Grupo México se resiste a remediar río Sonora, contaminado con 5 metales pesados
Por todas las vías posibles, Grupo México busca evitar hacerse cargo de la restauración integral del Río Sonora y la indemnización a los afectados, bajo el falso argumento de que “ha completado debidamente todas las actividades relacionadas con la remediación y compensación” ligadas al derrame de la mina Buenavista del Cobre, ocurrido en 2014. No obstante, un estudio del IMTA demuestra que, a la fecha, el afluente presenta altas concentraciones de cinco metales pesados causantes de cáncer y enfermedades terminales. Aunado a lo anterior, la Secretaría de Salud de Sonora resguarda historiales clínicos de habitantes de los municipios de la Cuenca, clasificados como “riesgo de exposición toxicológica”, en los que se demuestra la presencia en sangre y orina de esos y otros metales pesados asociados a la actividad minera. Pese a ello, la empresa del magnate Germán Larrea sostiene en su informe 2024 –presentado ante a la BMV– que no existe riesgo para los inversionistas derivado de la denuncia penal presentada en 2023 por el gobierno federal, ni por las denuncias interpuestas por afectados, pues desde su punto de vista carecen de sustento. En Segob, aún está instalada la mesa de diálogo con la empresa
Grupo México –del magnate Germán Larrea– cabildea por todos los medios a su alcance para evitar hacerse cargo de la restauración integral del Río Sonora, contaminado desde el 6 de agosto de 2014, cuando una mina de la filial Buenavista del Cobre [BVC] derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en la presa Tinajas 1, lo que afectó también al río Bacanuchi, y a ocho municipios más, en Sonora.
El falso argumento que esgrime no sólo ante autoridades federales –sino incluso ante la Bolsa Mexicana de Valores– es que “ha completado debidamente todas las actividades relacionadas con la remediación y compensación” de ese desastre ambiental, sanitario y social.
Al respecto, el pasado 1 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que “en el caso del río Sonora, la secretaria de Gobernación [Rosa Icela Rodríguez] coordina un grupo que está en diálogo con Grupo México. Ahí tiene que garantizarse: la limpieza del río, la limpieza de suelo; tiene que garantizarse una clínica, que quedó a la mitad; un laboratorio para estar analizando permanentemente la calidad del agua; y aparte está el tema de la mina, de los mineros. Entonces, todo esto se está trabajando con Grupo México en la idea también, de manera abierta con las comunidades y a partir de lo que las comunidades han estado solicitando, ver si la minera, si la empresa está de acuerdo con lo que se le está pidiendo que debe compensar por todos los daños”.
En su conferencia matutina, recordó que, tras el derrame tóxico, “se hizo un fideicomiso, ahí se depositó recursos, se hicieron algunas obras, y antes de salir [Enrique] Peña Nieto cerró el fideicomiso. Entonces, se quedó muchísimas cosas pendientes. Entonces, está en diálogo de manera muy abierta, transparente, buscando que se cumpla lo que solicitan las comunidades”.
Éste es un esfuerzo de conciliación del nuevo gobierno federal, pese a la falta de voluntad que ha mostrado, desde hace años, la empresa de Germán Larrea. Como se sabe, al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador también se estableció diálogo para que se remediara la zona. Sin embargo, Grupo México no aceptó, y el 17 de agosto de 2023, el gobierno federal –por medio de la Semarnat– interpuso denuncia penal en su contra, por haber incumplido con la remediación ambiental del río Sonora (incluido el afluente conocido como Bacanuchi).
Entonces, la Semarnat calificó el derrame como el “peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México”, y estableció que “no fue un accidente, fue una negligencia de construcción”, por un mal diseño hidrológico del sistema Tinajas 1.
Grupo México se niega
A pesar de que existen evidencias de dicha negligencia, así como de las repercusiones del derrame tóxico, Grupo México insiste en incumplir su obligación de remediar la zona y pagar la reparación del daño a los afectados.
En su Informe anual 2024 –ante la BMV–, Grupo México desestimó riesgos para sus inversionistas, por el tema de la remediación del río y el pago de indemnizaciones a los afectados. En ese reporte se lee: “el 19 de agosto de 2014 la Profepa, como parte del proceso administrativo iniciado después del derrame, anunció la presentación de una acción penal contra Buenavista del Cobre, SA de CV, una subsidiaria de la Entidad, con el fin de determinar quiénes son los responsables de los daños ambientales. Durante el segundo trimestre de 2018, la denuncia penal fue desestimada. Se ha interpuesto una apelación contra esta decisión. El 12 de octubre de 2023, la Semarnat anunció públicamente la interposición de otra denuncia penal por el derrame del río Sonora, argumentando que la remediación de los daños al río era incompleta y la indemnización por dichos daños era insuficiente. Se ha ordenado a la Entidad [Grupo México] que proporcione información sobre las actividades de remediación y compensación por daños. En su momento, BVC analizará esta nueva denuncia. No obstante, la Entidad cree firmemente que ha completado debidamente todas las actividades relacionadas con la remediación y compensación según lo requerido por las autoridades mexicanas competentes y, como tal, esta nueva queja carece de mérito”.
