipuani, Rufino Calle.
El vecino contó que, a lo largo de los años, ante los reclamos de los vecinos por el incremento de inundaciones y deslizamientos, los mineros realizaron grandes movimientos de tierra para tratar de reencausar el río, pero esos “trabajos de prevención” tuvieron el efecto contrario.
Una fotografía tomada desde una de las cabeceras de montaña confirma el testimonio de los dirigentes. La imagen fue hecha en marzo de este año, luego de la cuarta riada que incrementó la inundación y provocó que varias de las familias inicien una peregrinación a casas de amigos, familiares o cuartos en alquiler en zona altas de la población.
Calle afirma que algunos de los afectados construyeron cuartos de calaminas en el cerro, con la esperanza de que en algún momento el Gobierno les dote de otro terreno y otra casa. Otra cantidad de damnificados se mudaron de municipio y otros, como el caso de la familia de Veliz, abandonaron la zona y salieron a la ciudad de La Paz.
Al igual que con los datos sobre los daños materiales, afirma la concejal Alejandro, el alcalde Vera tampoco ha entregado datos oficiales sobre la cantidad de familias afectadas y su situación luego de tener que abandonar sus casas.
Dependencia económica
Tipuani, con 7.640 habitantes y Guanay con 16.323, son parte de los ocho municipios de la provincia Larecaja, en el departamento de La Paz. Si bien gran parte de su territorio se clasifica como “selva húmeda montañosa”, con colinas cubiertas de vegetación, con tres pisos ecológicos, la economía de sus pobladores gira en torno a la minería aurífera.
Los vecinos se organizan en cooperativas mineras y gremios relacionados, esto solo para el respaldo durante los trámites municipales, pero la explotación y comercialización del oro, en su gran mayoría, es una actividad que no cumple con las normas, es ilegal.
Pese al impacto ambiental y los desastres causados a raíz de la minería a cielo abierto, los pobladores dependen en un 90% de lo generado en esa actividad, como lo explica el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta.
El experto recuerda que “no hay actividad minera que no cause daño al medio ambiente, esto se agrava cuando los mineros y pobladores de esas zonas recurren a estrategias administrativas para no cumplir con la normativa”. Zaconeta sostiene que en una investigación reciente, el Cedla verificó que los cooperativistas agotan cada vez más rápido sus áreas de trabajo, por el incremento uso de maquinaria pesada.
Destrucción sin ingresos
En Tipuani “recibimos denuncias de que el alcalde (Vera) ha autorizado la destrucción del vivero municipal, la cancha del polifuncional y de varias aulas de la escuela (en el sector de Cangallí), porque la cooperativa está haciendo esos trabajos de cielo abierto”, contó la presidente del Concejo Municipal.
Alejandro reiteró que hasta la fecha no existe un informe oficial del alcalde vera, sobre la cantidad de damnificados que se produjeron durante la inundación de seis meses, tampoco sobre la entrega de víveres, herramientas y otros, entregado por Defensa Civil y la Gobernación de La Paz, tramitada a nombre de las víctimas.
Este medio solicitó a Vera su contraparte en varias oportunidades, desde el mes de julio, sin embargo, el mismo postergó su respuesta argumentando una agenda ocupada. Otros dos datos que tampoco se conocen de forma oficial, es la cantidad de cooperativas a las que la Alcaldía otorgó licencias de funcionamiento, y el monto que el municipio percibe por regalías, sostuvo Alejandro.
En Guanay, la falta de información es similar, de acuerdo a la concejal Griselda Villanueva.
Sobre el desvío del curso de los ríos, Villanueva explicó que esto también se debe a los desmontes y deslaves registrados en la parte alta de esa provincia, desde el municipio de Sorata, dato que coincide con la investigación del Cedla.
La concejal considera que son correctos los datos citados por el Cedla, sobre el incremento de los desmontes, por la presencia de más maquinaria. Sostuvo que las cooperativas mineras “terminan con un cerro en un mes”.
Otro dato mencionado por Zaconeta es que las cooperativas están financiadas por capitales extranjeros, chinos y colombianos, especialmente. Los responsables de estas empresas se valen de acuerdos económicos para evitar que sus nombres figuren en los documentos de constitución de las empresas, en relación a la adjudicación de cuadrículas mineras, licencia ambiental e impuestos. Posteriormente, recurren a contratos privados con los comunarios.
“Guanay puede desaparecer”
Otro vecino de Guanay y exrepresentante departamental, Mario Bacarreza, afirma que las cooperativas que generan los desmontes incumplen una serie de requisitos, y que esas faltas generan los conflictos y las inundaciones.
Bacarreza asegura que los pobladores no se oponen a la presencia de las mineras, que generan empleos y movimiento económico, pero reflexionó sobre las consecuencias del incumplimiento de la reposición de suelos, agravado por la explotación ilegal.
“Lamentablemente, aunque hagamos los muros defensivos, de aquí a unos años, Guanay puede desaparecer bajo el agua, como pasó en el municipio de Tipuani, mucha gente ha perdido sus viviendas (…) Pedir a las cooperativas que están trabajando el río Mapiri y Tipuani, que cumplan con la reposición de suelos”, advirtió la presidenta de la junta de vecinos de la zona San Juan Durán Playa, Marisol Ramírez.
Los vecinos del sector siguen de cerca el proceso penal que el alcalde Ticona inició contra otros dirigentes y mineros.
El burgomaestre, declaró a este medio que no solo se hizo la denuncia ante la Fiscalía, sino también “ante la Gobernación, la AJAM, pero no hay acciones, no se controla y al parecer existe un tráfico de influencias”, manifestó brevemente. Las instituciones citadas, tampoco respondieron a la información solicitada.
Piden ser escuchados
En Tipuani, el veterinario Veliz ya vive las consecuencias de esa falta de control en la reposición de suelos. Al igual que otra decena de vecinos, la primera casa que perdió era de adobe, sus padres la habían construido y en 2015 se desplomó, luego de unos días de estar anegada hasta un metro.
Por su lado, Rufino Calle contó que “el nivel del agua de la última inundación, en la parte más baja de los barrios, era de unos 10 metros. En enero, el agua llegó a cubrir el 80% del pueblo, hasta la plaza principal. (…) Mire, tenemos solo listas entre vecinos, pero yo calculo que serán más de mil familias afectadas en todos estos años, y gran parte se ha tenido que ir a vivir a otro lado. Lo que ha dicho el alcalde (Vera) es cierto, pero no hacen nada para prevenir, ni la Defensoría del Pueblo actúa, más les importa el derecho de las mineras, este pueblo va a desaparecer si siguen las mismas autoridades, sin escucharnos”.