No obstante esta postura de la empresa, un estudio encabezado por el IMTA demuestra que, a la fecha, el afluente presenta altas concentraciones de cinco metales pesados causantes de cáncer y enfermedades terminales. Aunado a lo anterior, la Secretaría de Salud de Sonora resguarda historiales clínicos de habitantes de los municipios de la Cuenca, clasificados como “riesgo de exposición toxicológica”, en los que se demuestra la presencia en sangre y orina de esos y otros metales pesados asociados a la actividad minera.
Región contaminada
El suelo y sedimento sobre el cauce principal del río Sonora, así como los suelos en las márgenes y planicies de la Cuenca –que abarca también afluentes como el Bacanuchi– presentan altas concentraciones de cinco metales pesados (arsénico, cobre, manganeso, níquel y plomo); y concentraciones medias de otros dos (hierro y zinc), indica el Análisis de dispersión de metales pesados en la cuenca del río sonora. El documento técnico elaborado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el INECC y el ITSON refiere que las zonas afectadas son Bacanuchi, Arizpe, Banámichi y Ures.
El análisis, fechado en junio de 2024, advierte que las altas concentraciones de estos metales pesados y metaloides encontrados mediante 160 muestreos de suelo y sedimento “no corresponden a valores normales de la geoquímica de la región, sino a una condición de contaminación persistente en la zona”.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “la exposición prolongada al arsénico inorgánico, principalmente a través del agua de bebida y los alimentos puede causar intoxicación crónica. Los efectos más característicos son la aparición de lesiones cutáneas y cáncer de piel”.
El arsénico no es el único metal pesado asociado a cáncer y otras enfermedades terminales. Según la OMS, “los metales pesados se asocian en distintos grados con una amplia gama de afecciones, como daño renal y óseo, trastornos del desarrollo y neuroconductuales, hipertensión arterial e incluso cáncer de pulmón”, y como ejemplo enuncia el plomo, cadmio y mercurio.
Aunado a ello, el informe Impacto de los metales pesados en el cáncer de mama refiere que los contaminantes de metales pesados incluyen cobre (Cu), cadmio (Cd), níquel (Ni), plomo (Pb), zinc (Zn) y manganeso (Mn) y la exposición a través de la inhalación, el contacto con la piel o la ingesta plantea riesgos significativos para la salud humana y la función de los órganos, incluidos los senos.
Aunado a lo anterior, la Secretaría de Salud de Sonora resguarda historiales clínicos de habitantes de los municipios de la Cuenca del Río Sonora, clasificados como “riesgo de exposición toxicológica”, en los que se demuestra la presencia en sangre y orina de esos y otros metales pesados asociados a la actividad minera.
De acuerdo con la autoridad sanitaria estatal, de 2021 a 2023, habitantes de los municipios de la Cuenca del Río Sonora recibieron más de 77 mil 446 acciones en atención médica de primer y segundo nivel –por un monto de 112 millones de pesos–, “que incluye atención por riesgo de exposición toxicológica”, rubro al que se le destinó un presupuesto de 4 millones de pesos.
Según la Secretaría de Salud sonorense, en esos dos años, en el municipio de Arizpe se realizaron estudios de orina y sangre a 264 personas –con y sin seguridad médica– para determinar las acciones específicas en atención médica por riesgo de exposición toxicológica.
En Aconchi, fueron 410 personas que “recibieron la atención de salud específica para la detección de elementos tóxicos en su cuerpo; Baviácora 157 personas; Huépac 111; Ures 275 y 335 en Banámichi”.
En total, en ese periodo se atendieron 1 mil 552 personas a las que se les tomó muestra de detección de elementos tóxicos en orina y sangre. Ello, en coordinación con la Secretaría de Salud federal y el IMSS Bienestar, con los que realiza “acciones de investigación, análisis y atención médica especializada con enfoque a potenciales afectaciones a la salud por la presencia incrementada de metales o metaloides pesados en los pobladores de la cuenca del Río Sonora”.
El magnate
Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país con inversiones en minería, trenes, infraestructura y cines, se ha negado desde hace más de 10 años (2014) a remediar todos los daños provocados por los derrames químicos causados por la negligencia de sus tres empresas mineras en los ríos Sonora y Bacanuchi, cuya contaminación afectó gravemente a poblaciones enteras en el estado de Sonora.
Desde el 17 de agosto de 2023, por instrucciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal presentó una denuncia penal en contra de Grupo México y de su dueño Larrea, ante los incumplimientos en la remediación de los daños provocados desde 2014 por la contaminación que fue solapada por el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
Esa acusación penal obligó a Grupo México y a su principal accionista a sentarse a negociar con el gobierno federal, en donde se acordó un plan de remediación que, una vez más, ha incumplido el magnate de la minería, por lo que la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) está más activa que nunca con la presuntiva de consignarla ante un juez federal y que éste pueda librar órdenes de aprehensión en contra de los responsables.
En junio de 2025, Grupo México presentó en Palacio Nacional una nueva propuesta para atender a las poblaciones sonorense afectadas y remediar la contaminación de los ríos; sin embargo, dicho plan de inversión para solventar los daños ocasionados por la enorme contaminación causada por las empresas mineras Mexicana del Cananea, Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras. Pero éste fue rechazado directamente por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, pues no cumple con lo que se requiere.
En su conferencia matutina del 5 de junio pasado, la presidenta Sheinbaum afirmó que la empresa de Germán Larrea debe saldar todos los daños causados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, ocurrido el 6 agosto de 2014, por negligencias atribuibles a sus empresas. La primera mandataria señaló también que su gobierno hace suyas todas las demandas de las poblaciones afectadas para exigirle a Grupo México que cumpla con “todo lo que han pedido las comunidades lo hacemos nuestro para poder exigírselo a la empresa”.
La exigencia del gobierno federal a Larrea es que se drague todo el Río Sonora y el Río Bacanuchi, para retirar los sedimentos contaminados con metales pesados y someterlos a un primer manejo de residuos altamente tóxicos, por medio de contenedores; instalar al menos 30 plantas potabilizadoras, y pagar su operación y mantenimiento para poder dotar de agua limpia a las comunidades aledañas; concluir la construcción de un hospital que pueda atender a la poblaciones afectadas y un centro toxicológico, y pagar los exámenes de laboratorio de al menos 24 mil personas expuestas, durante 11 años, a los tóxicos de sus empresas, así como su seguimiento clínico.
Sheinbaum Pardo señaló que la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, trabaja de manera muy intensa con las comunidades afectadas por la contaminación minera del Grupo México, con la que se mantiene un litigio. “El objetivo es retomar las obligaciones de la empresa para poder limpiar el afluente, garantizar su limpieza, dar seguimiento a las enfermedades de la población, tener todas las plantas potabilizadoras, etcétera, etcétera”.
La titular del Ejecutivo federal agregó que se debe resolver el tema de fondo y que las comunidades estén de acuerdo, “porque se sigue arrastrando el litigio, y el objetivo final es que haya un río limpio y que haya seguimiento epidemiológico, y que se cumpla con todas las medidas que debe cumplir la empresa: […] que se termine el hospital, que esté funcionando el hospital, que haya vigilancia epidemiológica, etcétera, etcétera, todo lo que han pedido las comunidades lo hacemos nuestro para poder exigírselo a la empresa, y estar cerca de las comunidades para que realmente se cumpla todo aquello que piden las comunidades”.
Sheinbaum Pardo advirtió que todas las acciones en la región afectada “tiene que pagarlo la empresa, todo esto tiene que pagarlo la empresa. Entonces, se está trabajando para ver exactamente todo, y después, en comunicación con la empresa, para que acuerden un convenio en donde las comunidades también estén de acuerdo. Y ahí ya vendrán los tiempos para que se cumpla cada uno de los objetivos”.
Acerca de la posible cancelación de operaciones del Grupo México, si es que llegara a incumplir con todas estas obligaciones, la presidenta de la República indicó: “lo que estamos buscando es que cumpla, no que no cumpla. Entonces, por eso es este trabajo integral que se está haciendo, buscando que se cumpla”.
La secretaria Alicia Bárcena Ibarra indicó que la última reunión con las comunidades se realizó el 20 de mayo pasado, en Hermosillo, Sonora, y que también participó el gobernador Alfonso Durazo.
Los tres puntos que exige Sheinbaum a Larrea
- Salud: que se complete el hospital, que haya un centro toxicológico; que se hagan exámenes a toda la población; 24 mil personas, y que haya seguimiento.
- Agua: poner 30 plantas potabilizadoras. En este momento está allá el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua resolviendo un problema que tuvieron con una potabilizadora, pero queremos que se les instalen 30, que se resuelva el problema del agua de estas comunidades.
- El saneamiento; significa sacar los sedimentos de los ríos, porque con la lluvia se da toda la vuelta, los sedimentos de metales pesados, de todos los residuos de la empresa, de aquella explosión, de aquel derrame que hubo de cobre en 2014, y poderlo depositarlos en sitios realmente que tengan las capacidades para estar totalmente aislados.
La titular de la Semarnat sostiene que la contaminación de los afluentes, “se trata de dragar el río y sacar todo el sedimento, todo este contenido de cobre, de cadmio, de plomo. Hay muchos metales ahí que deben ponerlos en contenedores, que estén aislados. Ya tenemos toda la metodología lista, ya sabemos cuánto cuesta, y estamos nada más pendientes de estar de la mano de las comunidades, que ya sepan en cada kilómetro del río qué necesitamos hacer”.
